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Referencia:SP/SENT/905157

AP Barcelona, Sec. 11.ª, 74/2017, de 2 de marzo

Recurso 925/2014. Ponente: ANTONIO GOMEZ CANAL.

La actora está legitimada para impugnar los acuerdos porque son contrarios a la ley al haberse tomando echando a la actora (propietaria) de la junta y no permitiéndola participar 
"... Los acuerdos adoptados en junta de propietarios, como fue el caso de la celebrada por la interpelada en fecha 21 de octubre de 2.013 (acta acompañada como documento nº 14 de la demanda), pueden ser contrarios a la Ley, y por ello impugnables conforme al art. 553-31.1.a) CCCat ., no solo cuando su contenido material vulnere aquélla -lo que no ha sido objeto de estudio por la Sentencia recurrida-, sino cuando -con independencia de cual sea su contenido- se hubieran tomado sin respetar las prevenciones establecidas por el legislador para asegurar que responden a la voluntad de los propietarios pues no en vano la junta, se entiende que cuando está constituida conforme a la Ley, es el órgano supremo de la comunidad ( art. 553-19.1 CCCat .). Sentado lo anterior compartimos las dos conclusiones alcanzadas por el Juzgado combatidas en la alzada:
1.- La junta de 21/10/13 en su conjunto, y por ende los dos acuerdos impugnados, están afectados de nulidad por contrariedad a la Ley. Al ser expulsado de la reunión el representante de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. -así lo vino a admitir en interrogatorio la interpelada (8m.:12s.) y lo refleja el acta levantada al efecto- se vulneró el derecho de asistencia con voz, aunque pudiera ser sin derecho al voto, que le correspondía en su condición de propietaria del local nº 5 del inmueble litigioso y por ello patrimonialmente afectada por las decisiones tomadas en esa junta.
Dejando al margen a) la información publicada por el Registro de la Propiedad en fecha 21/10/13 (documento 1 de la contestación) y b) la conclusión alcanzada por la Sentencia de 6/10/14 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de Gavà a la vista de la prueba obrante en el juicio ordinario 566/13 -carente en el presente de la eficacia prejudicial prevista en el art. 222.4 LECivil -, la Sala constata que en la fecha de celebración de la junta SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. era propietaria por derecho civil del local nº 5 del referido inmueble y que la interpelada pretende incluir en su seno. Así resulta de la escritura pública de constitución de la indicada mercantil otorgada en fecha 16/12/04 con aportación de la finca litigiosa (documento nº 1 de la demanda).
Aunque es cierto que la publicación en el Registro inmobiliario del dominio a favor de la recurrida -carente de eficacia constitutiva del derecho- fue ciertamente tardía (27/11/13 según documento nº 2 de la demanda), no hay duda de que la comunidad fue perfecta conocedora de dicha titularidad antes de la celebración de la junta litigiosa: 1) aparece ya identificada en calidad de propietaria en el acta de la junta de 19/9/11 (folio 55 vuelto); 2) otro tanto ocurre en la liquidación de gastos a 31/7/13 (documento nº 11 de la demanda); 3) fue convocada a la junta de 21/10/13 a través de su administrador sr. don Aquilino , en su domicilio social (documentos nº 9 y 12 de la demanda), por lo que resulta contrario a la doctrina de los actos propios recogida en el art. 111.8 CCCat . y copiosa jurisprudencia cuya cita es ociosa por conocida, que la comunidad niegue a SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. la legitimación derivada de su condición de propietaria del local nº 5 del inmueble cuando previamente la había admitido sin reparo, inferimos que previa exhibición de los títulos acreditativos.
Enlazando con lo anterior -convocatoria a junta a través del sr. don Aquilino - constatamos que aunque "de paso" se puso en duda en el acta de la junta litigiosa que la mercantil actora estuviera representada en el tráfico por el anterior, este argumento no se invocó en el escrito de contestación -posiblemente porque consta claramente que así es en el poder para pleitos- por lo que no puede ser introducido en la alzada extemporáneamente quebrando el principio de preclusión ( arts. 412.1 y 456.1 LECivil ).
