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Referencia:SP/DOCT/22602

En una contestación de demanda y para reconvención, la Comunidad puede presentar posteriormente la autorización al Presidente AP Girona, Sec. 2.ª, 13-3-2017 SP/AUTRJ/892654

Jurisprudencia Comentada. Junio 2017

Daniel Loscertales Fuertes. Presidente del Consejo Editorial de Sepín. Abogado

Comentario
Estamos totalmente conformes con este Auto de la Audiencia Provincial de Girona, pues, como bien dice, cabe aportar, posteriormente a la demanda, la autorización de la Comunidad al Presidente para actuar en juicio en nombre de la misma, haciendo referencia a los arts. 231 y 418.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil, cuyos preceptos dicen lo siguiente:
Art. 231. "El Tribunal y el Secretario judicial cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos que incurran los actos procesales de las partes".
Art. 418.3. "Cuando el defecto o falta no sean subsanables ni corregibles o no se subsanen o corrijan en el plazo concedido se dará por concluida la audiencia y se dictará auto poniendo fin al proceso (...)".
Es decir, la Audiencia Provincial no está negando o actuando en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo [por ejemplo, Sentencias de 5 de noviembre de 2015 (SP/SENT/831337) o de 30 de diciembre de 2014 (SP/SENT/795789)], que sirve de orientación al propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este es el máximo órgano judicial para la legislación propia de dicho territorio, como es la Ley de Propiedad Horizontal 5/2015, y se ha pronunciado a este respecto en una Resolución de 7 de noviembre de 2011 (SP/SENT/660231), dictando posteriormente Sentencia de 8 de noviembre de 2012 (SP/SENT/722596), en la que se permite la subsanación. Es decir, existen antecedentes que permiten que el defecto de autorización de la Junta de Propietarios al Presidente para actuar judicialmente se aporte en el plazo concedido para ello por el Juzgado, posibilidad que el Juez de Instancia no concedió. Por esta razón, la Audiencia Provincial de Girona, en el Auto que se comenta, viene a clarificar el sentido final de los preceptos antes copiados, aunque en parte ya habían sido estudiados por la de Barcelona, Sec. 16.ª, en Sentencia de 3 de abril de 2014 (SP/SENT/762552), haciendo referencia al art. 265-3 LEC, aunque esta remisión sea mucho más discutible, por lo menos según nuestro criterio.
Por lo tanto, ponemos de manifiesto nuestra total conformidad con el Auto que aquí se comenta de la Audiencia Provincial de Girona, aunque es necesario aclarar lo siguiente para evitar interpretaciones fuera de lugar:
Primero. Sin duda el Presidente necesita de autorización de la Junta de Propietarios para actuar judicialmente en nombre de la Comunidad, pero solo cuando es la misma la que inicia un proceso de reclamación de cualquier tipo, no cuando se defiende de una demanda que recibe.
Segundo. En este caso, es la Comunidad la que ha sido demandada, por lo que no hubiera sido necesaria ninguna autorización previa de la Junta, como queda dicho, pero el problema es que no solamente hay contestación, sino que, igualmente, se lleva a cabo una "reconvención". Es decir, se aprovecha la demanda de terceros para exigir también cuestiones diferentes a la propia demanda y se pasa a ser, a la vez que demandada, demandante.
Tercero. Que esa supuesta falta de legitimación que alega la parte contraria, en todo caso, puede quedar subsanada si en el plazo concedido por el Juzgado en la Audiencia Previa, concretamente por el citado art. 418.2 LEC, esa autorización de la Comunidad se aporta a los Autos, lo que naturalmente obligará a que la misma tenga que llevar a cabo Junta General en dicho período y autorizar al Presidente para aportar el Acta en este sentido afirmativo, para que la acción donde sea "demandante directo" o presente "reconvención" tenga los requisitos necesarios.
En definitiva, aquí lo que ha pasado es que el Juzgado de Instancia no concedió esa posibilidad de aportar la autorización de la Comunidad que contemplan los preceptos procesales indicados y es esto lo que rechaza la Audiencia Provincial de Girona, con toda claridad, algo con lo que, insistimos, estamos totalmente de acuerdo, aplicando correctamente los repetidos artículos de la Ley Procesal.