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Referencia:SP/SENT/873094

AP Lleida, Sec. 2.ª, 323/2016, de 11 de julio

Recurso 372/2015. Ponente: ANA CRISTINA SAINZ PEREDA.

En un juicio verbal la comunidad puede reclamar las cuotas devengadas con posterioridad a la interposición de la demanda 
"... Sentado lo anterior la cuestión que se plantea no es otra que la de la posibilidad de ampliar la demanda en reclamación de las cuotas adeudadas devengadas con posterioridad a la presentación de la petición inicial de juicio monitorio, habiendo sido correctamente resuelta en primera instancia en aplicación de lo dispuesto en el art. 220 de la LEC y conforme al criterio seguido por esta Sala en nuestro auto de 4-10-2007 (se trataba entonces de un supuesto de ampliación de la ejecución, ex art. 578 de la LEC ) habida cuenta de que estamos ante prestaciones periódicas.
Por lo demás, las alegaciones de la recurrente en relación con los documentos aportados por la actora al solicitar la ampliación resultan claramente extemporáneas al efectuarse por primera vez en esta alzada ( art. 405 , 412 y 456 de la LEC ) debiendo recordar que la demandada se opuso a la ampliación alegando única y exclusivamente que la legislación catalana permite únicamente la reclamación del saldo deudor aprobado en Junta pero no los vencimientos posteriores de cuotas o derramas. Estamos ante una cuestión de carácter procesal y, por tanto, al margen de las normas sustantivas del Código Civil de Cataluña (CCCat), debiendo estar a las normas de la LEC..
La demandada no impugnó los documentos aportados por la parte actora consistentes en copia de las actas de las Juntas posteriores, correspondientes a las liquidaciones de los ejercicios 2011 a 2013 y certificación de la deuda expedida por el Secretario de la Comunidad con el Visto Bueno del Presidente. Por tanto también resulta extemporáneo el alegato referido a dichos documentos y a la falta del requerimiento previo de pago a que se refiere el art. 21 LPH . No obstante, no está de más indicar que los requisitos que establece dicho precepto son presupuestos de admisibilidad de la petición de juicio monitorio (certificación del acuerdo que aprueba la liquidación de la deuda y notificación al deudor) y el requerimiento de pago igualmente ha de practicarse en el seno de dicho procedimiento monitorio ( art. 815 de la LEC ), pero ahora ya no estamos en sede de acceso al monitorio sino en el juicio verbal derivado de la oposición, en el que lo relevante es la alegación y prueba de los hechos constitutivos de la pretensión actora (recordemos que en el presente caso la recurrente no cuestiona las liquidaciones y admite que no ha satisfecho cantidad alguna) pues no se trata ya de otorgar fuerza ejecutiva a determinados documentos, sin necesidad de otras pruebas -como ocurre en el proceso monitorio- sino que estamos ante un juicio verbal común en el que no se exige que los documentos acompañados reúnan todos los requisitos que habrían sido precisos para acceder al proceso monitorio. Este es el criterio mantenido de forma mayoritaria por la jurisprudencia menor, incluso en aquellos supuestos en que el proceso monitorio se admitió a trámite sin advertir que no se habían cumplido todos los requisitos formales al efecto, pudiendo citar, entre las más recientes, la SAP de Vizcaya, sec. 5ª, de 26-1-2016 y SAP de Valencia, sec. 6º, de 12-1-2016 , que a su vez recogen el mismo criterio seguido por otras muchas Audiencias Provinciales. Por tanto, el primer motivo de recurso no puede ser atendido. ..."
