texto Sepin
logo-Sepin
 
altaalta   recordar claverecordar clave     Usuario  usuario: clave: ENTRAR
Inicioinicio

Administrador de Finques

contenidos gestion
buscar:
lupa
reducir_texto aumentar_texto guardar imprimir pdf Enviar Asignar a carpeta
Conceptos
|
Legislación relacionada
|
  • Clasificadores del documento
    • PROPIETAT HORITZONTAL
        • Junta de Propietaris
            • Convocatòries
Referencia:SP/SENT/993240

AP Barcelona, Sec. 19.ª, 51/2019, de 7 de febrero

Recurso 465/2017. Ponente: MIGUEL JULIAN COLLADO NUÑO.

El administrador no podía convocar directamente una junta de propietarios, sino que le correspondía a la presidenta con quien está enfrentado y quien hacía unos días había convocado otra que se celebró y acordó el cese del administrador 
"... La sentencia apelada entiende que el administrador se encontraría legitimado para convocar la junta con el fin de regularizar la situación de la comunidad, obviando el visto bueno de la presidenta con fundamento justamente en la situación existente.
No podemos compartir dicha conclusión, por grave y confusa que resulte la situación en una Comunidad de propietarios, no pueden obviarse ni la soberanía que corresponde a la Junta de propietarios ni mucho menos las facultades expresamente reservadas por la Ley en el modo que antes hemos descrito a los órganos de gobierno de la Comunidad. Resulta especialmente grave que en una situación de claro enfrentamiento y constando el ejercicio de sus facultades por la presidenta de la Comunidad, igualmente sometidas al régimen de impugnación y revisión correspondiente, se pretenda amparar la actuación de quien no resulta legitimado y que, en clara rebeldía, pretende interferir en las funciones expresamente reservadas bien a la presidencia y solo en supuestos de inactividad o negativa, al resto de órganos antes descritos. La referencia de la resolución a no encontrarse cesado, en el momento de convocar la junta de 4 de junio de 2015, Romeo , por la Junta de 26 de mayo de 2015, dado que no había transcurrido el plazo de un mes desde su celebración y que la mayoría de la comunidad haya ratificado al administrador en su puesto en la junta de 4 de noviembre del 2015, resultan indiferente a tales efectos. ..."
"... Señalamos esto en cuanto en el supuesto analizado no resulta una simple infracción de las normas reguladoras de la convocatoria a Junta, ni resulta rigurosa la apreciación de los formalismos exigibles a la convocatoria a Junta cuando afectan a su propia base de gobierno de los copropietarios, única finalidad protegible. En tales circunstancias la convocatoria de una Junta, pocos días después de la efectuada por la presidenta legitimada por parte de quien ni siquiera es propietario, con la finalidad de interferir en el normal desenvolvimiento de las decisiones comunitarias por quienes resultan legitimados resulta inaceptable y requiere la radical respuesta de su nulidad en el modo pretendido en la demanda interpuesta y acorde a lo establecido en el art 553 . 31.1 CC de Cataluña. En modo alguno pueden tener amparo las actitudes y acciones de quienes pretender quebrar la vida comunitaria y de los acuerdos en que se desarrolla, por imperfectos o inadecuados que estos resulten, sino que solo cabrá acudir a los propios instrumentos legales, que antes hemos descrito, a través de los cuales los propietarios bien en los porcentajes establecidos bien a través de los medios de representación legitima, ejerciten los derechos que les correspondan. En tales circunstancias no cabe otra conclusión sino la de estimar la demanda interpuesta, revocando la resolución de instancia y declarando la nulidad de la Junta de Propietarios celebrada el día 4 de junio de 2015 y los acuerdos en ella adoptados, sin necesidad de examinar el resto de los motivos esgrimidos. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero . En fecha 26 de mayo de 2017 se han recibido los autos de Procedimiento Ordinario nº. 868/2015 - C Z, sobre nulidad de Acta de Junta de Propietarios, remitidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Barcelona, a fin de resolver el recurso de Apelación interpuesto por e/la Procurador/aAna Mª Boldu Mayor, en nombre y representación de Donato , contra la SENTENCIA Nº. 40 / 2017 dictada en fecha 17 de febrero de 2017 por el indicado Juzgado , DESESTIMATORIA de la Demanda; y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Judith Carreras Monfort, en nombre y representación de CDAD. PROP. DE C/ DIRECCION000 , NUM000 - NUM001 , DE BARCELONA.
