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Referencia:SP/SENT/891130

AP Barcelona, Sec. 14.ª, 405/2016, de 20 de diciembre

Recurso 995/2014. Ponente: RAMON VIDAL CAROU.

Estamos ante una comunidad compleja que viene existiendo desde hace años con consentimiento de la actora y atenta contra sus propios actos que ahora pretenda lo contrario 
"... Por lo demás, y si se examina la Escritura Pública de 'Agrupación y Obra Nueva y Propiedad Horizontal otorgada el 12 de marzo de 1974' por la cual se constituye la Comunidad demandada, se puede comprobar como en ella se diseña una propiedad horizontal compleja o Mancomunidad que vendría formada por las siguientes siete subcomunidades: las cuatro escaleras de DIRECCION000 NUM000 - NUM004 (unidades registrales 4 a 34); de DIRECCION000 NUM005 - NUM006 (unidades registrales 35 a 65); de DIRECCION000 NUM001 (unidades registrales 66 a 68) y de DIRECCION001 NUM002 - NUM003 (unidades registrales 89 a 103); los dos sótanos propiedad de la actora recurrente (unidades registrales 1 y 2) y el local comercial dúplex situado en planta baja y entresuelo (unidad registral 3)
Y en cuanto a la segunda cuestión planteada, que no existe el doble coeficiente exigido por el art. 553-49 CCCat (" cada uno de los elementos privativos que integran una subcomunidad tiene asignada una cuota particular de participación, separada de la cuota general que le corresponde en el conjunto de la propiedad horizontal compleja ") y que la sentencia apelada se equivoca al interpretar los coeficientes reseñados en el título constitutivo pues 'la escritura de constitución establece una cuota de participación general para representación y otra para participación en gastos', este Tribunal nuevamente comparte el criterio expuesto en la sentencia impugnada pues la escritura claramente distingue entre un coeficiente que sirve para concretar la participación de cada piso o local en el total valor "del inmueble y en los elementos comunes" (estipulación 7ª) y, "habida cuenta la especial configuración del inmueble, otro coeficiente que determina la contribución de cada piso a los gastos de la escaleras a la que pertenece, integrándose el local dúplex en la escalera de DIRECCION001 NUM002 - NUM003 y quedando exentos a los sótanos por cuanto los mismos asumen en exclusiva la conservación y mantenimiento del parking (Estipulación 8). En consecuencia, el primer coeficiente sirve para "decidir sobre los asuntos que afecten a todo el inmueble" (Estip. Séptima) y el segundo para "determinar la participación que corresponde a cada unidad para atender los servicios, administración, conservación, reparaciones y cualquier otro gasto necesario para la adecuada utilización de los servicios de cada escalera" (Estip. Octava)
En resumidas cuentas, que aun cuando en el titulo constitutivo no se configurase expresamente a la Comunidad demandada como compleja, la misma viene existiendo 'de facto' desde hace años y la recurrente participando en ella con total normalidad por lo que, de conformidad con la doctrina de los actos propios ( art. 111.8 CCcat ), habiendo reconocido con anterioridad su existencia, no puede ahora válidamente renegar de ella ( venire factum propium non licet ). El doc. 4 de la contestación pone de manifiesto que desde el año 2004 la Mancomunidad cuenta para su gobierno con una Junta de propietarios y un Consejo rector, y que dicho funcionamiento ha contado con la participación y beneplácito de MALLVI. ..."
Es válido el acuerdo adoptado por el consejo rector sobre las obras porque se entiende que se llevó a cabo en el marco de sus competencias, que no están expresamente señaladas 
"... Al respecto, debe tenerse presente que los acuerdos impugnados no son en verdad acuerdos de 'Junta de Propietarios' aun cuando pueda parecer lo contrario viendo el encabezamiento del acta, sino acuerdos del 'Consejo Rector' -tal y como siempre ha sostenido la parte demandada y confirmaba en juicio el oficial Sr. Héctor - de ahí que a la reunión únicamente fuesen convocados los presidentes de las escaleras y los representantes de los sótanos y el local.