No existen dos comunidades ni dos presidentes, sino un delegado encargando de gestionar todo lo referente a la multipropiedad de algunas viviendas 
"... Pues bien, esa duda o confusión que aduce la demandada quedó sobradamente aclarada en la vista con la declaración del testigo Sr. Mateo , que es el representante legal de la empresa que desde el año 2006-2007 se encarga de la administración de la Comunidad de Propietarios, ofreciendo una explicación coherente y razonable del motivo por el que en el Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 18-12-2010 (documento nº2) consta en el punto siete del orden del día -relativo a la renovación o reelección de cargos Junta Directiva- que respecto a los propietarios de tiempo compartido queda reelegido D. Jose Francisco como Presidente, reiterando el testigo que hay una sola Comunidad y un sólo Presidente, el Sr. Basilio , como consta en el mismo acta, y que Don. Jose Francisco es la persona designada como delegado o representante, para la mejor defensa de los intereses de los propietarios de inmuebles en régimen de multipropiedad, sin que en ningún momento hayan existido dos Comunidades ni dos presidentes. ..."
El copropietario debe abonar el total de las cuotas impagadas a la comunidad 
"... En el presente caso la situación es bien distinta pues, como se ha dicho, la demandada es la titular registral y la copropietaria (en proindiviso con Don. Arsenio ) sin que haya efectuado transmisión alguna de su derecho, por lo que resulta incuestionable su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos comunes, obligación que incumbe al propietario en el momento en que se devengan las cuotas o derramas comunitarias correspondientes ( arts. 553.3-1b ) y 553 . 45 C.C .Cat, que vienen a establecer, en lo esencial, la misma obligación prevista en el art. 9-1 e ) y f) LPH ).
También se expuso anteriormente que la recurrente no esgrime ningún argumento para rebatir la conclusión sentada en la sentencia de primera instancia en cuanto al carácter solidario de dicha obligación de contribución cuando se trata, como en el caso, de dos copropietarios proindiviso, lo que a su vez determina la plena aplicación del régimen de solidaridad ( arts. 1.144 , 1974 y concordantes del CC .) que faculta al acreedor para dirigir su reclamación contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todas ellos solidariamente, y en este sentido debe mantenerse la decisión adoptada en la resolución recurrida al rechazar, acertadamente, la falta de legitimación pasiva que invoca la recurrente, debiendo añadir que constan las reclamaciones y requerimientos efectuadas al copropietario Don. Arsenio , y que el testigo Don. Mateo explicó en el juicio las razones por las que únicamente figura uno de los copropietarios (según el sistema informático) lo que no implica que no se haya considerado como tal también a la Sra. Maribel , y buena prueba de ello es que la petición de juicio monitorio se formuló frente a ambos, constando también en la misma petición que todas las citaciones y notificaciones relacionadas con la Comunidad se han remitido al apartamento propiedad de los demandados al no disponer de otro domicilio a tales efectos, siendo por tanto de aplicación lo previsto en el art. 553-21 CCCat , habiendo admitido la demandada que cambió su domicilio habitual y que no lo comunicó a la Comunidad de Propietarios.
En consecuencia, procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El Juzgado Primera Instancia 1 Vielha dictó sentència que, en su parte dispositiva, establecia: " FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 contra Doña Maribel , debo condenar y condeno a la demandada a pagar a la actora la suma de 4.622,92 euros, junto con sus intereses legales de demora desde la interpelación judicial o desde el devengo respecto de las cantidades vencidas con posterioridad y los procesales desde la sentencia y las costas. [...]"
SEGUNDO. Contra la sentencia referida se interpuso recurso de apelación mediante un escrito, del cual se dió traslado a las partes contrarias a fin que se opusiesen o impugnasen la sentencia.
TERCERO. Seguidamente se elevaron las actuacions a esta Audiencia Provincial Sección Segunda, que acordó formar rollo y designar un/a magistrado/a para conocer del recurso, al cual se pasaron las actuaciones para dictar la resolución correspondiente. Se señalo el dia cuatro de julio de dos mil dieciséis para la decisión del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La demandada Doña. Maribel interpone recurso reproduciendo en el primer motivo de apelación las alegaciones vertidas en primera instancia en orden a la imposibilidad de acumular a la petición de juicio monitorio la reclamación, en juicio verbal, por las deudas de la Comunidad de propietarios devengadas con posterioridad, lo que según la apelante infringe el art. 220 de la LEC , siendo que en este caso la documentación aportada por la actora en la vista no incluye el requerimiento previo de pago que exige el art. 21 de la Ley de Propiedad Horizontal ni la certificación de los acuerdos de cada una de las Juntas aprobando la liquidación de la deuda de la demandada frente a la Comunidad, sin que en los documentos aportados figure en modo alguno la Sra. Maribel .