Segundo . El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente: " Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por Don Donato , representado por la Procuradora de los Tribunales Doña ANNA MARIA BOLDÚ MAYOR, y asistido por el Letrado Doña EVA MONJE RUIZ, contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ DIRECCION000 Nº. NUM000 - NUM001 DE BARCELONA.
Se impone el pago de las costas a la parte actora. "
Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.
Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.
Se señaló para la deliberación, votación y fallo en fecha 31 / 01 / 2019.
Se designó ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. Miguel Julián Collado Nuño.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia numero 54 de Barcelona, con fecha 17 de febrero de 2017 desestimaba la demanda de procedimiento ordinario que bajo el nº 868/2015 se seguía en aquel Organo instada por Donato contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE DIRECCION000 Nº NUM000 - NUM001 de Barcelona, y las pretensiones ejercitadas, imponiendo a la actora las costas causadas. Se interpone contra este recurso de apelación por la representación procesal de la Donato , fundándose en:
A) El error en la aplicación del artículo 553 - 31 Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil De Cataluña , relativo a los derechos reales , considerando que la Junta de 26 de mayo de 2015 , no impugnada , determina inatacables los acuerdos contenidos atendiendo el plazo de caducidad de la acción de impugnación previsto en el artículo 553 - 31 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña , de dos meses a contar de la notificación del acuerdo, o de un año si es contrario al título de constitución o a los estatutos.
B) El error en la aplicación del artículo 553-21 , 26 , 27 y 29, de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil De Cataluña , relativo a los derechos reales, con base a las siguientes circunstancias y respecto de la Junta de 26 de mayo de 2015:
1. La convocatoria efectuada por la presidenta de la Comunidad en lugar del administrador (art. 553-21.2 CCC).
2. El secretario-administrador no fue citado y los vecinos no fueron convocados mediante carta en el buzón como era la práctica habitual de la Comunidad.
3. No mediaron 8 días entre la convocatoria y la junta sin urgencia que pudiera justificarlo. (art. 553-21 puntos 2 y 3).
4. El acta fue redactada por el propio actor como secretario y está firmada por la presidenta, figurando como " reunión extraordinaria " y no Junta (art. 553-27 CCC).
5. Finalmente, el acta no fue notificada individualmente a los vecinos sino mediante su inserción en el tablón de anuncios de la Comunidad; de este modo los acuerdos adoptados no serian ejecutivos por esta falta de notificación (art. 553-29 CCC) sin que hubiera transcurrido el mes para que los copropietarios ausentes pudieran oponerse a los acuerdos (art. 553-26 CCC). De este modo las Juntas de 4 de junio de 2015 y de 4 de noviembre de 2015, se pronunciaron de modo divergente con lo decidido en la de 26 de mayo de 2015.
C) El error en la aplicación del artículo 553-21, de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil De Cataluña , relativo a los derechos reales, con base a la consideración que la situación real de la Comunidad no legitimaba al administrador para convocar la Junta de 4 de junio de 2015, ni puede achacarse a la presidenta de la Comunidad inactividad o negativa a convocar ninguna Junta, resultando que la convocatoria la efectuó el Administrador con base a sus propios intereses.