La inexistencia de un verdadero Título constitutivo de la Mancomunidad y la ausencia de estatutos dificultan un deslinde claro de cuáles son las competencias de un órgano (Junta de Propietarios de la Mancomunidad) y otro (Consejo Rector) sin que la Ley ofrezca tampoco una clara solución al respecto pues se limita a señalar que " los estatutos pueden regular un Consejo de Presidentes si la complejidad del conjunto inmobiliario y de los elementos, servicios e instalaciones comunes, el número de elementos privativos u otras circunstancias lo hacen aconsejable ", señalando a continuación que " el Consejo debe actuar de forma colegiada para la administración ordinaria de los elementos comunes de todo el conjunto y debe regirse por las normas de la junta de propietarios adaptadas a su naturaleza específica ."
Y lo que interesa destacar ahora es que la parte recurrente en ningún momento ha cuestionado que los acuerdos adoptados por el Consejo de Presidentes no fueran de su competencia y por tal razón este Tribunal, por elementales razones de congruencia, tampoco puede hacerlo (ex. art. 465.5 LECi). En consecuencia, debe entenderse que los asuntos incluidos en el Orden del Día de la junta del 19 de marzo de 2013 se incluían en la 'administración ordinaria' de los asuntos que legalmente tenía atribuido el Consejo Rector.
También la ausencia de Estatutos deja huérfana de regulación el funcionamiento de dicho Consejo pero dado que legalmente actúa de " forma colegiada para la administración ordinaria de los elementos comunes " y debe " regirse por las normas de la junta de propietarios adaptadas a su naturaleza ", le resultan de aplicación los art. 553-19 y ss del CCCat , en especial el art. 553-23 que, en su redacción anterior a la reforma de 2015, permitía tener válidamente constituido el Consejo " en primera convocatoria si concurrían a la misma como mínimo la mitad de los propietarios, que deben representar la mitad de las cuotas de participación, y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de los que concurran y las cuotas de que sean titulares ". Y como a dicha reunión consta que asistieron los presidentes de las cuatro Subcomunidades y los representantes de los dos sótanos, necesariamente hemos de convenir con la resolución apelada que el Consejo Rector quedó válidamente constituido. ..."
Es correcta la privación del derecho de voto a la recurrente porque está probado que no estaba al corriente de sus obligaciones de pago 
"... Antes de abordar este motivo de impugnación, conviene recordar que en las dos reuniones del Consejo Rector en las que se adoptan los acuerdos ahora impugnados se privó a la recurrente de su derecho a voto por no estar al corriente en el pago de las cuotas comunitarias, tal y como permite el art. 553-24.1 CCCat . ..."
"... La sentencia apelada, no sin antes mostrar su extrañeza por no haber aportado la Comunidad demandada el oportuno certificado de deuda para acreditar la situación de morosidad en la que se encontraba la hoy recurrente, la consideró acreditada por cuanto obraba unida a autos una solicitud de acumulación de autos presentada por la propia recurrente en la que, para justificar su petición, se acompañaba como doc. 11 un burofax del administrador de 19 de octubre de 2012 recordándole que tenía pendiente de pago 23.640,88 euros (fol. 651), de modo que cuando se reúne la Junta Rectora en sesión extraordinaria el día 6 de noviembre de 2012, dicha situación de impago persistía y la recurrente era perfectamente conocedora de ello por cuanto existe una comunicación de la propia MALLVI (doc. 43 contestación) que acusaba recibo de aquel burofax e incluso hacía una propuesta de pago de la deuda reclamada.