Para la resolución de este primer motivo de recurso conviene dejar sentado que no ha sido objeto de controversia que la demandada Sra. Maribel es copropietaria, por mitades indivisas junto con el Sr. Arsenio , de una 1/48 parte de la entidad numero NUM000 del denominado EDIFICIO000 , que conlleva el uso exclusivo de la semana nº15 del apartamento señalado con el nº NUM001 , situado en la planta NUM002 del edificio. La demandada es titular registral, junto con Don. Arsenio , y es igualmente propietaria actual (al menos a la fecha de celebración de la vista) pues no sólo no se ha alegado ni acreditado que haya transmitido su derecho sino que expresamente se admitió lo contrario, indicando en fase de resumen de prueba y conclusiones que "no es ese el caso", es decir, que no ha habido transmisión alguna.
La recurrente también reitera que no ha recibido ninguna reclamación ni notificación por parte de la Comunidad de Propietarios, y así lo admite la resolución recurrida remarcando, no obstante, que la obligación de contribuir a los gastos generales con arreglo a la cuota de participación fijada en el título reviste carácter solidario cuando la propiedad del inmueble pertenece por indiviso a varias personas, como es aquí el caso. En el recurso la demandada incide en su falta de legitimación pasiva (cuestión que se analizará más adelante) pero no ataca expresamente el razonamiento seguido por el juzgador de instancia cuando atribuye carácter solidario a la obligación contraída frente a la Comunidad por los copropietarios del inmueble (en la proporción dicha) ni esgrime ningún argumento para rebatirlo, por lo que debe mantenerse incólume en esta alzada máxime teniendo en cuenta que se ajusta perfectamente a la doctrina jurisprudencial sobre la materia
Sentado lo anterior la cuestión que se plantea no es otra que la de la posibilidad de ampliar la demanda en reclamación de las cuotas adeudadas devengadas con posterioridad a la presentación de la petición inicial de juicio monitorio, habiendo sido correctamente resuelta en primera instancia en aplicación de lo dispuesto en el art. 220 de la LEC y conforme al criterio seguido por esta Sala en nuestro auto de 4-10-2007 (se trataba entonces de un supuesto de ampliación de la ejecución, ex art. 578 de la LEC ) habida cuenta de que estamos ante prestaciones periódicas.
Por lo demás, las alegaciones de la recurrente en relación con los documentos aportados por la actora al solicitar la ampliación resultan claramente extemporáneas al efectuarse por primera vez en esta alzada ( art. 405 , 412 y 456 de la LEC ) debiendo recordar que la demandada se opuso a la ampliación alegando única y exclusivamente que la legislación catalana permite únicamente la reclamación del saldo deudor aprobado en Junta pero no los vencimientos posteriores de cuotas o derramas. Estamos ante una cuestión de carácter procesal y, por tanto, al margen de las normas sustantivas del Código Civil de Cataluña (CCCat), debiendo estar a las normas de la LEC..