D ) El error en la aplicación del artículo 553-21 , de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil De Cataluña , relativo a los derechos reales , añadiendo a lo anterior , esto es , la situación real de la Comunidad que no legitimaba al administrador para convocar la Junta, ni podía achacarse a la Presidenta de la Comunidad inactividad o negativa a convocar ninguna Junta, en cuanto el Administrador que efectuó la convocatoria de la Junta de 4 de junio de 2015 no era el Secretario de la Comunidad .
E) Error en la valoración de la prueba respecto de la Junta de 4 de junio de 2015, en cuanto el actor no habría sido citado a la misma; añadiendo los motivos que expone.
La contraria, en escrito presentado, interesó su plena confirmación.
SEGUNDO.- Comprobados los términos de la litis en esta alzada y constatada la controvertida situación que se produce en el seno de la Comunidad no limitada a la presente , trataremos de ordenar de un modo lógico las distintas cuestiones planteadas y principiaremos por la descripción inicial de la demanda , en al que el actor interesa la nulidad e la Junta de 4 de junio de 2015 y los acuerdos contenidos en la misma , en cuanto se habría celebrado por convocatoria del administrador Romeo y con la oposición explícita de la presidenta Claudia . Se indica como, dictada sentencia de 1 de abril de 2015 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Barcelona que declaraba nulo el segundo acuerdo de la junta de 13 de diciembre de 2013, relativo al cese del administrador, la presidenta de la Comunidad requirió mediante burofax al administrador para convocar Junta Extraordinaria, a lo que este se opuso. Posteriormente la presidenta convocó el 22 de mayo de 2015 Junta a través del tablón de anuncios, celebrada el 26 de mayo de 2015 y en la que se decidió el cese del administrador y el nombramiento de otro profesional. Posteriormente Romeo habría convocado la Junta de 4 de junio de 2015, de la cual se pretende su nulidad al no haberse convocado por la presidenta de la Comunidad, que tampoco dio el visto bueno al texto del anuncio, también por cuanto Romeo no ostentaba ya el cargo de administrador al haber sido acordado su cese en la junta de 26 de mayo del 2015; que esta Junta no le fue notificada ni expuesta en el tablón de anuncios de la comunidad. Añade finalmente la exclusión de 38 propietarios morosos sin derecho a voto, aludiendo a la situación de confusión en la gestión desde el año 2013 que habría motivado a la presidenta prohibir al administrador la emisión de los recibos.
En esta situación la sentencia de instancia destaca el enfrentamiento producido en el seno de la Comunidad alineando a los propietarios en dos bandos, uno encabezado por el administrador Romeo y el otro por la presidenta Claudia . Igualmente alude la resolución ahora apelada el contenido de la sentencia de 1 de abril de 2015 del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Barcelona , que abunda en dicho enfrentamiento y señala " las deficiencias, irregularidades, imprecisiones, confusión, caos y tensión en que se celebró la junta ", con dos convocatorias distintas y tres versiones del acta , concluyendo en que el acta no refleja debidamente el contenido de lo actuado en la junta y no puede dar por probado que el resultado de la votación fuera favorable al cese del administrador ni tampoco lo contrario , mas concluyendo que la nulidad declarada implica en la práctica que el administrador lo seguiría siendo a salvo de lo que se pueda acordar en una nueva junta con mayor orden y claridad.
Continua la sentencia recurrida describiendo la situación provocada tras el dictado de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 , asi la presidenta Claudia envía el 7 de mayo 2015 un burofax al administrador Romeo , solicitando el estado de cuentas de la Comunidad y el listado de los propietarios para convocar la próxima junta indicando como lo efectuará la presidenta y lo notificará a los propietarios , incluyendo en la convocatoria el nombramiento de administrador . Romeo , el 11 de mayo de 2015 contesta a la presidenta poniéndose a su disposición para remitir la convocatoria y fijar los anuncios que deben estar firmados por el secretario (art. 553-21.2 CCC) proponiendo como fecha de la junta la semana de 1 al 4 de junio. El 14 de mayo de 2015, el administrador Romeo dirige nueva comunicación a la presidenta poniéndose otra vez a su disposición para la convocatoria de junta e indicándole que custodia en su despacho la documentación de las cuentas o los datos de los domicilios de los vecinos, recibida el 3 de junio de 2015.