2.- La morosidad de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U., reflejada en el documento 9 de la contestación, no la priva de la posibilidad de interponer la presente demanda impugnatoria:
a.- según hemos visto con anterioridad, la actora combate dos de los acuerdos de la junta litigiosa -los que la afectan- por ser contrarios a la Ley por la forma en que fueron adoptados, privándole de su presencia lo que le otorga legitimación para su impugnación sin necesidad de cumplimentar ningún requisito más que el de ser propietaria que hemos constatado reunía en ese momento ( art. 553-31.2.i.f. CCCat .).
b.- tal como tuvimos ocasión de resolver en la Sentencia núm. 107/13 de 8 marzo , la consignación de la deuda no resultaba preceptiva como requisito de procedibilidad para impugnar dichos acuerdos: b.1.- los arts. 553.21.4.e ), 553-24.1 y 553-26.1 CCCat . hacen referencia a la privación de un derecho de naturaleza privada, a la imposibilidad de votar en la junta de propietarios aquellos que tengan deudas pendientes por lo que no es extrapolable por vía analógica a una situación distinta como es la de impugnar judicialmente los acuerdos ahí adoptados (art. 4.1 CCivil) y b.2.- la imposibilidad de acceder a los tribunales de justicia por parte de los comuneros morosos supondría cercenar un derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 de la Constitución española a todos los ciudadanos y a juicio de la Sala, siguiendo reiterada doctrina emanada del Tribunal Constitucional favorable al denominado principio "pro actione" en especial cuando se trata de obtener una primera resolución judicial ( STC, Sala 1ª de 10/12/12 ), exigiría una expresa previsión legislativa que no se contiene en el Derecho catalán aplicble al caso, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho estatal donde sí se establece ese requisito de procedibilidad ( art. 18.2 LPH y SsTS. de 14/10/11 , 20/7/12 y 22/10/13 ) y a diferencia de lo que sucede también ahora en Catalunya -no antes- con las impugnaciones articuladas a partir de la vigencia de la Llei 5/15 de 13 de mayo por la que se reforma el Libro 5º del Codi Civil, en concreto el art. 553-31.3 según el cual "Para ejercer la acción de impugnación es preciso estar al corriente de pago de las deudas con la comunidad que estén vencidas en el momento de la adopción del acuerdo que desee impugnarse o haber consignado su importe" . ..."
No se ha acreditado la constitución de una subcomunidad de propietarios para los aparcamientos por lo que no puede declararse su existencia 
"... Infracción legal al concluir que no existe una subcomunidad válidamente constituida sobre el inmueble litigioso en la que se integre el local nº 5 propiedad de la actora. El motivo se desestima. Para llegar a esta conclusión debemos tener presente:
1.- que en el fundamento jurídico 3º la Sentencia de primer grado, tras reconocer la existencia de una subcomunidad de hecho en el inmueble litigioso - CALLE000 nº NUM000 de Castelldefels-, se limita a constatar que no se ha creado conforme a Derecho y por ende no puede considerarse jurídicamente incluida en ella a SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. En concreto, la resolución recurrida no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que pudieran existir otras agrupaciones distintas (p.ej. aparcamientos o viviendas de la escalera "H", en línea con el apartado 2º de la súplica de la demanda).
2.- dicho esto constatamos que la propia recurrente no combate los argumentos contenidos en la Sentencia de primer grado que avalan esa consecuencia: inexistencia de un acto generador de la subcomunidad interpelada que con la debida claridad y precisión hubiera fijado sus elementos integrantes y asignado las correspondientes cuotas diferenciadas de la comunidad general ( art. 553-50 CCCat .). La apelante centra su argumentación en la pretendida conformidad de la actora con la actuación desarrollada por la subcomunidad de donde infiere una voluntad inequívoca de integración. No compartimos esta tesis por los siguientes motivos:
2.1.- la impugnación de la junta de 21 de octubre de 2.013 por la propietaria del local nº 5 no puede considerarse un acto propio de reconocimiento de la legalidad de la "subcomunidad" que la celebró. Esto es así porque en la misma demanda en que se ejercita esa pretensión anulatoria se insta simultáneamente la declaración de que la actora no está integrada en este colectivo.
2.2.- otro tanto sucede con la actitud de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. en relación a la subcomunidad de párking. Al ser un colectivo diferenciado de la recurrente, el reconocimiento o la falta de impugnación por parte de la propietaria del local nº 5 de esa subcomunidad de aparcamientos no constituye un acto propio que deslegitime a la anterior para actuar de forma distinta en relación a la pretendida subcomunidad sobre el bloque de la CALLE000 nº NUM000 . No hay frente a ella una defraudación de expectativas motivada por un cambio de actitud por parte de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U.