Pero es más si se examina el acta de la Junta de 6 de noviembre de 2012 (doc. 54) puede fácilmente comprobarse en ella que, cuando se abordó la reclamación judicial de las cuotas pendientes a los morosos, se puso de manifiesto que MALLVI se encontraba en adeudar a la Comunidad 11.820,44 euros por cada uno de los garajes de los que era titular (en total, 23.640,88 euros), que coincide con la cantidad que previamente se le había notificado como deuda por burofax de 19 de octubre de 2012
Y en cuanto a que desconocía la forma de pago o las fechas en que tenía que pagar dichas cuotas, baste señalar que la Junta de propietarios de 6 de febrero de 2O12, la que aprobó las obras de reforma que la recurrente no impugnó (doc. 7), habilitó al administrador para que " per fer front al pagament de dits treballs, l'administrador informarà individualment a cada comunitat del cost total de l'obra una vegada repercutit el total del pressupost i es notificarà a tots els propietaris del venciments e imports de les corresponents derrames extraordinàries ". Y el burofax antes comentado acredita que, en cumplimiento de aquella habilitación expresa, el administrador informó a la hoy recurrente el importe de su deuda con la Comunidad. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "Que desestimando íntegramente como desestimo la demanda formulada por la representación procesal de Mallvi Garaje Mallorca Vidiella, S.A. contra Comunidad de Propietarios del inmueble sujeto a Propiedad horizontal sito en C/ DIRECCION000 nº NUM000 - NUM004 - NUM005 - NUM006 - NUM001 y C/ DIRECCION001 nº NUM002 - NUM003 de Barcelona, dobo absolver y absuelvo a la demandada de pretensiones contra ella ejercitadas. Se imponen a la demandante las costas causadas en el siguiente procedimiento."
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso; Y elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial se señaló para votación y fallo el día 14 de julio de 2016.
TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Ramon VIDAL CAROU
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso.
Por MALLVI GARAJE MALLORCA VIDIELA SAU, propietaria de los sótano 1° y 2º del inmueble de autos, se presentó demanda frente a la Comunidad de Propietarios arriba identificada para interesar la nulidad de los acuerdos adoptados en las Juntas Ordinaria y Extraordinaria celebradas respectivamente los días 6 de noviembre de 2012 y 19 de marzo de 2013, contestándose por la Comunidad demandada que habían sido válidamente adoptados.
La sentencia de primera instancia, tras precisar que la demandada formaba una Mancomunidad, desestimó la demanda presentada tras rechazar las excepciones de caducidad y falta de legitimación activa excepcionadas y considerar que los acuerdos impugnados habían sido válidamente adoptados al respetar el quórum legalmente exigido.
La anterior sentencia es recurrida por la parte demandante alegando para ello un error en la valoración de las pruebas por cuanto está disconforme con (i) la naturaleza de propiedad Horizontal Compleja que le atribuye a la Comunidad demandada; (ii) la válida constitución de las Juntas en las que se adoptaron los acuerdos impugnados; (iii) la privación de su derecho al voto; (iv) y la infracción del art. 283 de la LECi por la indebida admisión de varios documentos; y (v) la ejecución de Obras indebidas.
SEGUNDO.- Naturaleza jurídica de la Comunidad demandada
Conforme al art. 553-48 CCCat "l. La situación de comunidad horizontal compleja permite la coexistencia de subcomunidades integradas en un edificio o en un conjunto inmobiliario formado por distintas escaleras o portales o por una pluralidad de edificios independientes y separados que se conectan entre ellos y comparten zonas ajardinadas y de recreo, piscinas u otros elementos comunes similares. 2. Cada escalera, portal o edificio; en el régimen de propiedad horizontal compleja, constituye una subcomunidad que se rige por las normas de la sección primera. 3. Pueden configurarse como subcomunidad una o varias naves destinadas a plazas de aparcamiento o a trasteros y otros elementos privativos de uno o más edificios conectados entre ellos y dotados de unidad e independencia funcional o económica."