La demandada no impugnó los documentos aportados por la parte actora consistentes en copia de las actas de las Juntas posteriores, correspondientes a las liquidaciones de los ejercicios 2011 a 2013 y certificación de la deuda expedida por el Secretario de la Comunidad con el Visto Bueno del Presidente. Por tanto también resulta extemporáneo el alegato referido a dichos documentos y a la falta del requerimiento previo de pago a que se refiere el art. 21 LPH . No obstante, no está de más indicar que los requisitos que establece dicho precepto son presupuestos de admisibilidad de la petición de juicio monitorio (certificación del acuerdo que aprueba la liquidación de la deuda y notificación al deudor) y el requerimiento de pago igualmente ha de practicarse en el seno de dicho procedimiento monitorio ( art. 815 de la LEC ), pero ahora ya no estamos en sede de acceso al monitorio sino en el juicio verbal derivado de la oposición, en el que lo relevante es la alegación y prueba de los hechos constitutivos de la pretensión actora (recordemos que en el presente caso la recurrente no cuestiona las liquidaciones y admite que no ha satisfecho cantidad alguna) pues no se trata ya de otorgar fuerza ejecutiva a determinados documentos, sin necesidad de otras pruebas -como ocurre en el proceso monitorio- sino que estamos ante un juicio verbal común en el que no se exige que los documentos acompañados reúnan todos los requisitos que habrían sido precisos para acceder al proceso monitorio. Este es el criterio mantenido de forma mayoritaria por la jurisprudencia menor, incluso en aquellos supuestos en que el proceso monitorio se admitió a trámite sin advertir que no se habían cumplido todos los requisitos formales al efecto, pudiendo citar, entre las más recientes, la SAP de Vizcaya, sec. 5ª, de 26-1-2016 y SAP de Valencia, sec. 6º, de 12-1-2016 , que a su vez recogen el mismo criterio seguido por otras muchas Audiencias Provinciales. Por tanto, el primer motivo de recurso no puede ser atendido.
SEGUNDO.- La misma suerte desestimatoria han de correr las alegaciones referidas a la falta de legitimación activa que la apelante sustenta en que existen dos Comunidades de Propietarios y dos Presidentes, sin que la demanda la haya planteado el Presidente de la Comunidad de Propietarios de tiempo compartido y sin que la Comunidad actora sea la especial por turnos.
Al margen de que nada de todo ello se dijo en la oposición al juicio monitorio lo cierto es que al contestar a la demanda se cuestionó la legitimación de la actora alegando que el documento nº2 de la demanda (es decir, de la petición de monitorio) evidencia que hay dos presidentes y dos Comunidades, refiriéndose expresamente al punto siete de dicho documento nº2 y a la necesidad de que la parte actora aclare la calidad en que interpone la demanda.
Pues bien, esa duda o confusión que aduce la demandada quedó sobradamente aclarada en la vista con la declaración del testigo Sr. Mateo , que es el representante legal de la empresa que desde el año 2006-2007 se encarga de la administración de la Comunidad de Propietarios, ofreciendo una explicación coherente y razonable del motivo por el que en el Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 18-12-2010 (documento nº2) consta en el punto siete del orden del día -relativo a la renovación o reelección de cargos Junta Directiva- que respecto a los propietarios de tiempo compartido queda reelegido D. Jose Francisco como Presidente, reiterando el testigo que hay una sola Comunidad y un sólo Presidente, el Sr. Basilio , como consta en el mismo acta, y que Don. Jose Francisco es la persona designada como delegado o representante, para la mejor defensa de los intereses de los propietarios de inmuebles en régimen de multipropiedad, sin que en ningún momento hayan existido dos Comunidades ni dos presidentes.
El juzgador de instancia acoge dichas explicaciones y desestima la falta de legitimación activa invocada por la demandada con argumentos que se ajustan perfectamente a los concretos términos en que se planteó la excepción y a las pruebas practicadas, sin que pueda admitirse la extemporánea invocación en esta alzada de nuevas alegaciones que se apartan de las efectuadas en primera instancia ( art. 405 , 412 y 456 de la LEC ).
TERCERO.- Por ultimo insiste la recurrente en su falta de legitimación pasiva con el argumento de que el mero hecho de ser cotitular registral no comporta que esté obligada al pago de las cuotas y derramas que son objeto de reclamación, indicando igualmente que desde que adquirió el inmueble no ha recibido ninguna reclamación ni requerimiento de la actora y que ésta ni siquiera la ha tenido por propietaria, según se deriva de los documentos aportados por la demandante, en los que únicamente consta Don. Arsenio .