2.3.- la llevanza de un libro de actas de la subcomunidad diferenciado de la comunidad general y su legalización por parte del Registro de la Propiedad así como la obtención de un número de identificación fiscal distinto del de aquélla, realidades que nadie discute, podrían ser indicios de la existencia legítima de la subcomunidad pero no bastan. Ninguno de esos actos son los que según la normativa reguladora de la propiedad horizontal sirven para declarar su existencia, tampoco frente a SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. al ser ajenos a ella.
2.4.- el acta de la junta de 23 de febrero de 2.005 es significativa de la falta de integración en la subcomunidad de los locales del inmueble al señalar que, los propietarios de los pisos -todos presentes-, ya representan el 99% de las cuotas de participación.
2.5.- la lectura del punto primero del acta de la junta celebrada el 5 de octubre de 2.009 es revelador de lo ocurrido: por el deseo de sumar a otro propietario para el reparto de los gastos -el resultado económico había sido negativo- se comunica al administrador -que lo ignoraba, lo que desbarata la tesis de la apelante- que en la finca existe un segundo local a integrar en aquélla, el de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. En esa reunión, sin haber mediado convocatoria alguna de esta entidad y por tanto de forma radicalmente nula, la junta confiere al administrador unas facultades de las que carecía: calcular la cuota que corresponde a dicho local dentro de la subcomunidad, girar los correspondientes recibos y en caso de impago proceder judicialmente. No hay un acuerdo propiamente dicho de constitución de la subcomunidad que pudiera combatir judicialmente SANTIVERI LLOGUER, S.L.U.
2.6.- En el acta de la siguiente reunión ordinaria, la celebrada el 27 de septiembre de 2.010, se pone de manifiesto por el administrador las gestiones realizadas con el sr. Aquilino y de su resultado se evidencia que la hoy recurrida negaba estar concernida por los acuerdos de la subcomunidad apelante. Otro tanto cabe inferir del acta de 19 de septiembre de 2.011 en la que, frente a lo acordado en la junta de 2.009, se acuerda que el administrador consulte el título constitutivo del régimen de propiedad horizontal para estar a lo allí establecido, tal como ya se había acordado en el punto 2º del acta de 1 de marzo de 2.007.
Esta solución, la de estar al título constitutivo, es en definitiva la adoptada por la Sentencia recurrida ante la falta de constancia de un acto de constitución de alguna subcomunidad dentro del inmueble configurador de un sistema de reparto de los gastos generales diferente del originario. Esto no impide, claro está, que por la junta legitimada para ello -la del conjunto completo- pudiera acordarse un régimen distinto en función del uso restringido que de algunos elementos comunes pueden realizar los distintos departamentos en función de su ubicación. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- RESOLUCIÓN RECURRIDA.
En el juicio ordinario 2/14 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de los de Gavà recayó Sentencia el día 30 de septiembre de 2.014 cuya parte dispositiva establece textualmente lo siguiente:
"ESTIMAR la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Taulera Salvador, en nombre y representación de SANTIVERI LLOGUER S.L.U, contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE000 , nº NUM000 de CASTELLDEFELS, y, en consecuencia:
DEBO DECLARAR Y DECLARO:
LA NULIDAD de los acuerdos primero y segundo de la Junta de propietarios de la CALLE000 NUM000 y DIRECCION000 nº NUM001 de Castelldefels.
Que la subcomunidad de propietarios de la CALLE000 nº NUM000 no ha sido válidamente constituida,
Que, en consecuencia, SANTIVERI LLOGUER S.L no pertenece a la subcomunidad de la CALLE000 nº NUM000 ni a ninguna otra, sino únicamente a la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 nº NUM000 y DIRECCION000 nº NUM001 ,
Que, en consecuencia, debe contribuir a los gastos comunes de la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 nº NUM000 y DIRECCION000 nº NUM001 en la proporción establecida en el título constitutivo.
SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada, la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 NUM000 de Castelldefels."
Segundo.- LAS PARTES EN EL RECURSO.
Contra dicha sentencia estimatoria de las pretensiones de la parte actora, la Comunidad interpelada interpuso recurso de apelación al que se opuso aquélla en el traslado conferido al efecto. A continuación las litigantes fueron emplazadas ante la Superioridad y ambas comparecieron en tiempo y forma.
Tercero.- TRAMITACIÓN EN LA SALA.
Recibidos los autos en esta Sección, sin necesidad de celebración de vista, el día 22 de febrero de 2.017 tuvo lugar la sesión de deliberación, votación y fallo.
Cuarto.- CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES.