La sentencia apelada consideró que la demandante era una propiedad horizontal -o Mancomunidad- pues así resultaba de su propio título constitutivo pues incluso contemplaba para cada unidad registral un doble coeficiente, de modo que cada una de las cuatro escaleras existentes funcionaba independientemente adoptando sus órganos de gobierno las decisiones concernientes a cada una de ellas pero, a un tiempo, comoquiera que todas estas unidades registrales compartían usos, servicios y elementos comunes, existía una Junta y un Consejo de Presidentes para los asuntos propios de la Mancomunidad, señalando por último que toda esta situación y su funcionamiento habían sido conocidos y consentidos por la parte demandante, siendo de aplicación a la Mancomunidad demandada los artículos 553-48 a 553-52 del CCCa.
La parte recurrente considera que del título constitutivo no resulta la constitución de una comunidad horizontal compleja pues no se cumplen los requisitos de los art. 553 - 49 (cuotas particular y general) y 553-50 (constitución ) exigidos por el Código Civil de Cataluña (CCCat) y critica que la sentencia apelada deduzca su existencia a partir de las simples declaraciones en juicio de unos pocos testigos ( Florencio , Héctor o Florencia ) pues ni tan siquiera hay constancia documental de que los vecinos celebrasen las juntas propias de cada subcomunidad, considerando por último que también se equivoca a la hora de interpretar las cuotas contempladas en la escritura de constitución.
El motivo no puede prosperar.
En primer lugar conviene tener presente que la Comunidad de autos fue constituida en el año 1974 conforme a la LPH entonces vigente y que en ese año ni el CCCat había sido publicado ni la Ley estatal contenía tampoco una regulación específica para las Mancomunidades -lo que no sucede hasta el año 1999 gracias a la reforma operada en la LPH x la Ley 8/1999, de 6 de abril- por lo que difícilmente podía la promotora FALCO-ROMAGOSA SA ajustar su título constitutivo a una normativa 'non nata' como la autonómica que señala.
Pero es más, la Comunidad demandada tampoco adaptó en ningún momento su Título constitutivo a la normativa que disciplina las Mancomunidades, ni a la LHP tras la citada reforma de 1999 ni al CCCat tras la publicación en el año 2006 del Libro V, y eso que tanto en una como en otra normativa se contemplaban normas de Derecho Transitorio que conminaban a las Mancomunidades 'de facto' a hacerlo (así, p.e., la Disp. Transitoria SEXTA de la ley 5/2006 que aprobó el Libro V del CCCat disponía en su apartado segundo que "La junta de propietarios (...) debe adaptar los estatutos y, si procede, el título de constitución al presente código si lo pide una décima parte de los propietarios. (...) Si la adaptación que se propone no alcanza la mayoría necesaria, cualquiera de los propietarios que la ha propuesto puede solicitar a la autoridad judicial que obligue a la comunidad a hacer la adaptación. La autoridad judicial debe dictar una resolución, en todo caso, con imposición de las costas")
No obstante ello, este Tribunal comparte la conclusión de la sentencia apelada conforme la Comunidad de autos funcionaba en la práctica como una comunidad compleja o mancomunidad desde cuando menos el año 2004 y no solo porque así resulte de las testificales que refiere la recurrente sino también porque así lo evidencia la documental aportada a los autos, muy especialmente el 'Libro de Actas de la Mancomunidad' que consta fue legalizado ante el Registro de la Propiedad Núm. 22 de Barcelona (doc.4 contestación)
Y entrando ya en la primera de las cuestiones que plantea la recurrente, la constitución o existencia de una Comunidad compleja al margen de toda normativa, el punto de partida necesariamente es el art. 533-1.2 del CCCat y aun cuando el mismo parece mostrarse contrario a dicho planteamiento al señalar que " el régimen jurídico de la propiedad horizontal requiere el otorgamiento del título de constitución " y que el mismo sea inscrito en el Registro de la Propiedad ( art. 553-7.2 CCCat ) es lo cierto que la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente a favor de las comunidades de hecho para dar solución a una realidad insoslayable (v.gr. SSTS de 7 de abril de 2003 o de 23 de octubre de 2007 ). Y de hecho, dicha realidad ha terminado siendo reconocida por el propio legislador catalán cuando en el Preámbulo de la Ley 5/2015, de 13 de mayo, de modificación del Libro Quinto del Código civil de Cataluña, indica que " se mantiene el criterio que el establecimiento del régimen de propiedad horizontal requiere el otorgamiento del título de constitución (...) A pesar de ello, y para dar seguridad al tráfico jurídico, se modifica el artículo 551-2.2 con el fin de permitir que (...) puedan aplicarse a las situaciones de comunidad que cumplan los requisitos de la propiedad horizontal y no se hayan configurado formalmente las reglas de la propiedad horizontal que sean adecuadas a las circunstancias del caso ". Así, en el referido precepto 551-2.2 hoy se establece que 'La comunidad en régimen de propiedad horizontal se rige por el título de constitución, que debe adecuarse a lo establecido por el capítulo III. Las situaciones de comunidad que cumplen los requisitos de la propiedad horizontal y no se hayan configurado de acuerdo con lo establecido por el capítulo I II se rigen por los pactos establecidos entre los copropietarios, por las normas de la comunidad ordinaria y, si procede, por las disposiciones del capítulo III que sean adecuadas a las circunstancias del caso."
