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Referencia:SP/SENT/976674

AP Barcelona, Sec. 17.ª, 682/2018, de 21 de septiembre

Recurso 1271/2017. Ponente: MIREIA BORGUÑO VENTURA.

Cumple con as mayorías necesarias el acuerdo que prohíbe el alquiler de las viviendas del edificio porque ya no se necesita el consentimiento expreso del propietario afectado 
"... El acuerdo impugnado por la recurrente, propietaria del apartamento NUM001 del inmueble de autos, es el número 6 de los adoptados en la Junta de Propietarios celebrada el 6 de junio de 2016, acuerdo conforme al cual se modifican los estatutos comunitarios en el sentido de prohibirse destinar cualquier entidad privativa a apartamento turístico, hotel, hostal, residencia, pensión, albergue, alquiler con una duración inferior a 31 días o cualquier otro tipo de hospedaje y servicios similares. Dicho acuerdo fue adoptado por una mayoría de cuatro quintas partes de los propietarios con derecho a voto que representaban las cuatro quintas partes de las cuotas de participación.
Como bien se resume en la sentencia de instancia, la controversia entre las partes es de carácter jurídico, al existir disconformidad, atendida la normativa del art. 553 CCCat., en relación a la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo impugnado, la necesidad de consentimiento del propietario afectado, y la índole perjudicial del acuerdo. ..."
"... Esto es, si bien en el texto anterior se exigía el consentimiento expreso de los propietarios para autorizar un acuerdo que disminuyera sus facultades de uso y disfrute, sin distinguir entre elementos comunes o privativos, el actual texto limita esta exigencia a los casos de cambios que afecten únicamente al uso de elementos comunes. A pesar de ello, la jurisprudencia había venido entendiendo (por todas, la STSJC de 19 de mayo de 2016) que esta exigencia de consentimiento expreso no debía establecerse para los casos de acuerdos comunitarios de carácter general, sino solo en los dirigidos a un elemento concreto, puesto que interpretarlo de otro modo, es decir, imponiendo esta exigencia "dejaría vacía de contenido la posibilidad de modificar los Estatutos con el régimen de los 4/5".
La actora adquirió el apartamento mediante escritura otorgada el 17 de noviembre de 2015 (doc. 1 demanda), estando ya en vigor la nueva redacción del citado precepto que no contempla la causa que se alega en el recurso, pues se refiere exclusivamente a la limitación del uso y disfrute de los elementos comunes, lo que no es el caso, por lo que el quórum exigible para la adopción del acuerdo impugnado era el de 4/5. En conclusión, la modificación de los Estatutos no requiere del acuerdo unánime de los miembros de la comunidad, sino solo de las cuatro quintas partes, incluidas las limitaciones en el uso de los elementos privativos, según resulta de lo dispuesto en el art. 553-25, 2 en relación con el art. 553-11 del CCCat. ..."
"... El hecho de que tal limitación se acordara posteriormente a la compra del citado apartamento por la recurrente, no implica en este caso una restricción al uso de los elementos privativos, como pretende la recurrente en base al principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos. Y ello es así por cuanto en este caso la recurrente ni comunicó a la demandada su intención de dedicar el piso a uso turístico antes de la adopción del acuerdo impugnado, ni había iniciado la actividad de uso turístico, por lo que no puede alegar que ha sufrido perjuicio alguno. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- . En fecha 4 de diciembre de 2017 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario (Arrendamientos art. 249.1.6) 728/2016 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 09 de Barcelona a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/aLaia Gallego Uriarte, en nombre y representación de PROFINQUR, S.L. contra Sentencia de fecha 19/09/2017 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Angel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de COM. DE PROPIETARIOS C/ DIRECCION000 NUM000 BARCELONA.
SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
" Que desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Dña. María Milagros en nombre y representación de PROFINQUR, S.L., contra la Comunidad de propietarios de c/ DIRECCION000, n.º NUM000, de Barcelona, condenando a PROFINQUR, S.L., al pago de las costas causadas."
TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.
Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo, que ha tenido lugar el día 19/09/2018.
CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.
Se designó ponente a la Magistrada Mireia Borguño Ventura .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La representación de PROFINQUR S.L. interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada el 1 de septiembre de 2017 por el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Barcelona en autos de juicio ordinario nº 728/2016. El referido procedimiento se inició en virtud de demanda interpuesta por la recurrente contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del inmueble de la DIRECCION000 nº NUM000 de Barcelona, en la que solicita que se declarase la nulidad del acuerdo nº 6 adoptado en la Junta de propietarios celebrada el 6 de junio de 2016, consistente en modificar los Estatutos de la Comunidad prohibiendo el alquiler turístico, y subsidiariamente se declarase que el acuerdo no podrá afectar a los inmuebles que se opusieron al mismo, condenando a la demandada al pago de las costas. La parte demandada se opuso a la pretensión de la actora alegando que el acuerdo se adoptó con las formalidades legales exigibles.