En la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional se han observado todas las prevenciones legales en vigor a excepción del plazo global de duración debido al cúmulo de asuntos que penden ante esta Sección.
Expresa la decisión del Tribunal el magistrado don Antonio Gómez Canal, que actúa como ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE000 Nº NUM000 DE CASTELLDEFELS CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.014 .
La interpelada combate en la alzada la estimación de cada una de las pretensiones ejercitadas por la actora en el escrito rector del proceso por la resolución de primer grado que parte, acertadamente a nuestro juicio, de que la legislación aplicable al caso, por razones de índole territorial -inmueble radicado en Catalunya ( arts. 10.1 y 16.1 CCivil y 111-3.1 CCCat .)- y temporal -junta celebrada tras el 1/7/06, fecha de entrada en vigor de la Llei 5/2006 de 10 de maig ( D.T. 6ª)-, es la contenida en el Libro quinto del Codi Civil de Catalunya regulador de los derechos reales, en concreto sus arts. 553-1 y ss. "sin que sea de aplicación, ni siquiera supletoria, la Ley 40/1960 de 21 de julio (reformada por la posterior Ley 8/1999) sobre Propiedad Horizontal, ello sin perjuicio del valor interpretativo que pueda tener dado su carácter de antecedente reconocido por la propia LLei" ( SsAP de Barcelona, Sec. 13ª de 29/6/10 y Sec. 17ª de 23/10/13 ).
Primer motivo, tendente a combatir la anulación de los dos primeros acuerdos adoptados en la junta general ordinaria celebrada en fecha 21 de octubre de 2.013.
Para un estudio sistemático del motivo, que abarca las tres primeras alegaciones del escrito de formalización del recurso, distinguimos dos submotivos que a continuación enunciamos y resolvemos principiando por el de naturaleza adjetiva:
1º.- Incongruencia de la Sentencia al fundar su decisión anulatoria en la infracción del art. 533-22 CCCat . (sic) , no invocado por la accionante. Se desestima.
La lectura completa del fundamento jurídico 2º de la Sentencia recurrida y su comparación con el contenido de la demanda rectora del proceso revela que:
1.- en el penúltimo párrafo de dicho fundamento se ha producido un simple error de transcripción numérica -el art. 533.22 CCCat . es inexistente- sin más trascendencia como lo demuestra la falta de petición de corrección conforme al art. 214.2 LECivil por la hoy apelante quien es claro, a la vista del escrito de formalización, que no ha tenido problema alguno en conocer las razones por las que el Juzgado ha acogido la tesis de la actora.
2.- no se ha infringido el deber de congruencia impuesto por el art. 218.1 LECivil pues el Juzgado no ha decretado la nulidad de los acuerdos comunitarios por una causa distinta de alguna de las invocadas por la actora en el escrito de demanda, con la consiguiente afectación del derecho de defensa de la comunidad apelante. Con la lectura del antepenúltimo párrafo del fundamento jurídico 2º y el empleo de la fórmula "en este sentido" en el siguiente párrafo a modo de enlace, resulta evidente que la decisión anulatoria conforme al art. 553-31.1.a) CCCat . -contrariedad a la ley- se basa en la infracción del art. 553-22 CCCat . regulador del derecho de los propietarios a asistir a la junta. Este precepto fue expresamente alegado en el escrito rector del proceso por SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. en apoyo de su pretensión anulatoria (página 13) y a ella se opuso convenientemente la comunidad con toda una batería de argumentos en el trámite de contestación.
2º.- Infracción legal al atribuir legitimación a la actora para impugnar dos de los acuerdos adoptados en la junta de 21 de octubre de 2.013. Se desestima y con él el motivo.
Con independencia de la legalidad intrínseca de esas dos decisiones comunitarias, y consiguiente vinculación para los propietarios a que hace referencia la recurrente ( arts. 553- 25.5.a ) y 553-30.1 CCCat .), la Sentencia recurrida se centra en un estadio previo. En el presupuesto ineludible para su válida adopción: constitución de la junta en debida forma, esto es con la presencia -o por lo menos habiendo dado opción para ello- de los propietarios interesados, los que pudieran resultar afectados por los acuerdos reflejados en el orden del día, en caso de ser tomados ( arts. 553-15.1 , 553-19.1 , 553-20.1 , 553-21.1 , 553-22.1 , 553-23.1 , 553-24.1 y 553-25.1 CCCat .).