Por mucho que la recurrente trate de ampararse en la sentencia de esta Sala de 2-7-2012 ( y no de 23-7-2012 , como erróneamente cita en su recurso) lo cierto es que la situación fáctica que ahora nos ocupa no tiene nada que ver con la analizada en aquél caso. En la referida sentencia de 2-7-2012 (nº 272/2012 ) se trataba de un supuesto en que la reclamación se planteaba frente a la allí demandada en su calidad de titular registral (y no como propietaria real de los inmuebles, admitiendo la actora que la demandada los había transmitido) ejercitando la parte actora la facultad legal prevista en el art. 21-4 LPH -que, según su tesis, le autorizaba para dirigir la demanda contra el titular registral, sin perjuicio del derecho de éste de repetir contra quien sea el propietario-, siendo en ese contexto en el que indicábamos que el titular registral, por el sólo hecho de serlo, no es el obligado al pago de las cuotas y derramas (al margen del propietario real y cuando éste no ha sido demandado), indicando igualmente que su responsabilidad, en tanto que titular registral, únicamente podría declararse, a efectos de tener que soportar una eventual ejecución forzosa, en el caso de que existiera un pronunciamiento judicial que pueda ser ejecutado por haberse dirigido la demanda contra el verdadero deudor (el propietario), lo que no sucedía en aquél caso puesto que la demanda sólo se dirigió contra la demandada, como titular registral.
En el presente caso la situación es bien distinta pues, como se ha dicho, la demandada es la titular registral y la copropietaria (en proindiviso con Don. Arsenio ) sin que haya efectuado transmisión alguna de su derecho, por lo que resulta incuestionable su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos comunes, obligación que incumbe al propietario en el momento en que se devengan las cuotas o derramas comunitarias correspondientes ( arts. 553.3-1b ) y 553 . 45 C.C .Cat, que vienen a establecer, en lo esencial, la misma obligación prevista en el art. 9-1 e ) y f) LPH ).
También se expuso anteriormente que la recurrente no esgrime ningún argumento para rebatir la conclusión sentada en la sentencia de primera instancia en cuanto al carácter solidario de dicha obligación de contribución cuando se trata, como en el caso, de dos copropietarios proindiviso, lo que a su vez determina la plena aplicación del régimen de solidaridad ( arts. 1.144 , 1974 y concordantes del CC .) que faculta al acreedor para dirigir su reclamación contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todas ellos solidariamente, y en este sentido debe mantenerse la decisión adoptada en la resolución recurrida al rechazar, acertadamente, la falta de legitimación pasiva que invoca la recurrente, debiendo añadir que constan las reclamaciones y requerimientos efectuadas al copropietario Don. Arsenio , y que el testigo Don. Mateo explicó en el juicio las razones por las que únicamente figura uno de los copropietarios (según el sistema informático) lo que no implica que no se haya considerado como tal también a la Sra. Maribel , y buena prueba de ello es que la petición de juicio monitorio se formuló frente a ambos, constando también en la misma petición que todas las citaciones y notificaciones relacionadas con la Comunidad se han remitido al apartamento propiedad de los demandados al no disponer de otro domicilio a tales efectos, siendo por tanto de aplicación lo previsto en el art. 553-21 CCCat , habiendo admitido la demandada que cambió su domicilio habitual y que no lo comunicó a la Comunidad de Propietarios.
En consecuencia, procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia.
CUARTO.- La desestimación del recurso comporta la imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente ( art.398-1 en relación con el art. 394-1 LEC ).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLAMOS
SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la DÑA. Maribel contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Vielha en autos de Juicio Verbal nº327/2014 CONFIRMANDO la citada resolución e imponiendo las costas de esta alzada a la parte apelante.
Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta sentencia, a los oportunos efectos.
Esta es mi sentencia, que pruncio, mando y firmo
PUBLICACIÓ. En el dia de hoy y en audiencia pública, el/la magistrado/a Doña Ana Cristina Sainz Pereda, constituido en Tribunal unipersonal, ha leido y ha publicado la sentencia anterior. Doy fe