La sentencia analiza las circunstancias de la junta de 26 de mayo de 2015 considerando que la convocatoria la hizo unilateralmente la presidenta a través de la colocación de un anuncio en el tablón de la CP y en los ascensores el día 22 de mayo de 2016 , lo que excluiría la convocatoria por el administrador , que tampoco fue citado; los vecinos no fueron convocados mediante carta en el buzón como era la práctica habitual de la CP; no median 8 días entre la convocatoria y la junta cuando no existía urgencia que pudiera justificar que no se esperase el plazo legal . El acta se redacta por el propio actor como secretario y está firmada por la presidenta, como correspondiente a una "reunión extraordinaria", no se notifica a cada uno de los vecinos, sino que se coloca en el tablón de anuncios de la CP. Sobre los acuerdos adoptados , concretamente el cese del administrador, entiende que no son ejecutivos al no notificarse debidamente a los copropietarios (sin que pudiera conocerse el resultado definitivo de la votación al no haber transcurrido el plazo de un mes desde la notificación para que los copropietarios ausentes puedan oponerse a los acuerdos , a lo que añade como las juntas de 4 de junio de 2015 y de 4 de noviembre de 2015, la mayoría votó en contra de lo decidido el 26 de mayo de 2015.
Tras esta descripción, ya afronta el Juzgador de instancia el examen de la Junta de 4 de junio de 2015, justamente la impugnada en la demanda. Expresa como fue convocada por el administrador de la comunidad Romeo , entiende que dado que el art. 553-21.1 CCC permite al secretario esta convocatoria en caso de negativa o inactividad del presidente y como , en los términos antes expuestos , existía un fuerte enfrentamiento entre la presidenta y este ; la situación de la Comunidad era de confusión, incertidumbre y caos desde hacía dos años, sin juntas ni cuentas ni recibos y ante la convocatoria de la presidenta de la junta de 26 de mayo de 2015 ,el secretario-administrador se encontraría legitimado para convocar la junta a fin de que se regularizase la situación de la comunidad , sin que requiriera contar con el visto bueno de la presidenta habida cuenta de la situación existente. También entiende el Juzgador que , en el momento de convocar la junta de 4 de junio de 2015 , Romeo no había sido cesado en el cargo de forma efectiva por la Junta de 26 de mayo de 2015, , dado que no había transcurrido el plazo de un mes desde su celebración , a los efectos del computo de votos del art. 553-26 CCC; en segundo término, porque los acuerdos no se notificaron a los propietarios debidamente sino que simplemente se colocó un acta en el tablón de anuncios (art. 553-29 CCC) , entiende que la convocatoria se tuvo que hacer con antelación y , finalmente que la mayoría de la comunidad ha ratificado al administrador en su puesto en juntas de 4 de junio de 2015 y 4 de noviembre del 2015 .
Siguiendo su examen , la sentencia entiende que en la convocatoria de la junta de 4 de junio de 2015 constaba la lista de los propietarios con deuda pendiente ; describe la situación de caos e incertidumbre en esta materia desde 2013 , no habiendo sido aprobadas ni las cuentas del 2013 y 2014 y sin que existiera presupuesto para el año 2015 ni siquiera se hubiesen girado los recibos y concluye que no puede considerarse moroso al actor a efectos de privarle del derecho a acudir a la vía judicial atribuyéndole legitimación al mismo asi como al resto de propietarios que fueron considerados morosos y a los que se privó del derecho al voto.
