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Referencia:SP/DOCT/23014

Nulidad de la tasa sobre viviendas vacías en Barcelona TSJ Cataluña, Sección 1.ª, 30-6-2017 SP/SENT/917108

Jurisprudencia Comentada. Septiembre 2017

Daniel Loscertales Fuertes. Presidente del Consejo Editorial de Sepín. Abogado

Comentario
La verdad es que no entiendo por qué muchos Ayuntamientos han dictado normas o aprueban ordenanzas sobre este tema, sabiendo, como deben, que la competencia de impuestos es del Estado, a tenor del Texto Refundido de Haciendas Locales. En el artículo escrito por este comentarista en mayo de este mismo año, hice un estudio de todas las resoluciones dictadas en sentido negativo por los Tribunales Superiores de Justicia sobre la capacidad de las corporaciones locales para imponer este tipo de tasas o impuestos a las viviendas vacías.
Pues bien, en lo que respecta a Cataluña, se copiaba un extracto de la Sentencia del TSJ de dicho territorio, de 22 de julio de 2011(SP/SENT/97297), que, ahora, el mismo Tribunal señala en esta nueva Resolución, y que decía, entre otras cosas, lo siguiente:
"Por eso cuando el TRLHL no alude expresamente a los Ayuntamientos o a las Ordenanzas Municipales para regular ciertas cuestiones de los tributos locales, sino que deja su desarrollo a un «reglamento», como hace el art. 72.5.3.º y que deben entenderse que con ello se está remitiendo con precisión a las normas que apruebe el Gobierno, pues solo estas reciben el nombre técnico de «reglamento». Es decir, que este artículo 72.4.4 (...) atribuye a los Ayuntamientos y no a la Administración del Estado la competencia para aplicar al caso concreto los conceptos fijados por el Reglamento del Estado (...)".
Por lo tanto, el tema es claro y no se puede entender cómo un Ayuntamiento tan importante como el de Barcelona dicta una ordenanza en sentido contrario a lo que ha dicho el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre las "viviendas vacías", aunque pertenezcan a Bancos o Entidades Financieras, y, mucho menos todavía si la carga fiscal se impone a los particulares, los cuales, como tantas veces he dicho, tienen derecho a la propiedad privada y pueden comprar un piso en cualquier lugar de España para inversión, para su jubilación, para la familia, para vacaciones, etc. Esto lo permite el art. 33 de la Constitución y, aunque el art. 47 habla de la vivienda "social", no hay duda de que con eso se refiere a los derechos de todos los ciudadanos y que corresponde solventar a la Administración Pública, pero no directamente a los particulares, que ya pagan los impuestos correspondientes para hacer frente a todas esas necesidades que deben afrontar, cuando proceda, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el propio Gobierno del Estado.
Desgraciadamente (y sin entrar para nada en temas políticos), el Gobierno de Cataluña y alguno de los Ayuntamientos de ese territorio consideran que la Ley, sobre todo si es del Estado, no tiene obligación de cumplirse y que pueden hacer lo que consideren oportuno en cada momento, pues es lo mejor (por supuesto, siempre con subjetividad) para los ciudadanos. Es verdaderamente lastimoso, pues precisamente, la legalidad es la mejor defensa de todos, sin perjuicio de utilizar los cauces correspondientes para modificar, si procede, una Disposición legal de rango superior, pero este concepto básico del derecho parece que no cuenta para casi nada en el querido territorio catalán. No saben, mejor dicho, no quieren saber, que su propia seguridad y garantía es cumplir la normativa vigente en letra y espíritu, respetando las competencias de cada Administración. Y, desde luego, como se indica, no hay mejor defensa y garantía para las personas físicas y jurídicas que cumplir y atenerse a la legislación que corresponda.
En definitiva, Barcelona, la maravillosa Ciudad Condal, se queda sin tasa para pisos vacíos. Habrá lamentaciones y hasta frases y comentarios fuera de lugar, pero los juristas de cualquier signo tenemos que alegrarnos de que la Ley impere y de que los Tribunales así lo impongan.