La sentencia de instancia desestima la demanda con imposición de las costas procesales a la actora, pues concluye que el acuerdo impugnado fue adoptado con la mayoría exigida legalmente, sin que sea preciso el consentimiento de la actora, además de que no se ve limitada en el uso y disfrute de su propiedad. Destaca asimismo que no se venía destinando la vivienda propiedad de la actora a uso turístico con anterioridad a la adopción del acuerdo.
Frente a dicha resolución se alza la actora que recurre en apelación alegando error en la valoración de los preceptos aplicables, pues entiende, en primer lugar, que en una modificación del título o de los estatutos no se puede establecer "ex novo" una restricción en cuanto al uso de los elementos privativos sin el consentimiento del propietario afectado, cuando dicha restricción no existía en el momento de su compra, en base al principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos; y, en segundo lugar, que no le vincula el acuerdo impugnado por cuanto antes de su adopción tenía unas expectativas de uso de su vivienda, dado que había iniciado todos los trámites administrativos para la concesión de la licencia para su uso turístico e incluso había presentado los correspondientes recursos para obtener la misma, aportando junto al recurso la documentación acreditativa de tales actuaciones.
La parte contraria se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución dictada en la instancia. Entiende que el acuerdo fue válidamente adoptado por la mayoría exigible, no siendo necesario el consentimiento expreso de los copropietarios al no limitarse ningún elemento común; además, el acuerdo no limita el derecho de uso de la apelante ya que no estaba ejerciendo actividad alguna de las contempladas en el acuerdo de modificación, siendo inadmisibles las alegaciones relativas a la obtención de la correspondiente licencia por no haberse alegado durante el procedimiento a pesar de ser anteriores al acuerdo impugnado.
Por Auto de 16 de mayo de 2018 dictado en este Rollo de apelación, se inadmitieron los documentos aportados por la recurrente junto a su escrito de interposición del recurso de apelación, por ser en su mayoría de fecha anterior a la interposición de la demanda, y los de fecha posterior por cuanto pudieron aportarse durante el procedimiento, además de traer causa de los primeros. Dicha resolución no ha sido recurrida.
SEGUNDO.- El acuerdo impugnado por la recurrente, propietaria del apartamento NUM001 del inmueble de autos, es el número 6 de los adoptados en la Junta de Propietarios celebrada el 6 de junio de 2016, acuerdo conforme al cual se modifican los estatutos comunitarios en el sentido de prohibirse destinar cualquier entidad privativa a apartamento turístico, hotel, hostal, residencia, pensión, albergue, alquiler con una duración inferior a 31 días o cualquier otro tipo de hospedaje y servicios similares. Dicho acuerdo fue adoptado por una mayoría de cuatro quintas partes de los propietarios con derecho a voto que representaban las cuatro quintas partes de las cuotas de participación.
Como bien se resume en la sentencia de instancia, la controversia entre las partes es de carácter jurídico, al existir disconformidad, atendida la normativa del art. 553 CCCat., en relación a la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo impugnado, la necesidad de consentimiento del propietario afectado, y la índole perjudicial del acuerdo.
Revisado en la alzada toda la prueba documental, única practicada, poco cabe añadir a los acertados y claros razonamientos del Juez de instancia. La exposición de la sentencia de instancia es exhaustiva y correcta por lo que no es necesario incidir en ella, dándola por reproducida, compartiendo la Sala sus fundados argumentos que no quedan desvirtuados por las alegaciones vertidas por la apelante en su recurso. La doctrina jurisprudencial dimanante tanto del Tribunal Constitucional (sentencias 181/98 y 187/2000) como de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sentencias 22-4 y 16-12-2010 , 15-4-2011 y 4-12-2012 ) permite y admite la motivación por remisión a una resolución anterior, cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, señalando la primera de las sentencias citadas que "... si la resolución de primer grado es acertada, la que confirma en apelación no tiene porque repetir o reproducir los argumentos, y sólo, en aras de la economía procesal, debe corregir aquéllos que resulten necesarios ( STS de 16 de octubre de 1992 ); una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juez "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquélla".