TERCERO. Efectuada la extensa descripción del contenido de la sentencia de instancia asi como de la posición incorporada por las partes y volviendo a constatar la difícil relación y convivencia de los miembros de la Comunidad con notorios y continuos conflictos con transcendencia jurídica procesal y extraprocesal , y deseando su solución en el seno de la propia Comunidad , en el supuesto examinado se hace imprescindible la delimitación de lo que sea objeto de pronunciamiento , que solo abarcará la impugnación efectuada sobre la Junta celebrada el 4 de junio de 2015 . Los antecedentes y valoraciones contenidas en la sentencia recurrida sobre la Junta de 26 de mayo de 2015 , carecen de eficacia sustantiva que no procesal como elementos facticos a considerar sobre la decisión que corresponda al concreto y único objeto litigioso que nos ocupa. En el mismo sentido carece de congruencia la impugnación que se efectúa por la recurrente sobre los pronunciamientos del Juzgador de instancia relativos a la constitución , convocatoria o incidencias de la Junta de 26 de mayo de 2015 en cuanto ni la demanda que ha dado lugar al examen de estas actuaciones ni la contestación efectuada ha incorporado mediante reconvención objeto de decisión atinente a la validez de dicha Junta ; de esta manera solo podrá servir dicho relato , eliminada toda valoración , como circunstancia de hecho relevante en la medida que haya tenido influencia en la única decisión que corresponde a esta Sala , la referida a la demanda entablada respecto de la Junta celebrada el 4 de junio de 2015 . En este sentido recordar la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional, en auto de 12 de septiembre de 2007 , delimitando el contenido y alcance de la incongruencia extra petitum, con cita del auto 323/2003, de 20 de octubre , y de la sentencia 45/2003, de 3 de mayo , en los siguientes términos:
"La incongruencia por exceso o extra petitum es un vicio procesal que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, pues tal conducta implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución y los términos del debate en el que las partes formularon sus pretensiones en el proceso judicial previo. La incongruencia extra petitum constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de parte que impide al órgano judicial, en los procesos presididos por estos principios, pronunciarse o decidir sobre las pretensiones que no hayan sido planteadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, que deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o la realidad histórica que sirve como razón o causa de pedir (causa petendi), pero sólo alcanzará relevancia constitucional cuando, a través de ella, se produce un pronunciamiento sobre alguna cuestión o materia sobre la que los litigantes no han tenido oportunidad de pronunciarse contradictoriamente, salvo que se trate de una cuestión de orden público procesal o no suponga una alteración del objeto del proceso. Todo ello explica que, como hemos declarado reiteradamente, los Jueces y Tribunales no quedan vinculados rígidamente al tenor literal de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo, ya que, de una parte, el principio iura novit curia permite al Juez fundar su fallo en los preceptos legales o en las normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocados por los litigantes; y, de otra, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones deducidas, tal y como hayan sido formalmente presentadas por los litigantes. Por ello hemos afirmado que no se vulnera el art. 24.1 CE cuando el Juez o Tribunal decide o se pronuncia sobre una pretensión que, aun cuando no haya sido formal o expresamente formulada, resulte implícita o sea consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso ( STC 173/2002, de 9 de octubre ), pues "ni la congruencia implica 'un ajuste literal a las pretensiones' ( SSTC 142/1987, de 23 de julio, FJ 3 ; y 182/2000, de 10 de julio , FJ 3) ni el principio iura novit curia exige a los Tribunales 'la carga de someter servilmente el razonamiento jurídico que les sirve de motivación para el fallo, a las alegaciones de los litigantes' ( STC 87/1994, de 14 de marzo , FJ 4)"".