Por lo demás, y si se examina la Escritura Pública de 'Agrupación y Obra Nueva y Propiedad Horizontal otorgada el 12 de marzo de 1974' por la cual se constituye la Comunidad demandada, se puede comprobar como en ella se diseña una propiedad horizontal compleja o Mancomunidad que vendría formada por las siguientes siete subcomunidades: las cuatro escaleras de DIRECCION000 NUM000 - NUM004 (unidades registrales 4 a 34); de DIRECCION000 NUM005 - NUM006 (unidades registrales 35 a 65); de DIRECCION000 NUM001 (unidades registrales 66 a 68) y de DIRECCION001 NUM002 - NUM003 (unidades registrales 89 a 103); los dos sótanos propiedad de la actora recurrente (unidades registrales 1 y 2) y el local comercial dúplex situado en planta baja y entresuelo (unidad registral 3)
Y en cuanto a la segunda cuestión planteada, que no existe el doble coeficiente exigido por el art. 553-49 CCCat (" cada uno de los elementos privativos que integran una subcomunidad tiene asignada una cuota particular de participación, separada de la cuota general que le corresponde en el conjunto de la propiedad horizontal compleja ") y que la sentencia apelada se equivoca al interpretar los coeficientes reseñados en el título constitutivo pues 'la escritura de constitución establece una cuota de participación general para representación y otra para participación en gastos', este Tribunal nuevamente comparte el criterio expuesto en la sentencia impugnada pues la escritura claramente distingue entre un coeficiente que sirve para concretar la participación de cada piso o local en el total valor "del inmueble y en los elementos comunes" (estipulación 7ª) y, "habida cuenta la especial configuración del inmueble, otro coeficiente que determina la contribución de cada piso a los gastos de la escaleras a la que pertenece, integrándose el local dúplex en la escalera de DIRECCION001 NUM002 - NUM003 y quedando exentos a los sótanos por cuanto los mismos asumen en exclusiva la conservación y mantenimiento del parking (Estipulación 8). En consecuencia, el primer coeficiente sirve para "decidir sobre los asuntos que afecten a todo el inmueble" (Estip. Séptima) y el segundo para "determinar la participación que corresponde a cada unidad para atender los servicios, administración, conservación, reparaciones y cualquier otro gasto necesario para la adecuada utilización de los servicios de cada escalera" (Estip. Octava)
En resumidas cuentas, que aun cuando en el titulo constitutivo no se configurase expresamente a la Comunidad demandada como compleja, la misma viene existiendo 'de facto' desde hace años y la recurrente participando en ella con total normalidad por lo que, de conformidad con la doctrina de los actos propios ( art. 111.8 CCcat ), habiendo reconocido con anterioridad su existencia, no puede ahora válidamente renegar de ella ( venire factum propium non licet ). El doc. 4 de la contestación pone de manifiesto que desde el año 2004 la Mancomunidad cuenta para su gobierno con una Junta de propietarios y un Consejo rector, y que dicho funcionamiento ha contado con la participación y beneplácito de MALLVI.