TERCERO.- Sin embargo, para dar una cumplida respuesta a las partes litigantes, debemos añadir las siguientes consideraciones:
En relación a la necesidad de que el propietario preste su consentimiento al acuerdo, el art. 553.25.4 CCCat. disponía en su redacción originaria que: " Els acords que disminueixin les facultats d'ús i gaudi de qualsevol propietari o propietària requereixen que aquest els consentí expressament". Sin embargo, tras la reforma operada por la Llei 5/2015, el texto resultante es el siguiente: " Els acords que modifiquin la quota de participació, els que privin de qualsevol propietari de les facultats d'ús i gaudi d'elements comuns i els que determinin l'extenció del règim de la propietat horitzontal simple o complexa requereixen el consentiment exprés dels propietaris afectats".
Esto es, si bien en el texto anterior se exigía el consentimiento expreso de los propietarios para autorizar un acuerdo que disminuyera sus facultades de uso y disfrute, sin distinguir entre elementos comunes o privativos, el actual texto limita esta exigencia a los casos de cambios que afecten únicamente al uso de elementos comunes. A pesar de ello, la jurisprudencia había venido entendiendo (por todas, la STSJC de 19 de mayo de 2016) que esta exigencia de consentimiento expreso no debía establecerse para los casos de acuerdos comunitarios de carácter general, sino solo en los dirigidos a un elemento concreto, puesto que interpretarlo de otro modo, es decir, imponiendo esta exigencia "dejaría vacía de contenido la posibilidad de modificar los Estatutos con el régimen de los 4/5".
La actora adquirió el apartamento mediante escritura otorgada el 17 de noviembre de 2015 (doc. 1 demanda), estando ya en vigor la nueva redacción del citado precepto que no contempla la causa que se alega en el recurso, pues se refiere exclusivamente a la limitación del uso y disfrute de los elementos comunes, lo que no es el caso, por lo que el quórum exigible para la adopción del acuerdo impugnado era el de 4/5. En conclusión, la modificación de los Estatutos no requiere del acuerdo unánime de los miembros de la comunidad, sino solo de las cuatro quintas partes, incluidas las limitaciones en el uso de los elementos privativos, según resulta de lo dispuesto en el art. 553-25, 2 en relación con el art. 553-11 del CCCat.
CUARTO.- El hecho de que tal limitación se acordara posteriormente a la compra del citado apartamento por la recurrente, no implica en este caso una restricción al uso de los elementos privativos, como pretende la recurrente en base al principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos. Y ello es así por cuanto en este caso la recurrente ni comunicó a la demandada su intención de dedicar el piso a uso turístico antes de la adopción del acuerdo impugnado, ni había iniciado la actividad de uso turístico, por lo que no puede alegar que ha sufrido perjuicio alguno.
Las STSJ de Catalunya del 19 de mayo de 2016 (ROJ: STSJ CAT 3181/2016 y ROJ: STSJ CAT 3180/2016) declaran que: "... no puede declararse "en abstracto" que la vivienda de uso turístico comporte una actividad no permitida e incompatible con la normal convivencia cuando se ubique en comunidades de viviendas de uso residencial sometidas a las reglas de la propiedad horizontal...", en ambos casos se resuelven supuestos de hecho en que un propietario ya había iniciado o tenía todas las habilitaciones precisas para desempeñar la actividad turística luego prohibida por el acuerdo comunitario impugnado, habiéndose producido todos los actos necesarios cuando los Estatutos no la negaban, circunstancias que no concurren en el presente caso, por lo que no se puede entender que, en los términos en que aparece planteada la controversia, como eventual disminución del valor de la vivienda de cara a sus posibilidades de explotación o a una futura transmisión, el acuerdo le suponga un grave perjuicio en los términos del artículo 553-31.1.b) CCCat.
Los documentos que pretendía aportar PROFINQUR con el escrito del recurso de apelación para desvirtuar este hecho, fueron inadmitidos por esta Sala por resultar extemporáneos, sin que dicha decisión fuera recurrida, por lo que deben tenerse por no aportados sin que puedan ser objeto de examen o valoración por la Sala.
Todo lo expuesto conlleva la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada.
QUINTO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas procesales al recurrente en virtud del art. 398 LEC .
Vistos los preceptos legales aplicados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de PROFINQUR S.L. contra la sentencia dictada el 1 de septiembre de 2017 por el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Barcelona en autos de juicio ordinario nº 728/2016, que se confirma, con imposición de las costas procesales de esta alzada a la apelante.
Visto el resultado de la resolución recaída, y conforme lo recogido en el punto 9 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la nueva redacción introducida por la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, BOE de 4 noviembre, con pérdida del depósito ingresado en su día para recurrir, y en sus méritos procédase a dar a éste el destino previsto en la Ley.
Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.
También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.
El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.
Lo acordamos y firmamos.
Los Magistrados :