Recién asumido el puesto por la nueva Fiscal Especial de Violencia de Género, Pilar Martín Nájera, se plantea el difícil asunto de si derogar o no la dispensa del deber de declarar de las víctimas contra sus cónyuges, parejas o exparejas.

Esta figura, que ya analizamos en el artículo "La dispensa de la obligación de declarar de las víctimas de la violencia de género: algunas cuestiones" (SP/DOCT/17513), está establecida en el art. 416 LECrim, y dispensa a los familiares del procesado en línea directa ascendente o descendente, así como cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el n.º 3 del art. 261, a declarar contra él.

Su fundamento, tal como expresa la SAP Baleares, Sección 1.ª, de 7 de abril de 2015 (SP/SENT/811667), "no comporta obviamente una prohibición, pero sí una facultad cuyo fundamento está en la voluntad de la ley de dejar al interesado la solución del conflicto moral o de colisión de intereses entre su deber como ciudadano de comunicar los hechos delictivos para su persecución y de testimoniar verazmente sobre ellos, y su deber personal de lealtad y afecto hacia personas ligadas a él por vínculos familiares. De ahí que esa legal atribución del poder de decidir el conflicto a quien lo soporta se acompañe de