TERCERO.- Válida constitución de las Juntas
La parte recurrente discrepa con la sentencia apelada cuando declara que la Junta Extraordinaria (no Ordinaria como por error dice la sentencia) de 6 de noviembre de 2012 estuvo bien constituida con la sola concurrencia de los presidentes de las cuatro escaleras y los representantes de los sótanos y los bajos pues no se sabe quiénes son los vecinos propietarios representados ni tampoco cuántos votos delegados llevaba cada uno de ellos y cuántos de esos votos podían ser negativos para sumarse a los suyos, quejándose finalmente de que tampoco hay constancia de que las diferentes escaleras hubieran celebrado las respectivas juntas de subcomunidades para votar los asuntos tratados en la Junta de la Comunidad, no siendo de recibo que tenga que aceptar que seis señores "sin acreditar representación ni delegación de voto" puedan tomar las decisiones de una Comunidad de más de cien propietarios.
Previo a resolver el motivo planteado, entiende este Tribunal que debe destacarse, en primer lugar, que en el fondo de este litigio subyace el desacuerdo de MALLVI con las obras de rehabilitación decididas por la Comunidad atendido el fuerte desembolso que su ejecución le representa pues no otra conclusión puede extraerse del hecho acreditado de que el funcionamiento de la Mancomunidad se remonta a varios años atrás y nunca hasta la fecha había cuestionado su funcionamiento, forma de proceder o manera de conducirse a la hora de adoptar sus acuerdos.
Y en segundo pero no menos importante lugar, que entre los acuerdos adoptados por la Mancomunidad destaca el de 6 de febrero de 2012 que aprobó las obras de rehabilitación de la fachada pero que fue adoptado por la Junta de Propietarios -no por el Consejo Rector- a la cual habían sido convocados todos los propietarios que integraban la Comunidad y no solo los presidentes de las subcomunidades (doc. 7 a 12 de la contestación y declaraciones del testigo Héctor , oficial de la Administración de Fincas de la Comunidad). Concretamente, por mayoría de los asistentes, se acordó la ejecución de dichas obras y la contratación de la empresa ARM REFORM que había presentado una oferta o presupuesto de 70.411,08 euros, IVA aparte (doc. 7 contestación). Y este acuerdo, que no fue por nadie impugnado, devino firme y vinculante para todos los propietarios, incluida la recurrente, quien viene por ello obligada a su cumplimiento y, por consiguiente, deberán afrontar el pago de la cantidad que le corresponda conforme a la cuota de participación reseñada en la Estipulación Séptima del Título constitutivo.
Y retomando la cuestión de los acuerdos impugnados en las Juntas de autos, la parte recurrente considera también que las cuentas anuales cuando menos debían ser aprobadas en Juntas a las que debían ser convocados todos los vecinos, pero tampoco en este punto entiende este Tribunal que le asiste la razón.
Al respecto, debe tenerse presente que los acuerdos impugnados no son en verdad acuerdos de 'Junta de Propietarios' aun cuando pueda parecer lo contrario viendo el encabezamiento del acta, sino acuerdos del 'Consejo Rector' -tal y como siempre ha sostenido la parte demandada y confirmaba en juicio el oficial Sr. Héctor - de ahí que a la reunión únicamente fuesen convocados los presidentes de las escaleras y los representantes de los sótanos y el local.
La inexistencia de un verdadero Título constitutivo de la Mancomunidad y la ausencia de estatutos dificultan un deslinde claro de cuáles son las competencias de un órgano (Junta de Propietarios de la Mancomunidad) y otro (Consejo Rector) sin que la Ley ofrezca tampoco una clara solución al respecto pues se limita a señalar que " los estatutos pueden regular un Consejo de Presidentes si la complejidad del conjunto inmobiliario y de los elementos, servicios e instalaciones comunes, el número de elementos privativos u otras circunstancias lo hacen aconsejable ", señalando a continuación que " el Consejo debe actuar de forma colegiada para la administración ordinaria de los elementos comunes de todo el conjunto y debe regirse por las normas de la junta de propietarios adaptadas a su naturaleza específica ."