Los acuerdos adoptados en junta de propietarios, como fue el caso de la celebrada por la interpelada en fecha 21 de octubre de 2.013 (acta acompañada como documento nº 14 de la demanda), pueden ser contrarios a la Ley, y por ello impugnables conforme al art. 553-31.1.a) CCCat ., no solo cuando su contenido material vulnere aquélla -lo que no ha sido objeto de estudio por la Sentencia recurrida-, sino cuando -con independencia de cual sea su contenido- se hubieran tomado sin respetar las prevenciones establecidas por el legislador para asegurar que responden a la voluntad de los propietarios pues no en vano la junta, se entiende que cuando está constituida conforme a la Ley, es el órgano supremo de la comunidad ( art. 553-19.1 CCCat .). Sentado lo anterior compartimos las dos conclusiones alcanzadas por el Juzgado combatidas en la alzada:
1.- La junta de 21/10/13 en su conjunto, y por ende los dos acuerdos impugnados, están afectados de nulidad por contrariedad a la Ley. Al ser expulsado de la reunión el representante de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. -así lo vino a admitir en interrogatorio la interpelada (8m.:12s.) y lo refleja el acta levantada al efecto- se vulneró el derecho de asistencia con voz, aunque pudiera ser sin derecho al voto, que le correspondía en su condición de propietaria del local nº 5 del inmueble litigioso y por ello patrimonialmente afectada por las decisiones tomadas en esa junta.
Dejando al margen a) la información publicada por el Registro de la Propiedad en fecha 21/10/13 (documento 1 de la contestación) y b) la conclusión alcanzada por la Sentencia de 6/10/14 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de Gavà a la vista de la prueba obrante en el juicio ordinario 566/13 -carente en el presente de la eficacia prejudicial prevista en el art. 222.4 LECivil -, la Sala constata que en la fecha de celebración de la junta SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. era propietaria por derecho civil del local nº 5 del referido inmueble y que la interpelada pretende incluir en su seno. Así resulta de la escritura pública de constitución de la indicada mercantil otorgada en fecha 16/12/04 con aportación de la finca litigiosa (documento nº 1 de la demanda).
Aunque es cierto que la publicación en el Registro inmobiliario del dominio a favor de la recurrida -carente de eficacia constitutiva del derecho- fue ciertamente tardía (27/11/13 según documento nº 2 de la demanda), no hay duda de que la comunidad fue perfecta conocedora de dicha titularidad antes de la celebración de la junta litigiosa: 1) aparece ya identificada en calidad de propietaria en el acta de la junta de 19/9/11 (folio 55 vuelto); 2) otro tanto ocurre en la liquidación de gastos a 31/7/13 (documento nº 11 de la demanda); 3) fue convocada a la junta de 21/10/13 a través de su administrador sr. don Aquilino , en su domicilio social (documentos nº 9 y 12 de la demanda), por lo que resulta contrario a la doctrina de los actos propios recogida en el art. 111.8 CCCat . y copiosa jurisprudencia cuya cita es ociosa por conocida, que la comunidad niegue a SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. la legitimación derivada de su condición de propietaria del local nº 5 del inmueble cuando previamente la había admitido sin reparo, inferimos que previa exhibición de los títulos acreditativos.
Enlazando con lo anterior -convocatoria a junta a través del sr. don Aquilino - constatamos que aunque "de paso" se puso en duda en el acta de la junta litigiosa que la mercantil actora estuviera representada en el tráfico por el anterior, este argumento no se invocó en el escrito de contestación -posiblemente porque consta claramente que así es en el poder para pleitos- por lo que no puede ser introducido en la alzada extemporáneamente quebrando el principio de preclusión ( arts. 412.1 y 456.1 LECivil ).
2.- La morosidad de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U., reflejada en el documento 9 de la contestación, no la priva de la posibilidad de interponer la presente demanda impugnatoria:
a.- según hemos visto con anterioridad, la actora combate dos de los acuerdos de la junta litigiosa -los que la afectan- por ser contrarios a la Ley por la forma en que fueron adoptados, privándole de su presencia lo que le otorga legitimación para su impugnación sin necesidad de cumplimentar ningún requisito más que el de ser propietaria que hemos constatado reunía en ese momento ( art. 553-31.2.i.f. CCCat .).
