PRIMERO.- La sentencia apelada, pronunciada por el Sr. Juez de 1ª Instancia nº 4 de ONTINYENT, en fecha 7-12-18, contiene el siguiente: "FALLO: Que DESESTIMANDO la demanda formulada por DON Augusto y DOÑA Flora, representado por el Procurador Don Ignacio Montes Reig, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la mercantil CONGELADOS LEVANTE, S.L., representada por el Procurador Doña Carmen Navarro Ballester, con condena en costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Contra la misma, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por D. Augusto y Dª Flora, que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, señalándose para Deliberación y votación el 13 de Enero de 2020.

TERCERO.- Se han observado las prescripciones y formalidades legales.

PRIMERO.- Dº Augusto y Dª Flora formularon demanda de juicio verbal en ejercicio de acción de resolución de contrato de arrendamiento por expiración del plazo contra Congelados de Levante SL y ello con fundamento en los siguientes hechos expuestos en síntesis. Los demandantes son dueños del 50% de una nave industrial y solar contiguo del Polígono industrial El Pla IZ 158 de Onteniente, la otra mitad pertenece a Cornelio (hermano del demandante) y a su cónyuge Dª Lina. La nave industrial se encuentra arrendada por contrato verbal desde septiembre de 2007 a la demandada y por una renta mensual de 2400 euros. La totalidad del capital social pertenece a los demandantes en un 8'89% y a Dº Cornelio y a su cónyuge Dª Lina en un 91'11%. Como el contrato es verbal y no teniendo prevista una duración determinada, según el artículo 1581 del Código Civil se entiende hecho por meses, novándose mes a mes por la tacita reconducción. Los demandantes no quieren permanecer en el arrendamiento por que la renta que se paga es inferior a la de mercado que está en 4.128'40 euros. Habiendo vencido el plazo y mediado notificación a la arrendataria, procede recuperar la posesión. Congelados de Levante SL contesto a la demanda en los siguientes términos. Los demandantes carecen de legitimación para interponer la demanda, un comunero puede entablar acciones judiciales para la defensa del interés común si con ello beneficia a la comunidad y la resolución del contrato no le beneficia, pues conlleva la pérdida de ingresos