Y lo que interesa destacar ahora es que la parte recurrente en ningún momento ha cuestionado que los acuerdos adoptados por el Consejo de Presidentes no fueran de su competencia y por tal razón este Tribunal, por elementales razones de congruencia, tampoco puede hacerlo (ex. art. 465.5 LECi). En consecuencia, debe entenderse que los asuntos incluidos en el Orden del Día de la junta del 19 de marzo de 2013 se incluían en la 'administración ordinaria' de los asuntos que legalmente tenía atribuido el Consejo Rector.
También la ausencia de Estatutos deja huérfana de regulación el funcionamiento de dicho Consejo pero dado que legalmente actúa de " forma colegiada para la administración ordinaria de los elementos comunes " y debe " regirse por las normas de la junta de propietarios adaptadas a su naturaleza ", le resultan de aplicación los art. 553-19 y ss del CCCat , en especial el art. 553-23 que, en su redacción anterior a la reforma de 2015, permitía tener válidamente constituido el Consejo " en primera convocatoria si concurrían a la misma como mínimo la mitad de los propietarios, que deben representar la mitad de las cuotas de participación, y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de los que concurran y las cuotas de que sean titulares ". Y como a dicha reunión consta que asistieron los presidentes de las cuatro Subcomunidades y los representantes de los dos sótanos, necesariamente hemos de convenir con la resolución apelada que el Consejo Rector quedó válidamente constituido.
CUARTO.- La privación del derecho de voto
Antes de abordar este motivo de impugnación, conviene recordar que en las dos reuniones del Consejo Rector en las que se adoptan los acuerdos ahora impugnados se privó a la recurrente de su derecho a voto por no estar al corriente en el pago de las cuotas comunitarias, tal y como permite el art. 553-24.1 CCCat .
La recurrente considera que dicha privación fue ilegitima pues a la Junta no se aportó documento alguno que certificara la deuda que mantenía con la Mancomunidad al momento de celebrarse la reunión y critica que la sentencia apelada aceptase como prueba de la misma un documento acompañado a la demanda rectora de otro procedimiento (de reclamación de cuotas) y que se le tache de morosos cuando en la Junta de 6 de febrero de 2012 no se aprobó 'ni la forma de pago, ni las fechas, ni la cantidad de pagos' para atender el coste de las obras a realizar y que no es hasta la primera de las Juntas impugnadas, la ordinaria de 6 de noviembre de 2O12, que no conoce el importe de dicha deuda
El motivo tampoco puede prosperar
La sentencia apelada, no sin antes mostrar su extrañeza por no haber aportado la Comunidad demandada el oportuno certificado de deuda para acreditar la situación de morosidad en la que se encontraba la hoy recurrente, la consideró acreditada por cuanto obraba unida a autos una solicitud de acumulación de autos presentada por la propia recurrente en la que, para justificar su petición, se acompañaba como doc. 11 un burofax del administrador de 19 de octubre de 2012 recordándole que tenía pendiente de pago 23.640,88 euros (fol. 651), de modo que cuando se reúne la Junta Rectora en sesión extraordinaria el día 6 de noviembre de 2012, dicha situación de impago persistía y la recurrente era perfectamente conocedora de ello por cuanto existe una comunicación de la propia MALLVI (doc. 43 contestación) que acusaba recibo de aquel burofax e incluso hacía una propuesta de pago de la deuda reclamada.