b.- tal como tuvimos ocasión de resolver en la Sentencia núm. 107/13 de 8 marzo , la consignación de la deuda no resultaba preceptiva como requisito de procedibilidad para impugnar dichos acuerdos: b.1.- los arts. 553.21.4.e ), 553-24.1 y 553-26.1 CCCat . hacen referencia a la privación de un derecho de naturaleza privada, a la imposibilidad de votar en la junta de propietarios aquellos que tengan deudas pendientes por lo que no es extrapolable por vía analógica a una situación distinta como es la de impugnar judicialmente los acuerdos ahí adoptados (art. 4.1 CCivil) y b.2.- la imposibilidad de acceder a los tribunales de justicia por parte de los comuneros morosos supondría cercenar un derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 de la Constitución española a todos los ciudadanos y a juicio de la Sala, siguiendo reiterada doctrina emanada del Tribunal Constitucional favorable al denominado principio "pro actione" en especial cuando se trata de obtener una primera resolución judicial ( STC, Sala 1ª de 10/12/12 ), exigiría una expresa previsión legislativa que no se contiene en el Derecho catalán aplicble al caso, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho estatal donde sí se establece ese requisito de procedibilidad ( art. 18.2 LPH y SsTS. de 14/10/11 , 20/7/12 y 22/10/13 ) y a diferencia de lo que sucede también ahora en Catalunya -no antes- con las impugnaciones articuladas a partir de la vigencia de la Llei 5/15 de 13 de mayo por la que se reforma el Libro 5º del Codi Civil, en concreto el art. 553-31.3 según el cual "Para ejercer la acción de impugnación es preciso estar al corriente de pago de las deudas con la comunidad que estén vencidas en el momento de la adopción del acuerdo que desee impugnarse o haber consignado su importe" .
Segundo motivo, tendente a combatir los pronunciamientos relativos a la inexistencia de una subcomunidad de propietarios de la CALLE000 nº NUM000 de Castelldefels en la que se integra el local propiedad de la actora.
Para abordar sistemáticamente el motivo, que abarca las alegaciones 4ª y 5ª del escrito de formalización del recurso, distinguimos dos submotivos que seguidamente enunciamos y resolvemos principiando por el de naturaleza adjetiva:
1º.- Incongruencia de la Sentencia desde la doble perspectiva de conceder algo perjudicial para la actora y omitir pronunciamientos postulados por ella. Se desestima:
1.- ante todo, porque de ser cierto que la resolución de primer grado hubiera incurrido en los vicios denunciados por la recurrente, la única legitimada conforme al art. 448.1 LECivil para instar su corrección por vía de recurso sería la parte agraviada, ello es la actora que formuló las pretensiones presuntamente omitidas o resueltas de manera contraria a sus intereses.
2.- la congruencia es un requisito interno de la sentencia exigido por el art. 218.1 LECivil ( SsTS de 18/06/07 , 17/03/08 y 20/05/09 ) que implica una adecuación entre la parte dispositiva de aquélla y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones de modo que el tribunal no puede otorgar cosa distinta de la postulada en el escrito rector del proceso de tal forma que, en palabras del Tribunal Constitucional (S. 9/98 de 13 de enero ), se produzca "una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes". Pues bien, nada de esto ha sucedido en el presente caso en el que la Sentencia, tras descartar la integración de la actora en la subcomunidad interpelada -no se constituyó válidamente en relación a ella-, concluye que SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. únicamente está sujeta, en cuanto a la contribución al sostenimiento de los gastos generales, a la cuota consignada en el título constitutivo de 10/6/80 -no modificado con posterioridad (documento nº 5 de la demanda)- y no a cualquier otra fijada por la hoy apelante aplicando una regla de tres, en sus propias palabras. Eso era precisamente lo postulado en los primeros cuatro puntos de la súplica de la demanda.
3.- la incongruencia en su modalidad omisiva tiene trascendencia constitucional por entrañar una infracción del artículo 120.3 CE y también una conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 CE ( SsTC 25/2012, de 27 de febrero y 40/2006, de 13 de febrero ) y se produce "cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes" ( SsTS. de 10/12/04 y 5/2/09 citadas por la de 7/11/12 ). Es decir, para que una sentencia pueda ser tildada de incongruente por omisión, será necesario a) ante todo la previa existencia de una pretensión puntual y claramente articulada por alguna de las partes y b) que la misma se haya quedado sin respuesta, expresa o implícita, por el órgano judicial.
Partiendo de esta premisa observamos que no concurre en el caso sometido a nuestra consideración el segundo de los requisitos enunciados pues si bien es cierto que la actora postuló en los puntos 1º y 5º de la súplica de su demanda los pronunciamientos a los que se refiere la recurrente, no podemos olvidar: - que al declarar la falta de válida constitución de la subcomunidad, atendida la argumentación contenida en el fundamento jurídico 3º, es porque aquélla no había surgido respetando los cauces legalmente establecidos por lo que, implícitamente, estaba dando completa respuesta a la pretensión actora como lo demuestra su falta de reacción y - otro tanto sucede en relación al punto 5º de la súplica de la demanda pues desde el momento en el que la Sentencia descarta la válida existencia de la subcomunidad interpelada (el proceso no versa sobre ninguna otra) y la exclusión de la actora de la misma, está declarando implícitamente que aquélla, por su carácter restringido, carece de legitimación para la adopción de acuerdos que afecten a los elementos comunes de la total edificación para lo que deberán ser convocados los propietarios cuyas cuotas sumen el 100% de participación según el título constitutivo del régimen de 10 de junio de 1.980.
Admitamos a efectos dialécticos que el Juzgado hubiera omitido pronunciarse sobre esos extremos en contra del mandato impuesto por el art. 218.1 LECivil . Pues bien, conforme al último inciso del art. 459 LECivil , para denunciar en la alzada la falta de congruencia era requisito ineludible que la parte hubiera intentado previamente subsanar esa infracción procesal durante la primera instancia acudiendo al trámite previsto en el 215.2 LECivil ( SsTS de 16/12/08 , 11/11/10 , 29/11/11 y 18/2/13 ). Pues bien, si la hoy apelante no postuló una decisión expresa sobre esos pronunciamientos presuntamente omitidos, no hay resolución alguna susceptible de revisión por parte de este tribunal.
2º.- Infracción legal al concluir que no existe una subcomunidad válidamente constituida sobre el inmueble litigioso en la que se integre el local nº 5 propiedad de la actora. El motivo se desestima. Para llegar a esta conclusión debemos tener presente:
1.- que en el fundamento jurídico 3º la Sentencia de primer grado, tras reconocer la existencia de una subcomunidad de hecho en el inmueble litigioso - CALLE000 nº NUM000 de Castelldefels-, se limita a constatar que no se ha creado conforme a Derecho y por ende no puede considerarse jurídicamente incluida en ella a SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. En concreto, la resolución recurrida no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que pudieran existir otras agrupaciones distintas (p.ej. aparcamientos o viviendas de la escalera "H", en línea con el apartado 2º de la súplica de la demanda).
2.- dicho esto constatamos que la propia recurrente no combate los argumentos contenidos en la Sentencia de primer grado que avalan esa consecuencia: inexistencia de un acto generador de la subcomunidad interpelada que con la debida claridad y precisión hubiera fijado sus elementos integrantes y asignado las correspondientes cuotas diferenciadas de la comunidad general ( art. 553-50 CCCat .). La apelante centra su argumentación en la pretendida conformidad de la actora con la actuación desarrollada por la subcomunidad de donde infiere una voluntad inequívoca de integración. No compartimos esta tesis por los siguientes motivos:
2.1.- la impugnación de la junta de 21 de octubre de 2.013 por la propietaria del local nº 5 no puede considerarse un acto propio de reconocimiento de la legalidad de la "subcomunidad" que la celebró. Esto es así porque en la misma demanda en que se ejercita esa pretensión anulatoria se insta simultáneamente la declaración de que la actora no está integrada en este colectivo.
2.2.- otro tanto sucede con la actitud de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. en relación a la subcomunidad de párking. Al ser un colectivo diferenciado de la recurrente, el reconocimiento o la falta de impugnación por parte de la propietaria del local nº 5 de esa subcomunidad de aparcamientos no constituye un acto propio que deslegitime a la anterior para actuar de forma distinta en relación a la pretendida subcomunidad sobre el bloque de la CALLE000 nº NUM000 . No hay frente a ella una defraudación de expectativas motivada por un cambio de actitud por parte de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U.
2.3.- la llevanza de un libro de actas de la subcomunidad diferenciado de la comunidad general y su legalización por parte del Registro de la Propiedad así como la obtención de un número de identificación fiscal distinto del de aquélla, realidades que nadie discute, podrían ser indicios de la existencia legítima de la subcomunidad pero no bastan. Ninguno de esos actos son los que según la normativa reguladora de la propiedad horizontal sirven para declarar su existencia, tampoco frente a SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. al ser ajenos a ella.
2.4.- el acta de la junta de 23 de febrero de 2.005 es significativa de la falta de integración en la subcomunidad de los locales del inmueble al señalar que, los propietarios de los pisos -todos presentes-, ya representan el 99% de las cuotas de participación.