Pero es más si se examina el acta de la Junta de 6 de noviembre de 2012 (doc. 54) puede fácilmente comprobarse en ella que, cuando se abordó la reclamación judicial de las cuotas pendientes a los morosos, se puso de manifiesto que MALLVI se encontraba en adeudar a la Comunidad 11.820,44 euros por cada uno de los garajes de los que era titular (en total, 23.640,88 euros), que coincide con la cantidad que previamente se le había notificado como deuda por burofax de 19 de octubre de 2012
Y en cuanto a que desconocía la forma de pago o las fechas en que tenía que pagar dichas cuotas, baste señalar que la Junta de propietarios de 6 de febrero de 2O12, la que aprobó las obras de reforma que la recurrente no impugnó (doc. 7), habilitó al administrador para que " per fer front al pagament de dits treballs, l'administrador informarà individualment a cada comunitat del cost total de l'obra una vegada repercutit el total del pressupost i es notificarà a tots els propietaris del venciments e imports de les corresponents derrames extraordinàries ". Y el burofax antes comentado acredita que, en cumplimiento de aquella habilitación expresa, el administrador informó a la hoy recurrente el importe de su deuda con la Comunidad.
QUINTO.- la ejecución de Obras Indebidas
La parte recurrente dedica varios apartados de su escrito de apelación a realizar diversas consideraciones acerca de las supuestas irregularidades cometidas en la contratación y/o ejecución de estas obras de rehabilitación como son que en junta se nombrase a un arquitecto para las obras (Romagosa) y luego las terminase dirigiendo otro (Turrens); que existieran desviaciones presupuestarias no aprobadas por la Junta; que el presupuesto figurase a nombre de un constructor ARM REFORM y las facturas vinieran a nombre de otro (Haratyunyan Smbat), que ciertas reparaciones, v.gr., los barrotes de los balcones, no debían imputarse a los sótanos, etc...
Sin embargo, tales cuestiones nada tienen que ver con los acuerdos que son objeto de impugnación en este procedimiento pues todas esas incidencias vienen referidas a las obras que fueron aprobadas en la Junta de Propietarios de 6 de febrero de 2012 que, como ya antes se dijo, devino firme e inatacable al no ser impugnada por nadie, tampoco por la hoy recurrente, por lo que sobra cualquier otro comentario al respecto.
SEXTO.- Infracción del art. 283 LECi
Señala por último la recurrente que impugna el valor probatorio de determinados documentos que aportó la Comunidad demandada y que entiende debieron ser inadmitidos conforme al art. 283 LECi. Concretamente se trata de los doc. 13 (mediciones de obra); 20 y 21 (certificaciones de obra); 29, 30, 31 (TC2); 36, 37 y 38 (nominas); 39 (TC2 ); 40,41 y 53 (informes de inicio de obras)
Al respecto y para rechazar este último motivo de impugnación, bastaría con señalar que todos estos documentos fueron acompañados con el escrito de contestación a la demanda por lo que su aportación tuvo lugar en el momento procesal oportuno (art. 265.1 LEci) sin que su utilidad o pertinencia pudiera ser considerada por el 'iudex a quo' sino hasta el momento mismo del dictado de la sentencia.
SEPTIMO. - Costas y depósito para recurrir.
En cuanto a las costas de este recurso, la desestimación del mismo determina su imposición a la parte recurrente ( art. 398.2 LECi) así como la pérdida del depósito constituido para recurrir, al cual se le dará el destino legalmente previsto, de acuerdo con el apartado noveno de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ tras su reforma por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
FALLAMOS
Que, con desestimación del recurso de apelación presentado por MALLVI GARAJE MALLORCA VIDIELA SAU, este Tribunal acuerda:
1°) Confirmar en su integridad la sentencia de 30 de julio de 2014 dictada por el Juzgado de. Primera Instancia Número CINCUENTA Y SIETE de Barcelona .
2°) Imponer las costas de esta apelación a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido para recurrir.
La presente resolución es susceptible de recurso de casación de concurrir los requisitos legales que lo condicionan ( art. 469 a 477 y Disposición Final 16ª de la LEC ) debiéndose interponer ante este mismo Tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde su notificación.
Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.
Pronuncian y firman esta sentencia los Magistrados integrantes de este Tribunal arriba indicados.
Publicación.- En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior Sentencia la publicidad ·ordenada por la Constitución y las leyes. Doy fe.