2.5.- la lectura del punto primero del acta de la junta celebrada el 5 de octubre de 2.009 es revelador de lo ocurrido: por el deseo de sumar a otro propietario para el reparto de los gastos -el resultado económico había sido negativo- se comunica al administrador -que lo ignoraba, lo que desbarata la tesis de la apelante- que en la finca existe un segundo local a integrar en aquélla, el de SANTIVERI LLOGUER, S.L.U. En esa reunión, sin haber mediado convocatoria alguna de esta entidad y por tanto de forma radicalmente nula, la junta confiere al administrador unas facultades de las que carecía: calcular la cuota que corresponde a dicho local dentro de la subcomunidad, girar los correspondientes recibos y en caso de impago proceder judicialmente. No hay un acuerdo propiamente dicho de constitución de la subcomunidad que pudiera combatir judicialmente SANTIVERI LLOGUER, S.L.U.
2.6.- En el acta de la siguiente reunión ordinaria, la celebrada el 27 de septiembre de 2.010, se pone de manifiesto por el administrador las gestiones realizadas con el sr. Aquilino y de su resultado se evidencia que la hoy recurrida negaba estar concernida por los acuerdos de la subcomunidad apelante. Otro tanto cabe inferir del acta de 19 de septiembre de 2.011 en la que, frente a lo acordado en la junta de 2.009, se acuerda que el administrador consulte el título constitutivo del régimen de propiedad horizontal para estar a lo allí establecido, tal como ya se había acordado en el punto 2º del acta de 1 de marzo de 2.007.
Esta solución, la de estar al título constitutivo, es en definitiva la adoptada por la Sentencia recurrida ante la falta de constancia de un acto de constitución de alguna subcomunidad dentro del inmueble configurador de un sistema de reparto de los gastos generales diferente del originario. Esto no impide, claro está, que por la junta legitimada para ello -la del conjunto completo- pudiera acordarse un régimen distinto en función del uso restringido que de algunos elementos comunes pueden realizar los distintos departamentos en función de su ubicación.
Por todo lo que antecede el recurso debe ser desestimado y confirmada en su integridad la Sentencia contra la que se dirigía.
Segundo.- COSTAS DE APELACIÓN.
La desestimación de las pretensiones de la recurrente y la inexistencia de serias dudas de hecho o de derecho más allá de las propias de toda situación litigiosa -en especial tras la razonada resolución de primer grado-, justifica que las costas causadas por el seguimiento del proceso en segunda instancia se impongan a la apelante ( art. 398.1 LECivil en relación al art. 394.1 de la misma norma ).
Tercero.- DEPÓSITO PARA RECURRIR.
Desestimado el recurso de apelación, conforme al punto 9º de la D.Ad. 15ª de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la recurrente pierde el depósito en su día constituido, al que se dará el destino legal.
Cuarto.- RECURSOS CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 208.4 LECivil se informa a las partes que esta Sentencia no es firme. Dictada en un proceso seguido por razón de la materia, contra ella cabe recurso de casación, siempre que su resolución presente interés casacional, y recurso extraordinario por infracción procesal, ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si la casación se funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en la infracción de normas del ordenamiento civil catalán ( arts. 477.2.3 º y 3 , 478.1 y D.Final 16ª LECivil y arts. 2 y 3 Llei 4/2012, de 5 de marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil de Catalunya).
FALLAMOS
Que desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del edificio sito en la CALLE000 nº NUM000 de CASTELLDEFELS contra la Sentencia dictada en fecha 30 de septiembre de 2.014 en los autos de juicio ordinario 2/14 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de los de Gavà y en consecuencia:
1º.- CONFIRMAMOS dicha resolución en todos sus extremos.
2º.- CONDENAMOS a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del edificio sito en la CALLE000 nº NUM000 de CASTELLDEFELS al pago de las costas causadas por la tramitación del recurso de apelación por ella interpuesto y a la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal
Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma comunicándoles que no es firme y que contra ella caben, en su caso, recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a interponer por escrito presentado ante este tribunal en el término de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación.
Inclúyase en el libro de Sentencias dejando testimonio en el rollo de su razón procediendo a la devolución de las actuaciones originales al Juzgado con certificación de la presente para que cumpla lo ordenado.
Así por esta nuestra sentencia, juzgando de manera definitiva en segunda instancia, lo pronunciamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.