CUARTO. De este modo , y en relación con la Junta de 4 de junio de 2015 , resulta indiscutido que fue convocada por el administrador de la comunidad Romeo , justificándose en la sentencia apelada dicha actuación al entender que el art. 553-21.1 CCC permite al secretario esta convocatoria en caso de negativa o inactividad del presidente y como , en los términos que describe en relación justamente con el contenido de la sentencia de 1 de abril de 2015 del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Barcelona , el enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad y la situación constatada de confusión, incertidumbre y caos desde hacía años, sin juntas ni cuentas ni recibos y ante la convocatoria de la presidenta de la junta de 26 de mayo de 2015 . Evidentemente y sin necesidad de modificar el relato incluido en la sentencia, si algo no se constata es negativa o inactividad de la presidenta de la Comunidad, en cuanto justamente había convocado y celebrado la Junta de 26 de mayo de 2015. De otro lado señalar que el art 553.16.1.a atribuye a la presidencia de la Comunidad la convocatoria y presidencia de las reuniones de la Junta de Propietarios e igualmente , en su apartado d, velar por el buen funcionamiento de la comunidad y por el cumplimiento de los deberes del secretario y del administrador , funciones que solo resultan delegables en el vicepresidente , si lo hubiere , a quien igualmente le corresponde sustituir a aquella en caso de e muerte, imposibilidad, ausencia o incapacidad de su titular. Por ultimo, destacar como el art 553.15 .1 obliga a que dicho cargo recaiga en un propietario necesariamente.
En la descripción de las funciones del administrador, art 553.18, tampoco hallamos sino actuaciones de gestión, ejecución y control de gasto mas nunca de dirección de la Comunidad; en el mismo sentido el art 553.17, en relación con el secretario de la Comunidad. La trascendencia de la convocatoria, delimitación de su contenido y dirección de la Junta de propietarios resulta especialmente sensible en cuanto, tal y como reconoce el art 553.19, resulta aquel el órgano supremo de la Comunidad y asi se atribuye la legitimación para su convocatoria bien al presidente o el porcentaje de propietarios descrito en el art 553.20 o bien en forma de asamblea general y unánime de los propietarios. El art 553.21, en su redacción posterior a la Ley 5/2015 , igualmente no abandona dicha legitimación cuando establece que será la presidencia quien convoque las reuniones de la junta de propietarios y solo en los supuestos de vacante, inactividad o negativa de la presidencia, la vicepresidencia o los propietarios que promueven la reunión de acuerdo con el artículo 553-20.2.
En el momento de efectuarse la convocatoria de la Junta de 4 de junio de 2015, es cierto que el art 553.21 establecía, para la convocatoria la misma legitimación para la presidencia y, en caso de inactividad o negativa, la vicepresidencia o la secretaría o, en caso de vacante, negativa o inactividad de estas, a quienes promovieren la reunión. Como podemos comprobar la Ley ha eliminado en la actualidad dicha facultad para la secretaria mas se mantiene el examen de las circunstancias para su ejercicio en su momento conforme a la vigente en la fecha de la celebración, que no son otras que las correspondientes a la inactividad o negativa de la presidencia. La sentencia apelada entiende que el administrador se encontraría legitimado para convocar la junta con el fin de regularizar la situación de la comunidad, obviando el visto bueno de la presidenta con fundamento justamente en la situación existente.
No podemos compartir dicha conclusión, por grave y confusa que resulte la situación en una Comunidad de propietarios, no pueden obviarse ni la soberanía que corresponde a la Junta de propietarios ni mucho menos las facultades expresamente reservadas por la Ley en el modo que antes hemos descrito a los órganos de gobierno de la Comunidad. Resulta especialmente grave que en una situación de claro enfrentamiento y constando el ejercicio de sus facultades por la presidenta de la Comunidad, igualmente sometidas al régimen de impugnación y revisión correspondiente, se pretenda amparar la actuación de quien no resulta legitimado y que, en clara rebeldía, pretende interferir en las funciones expresamente reservadas bien a la presidencia y solo en supuestos de inactividad o negativa, al resto de órganos antes descritos. La referencia de la resolución a no encontrarse cesado, en el momento de convocar la junta de 4 de junio de 2015, Romeo , por la Junta de 26 de mayo de 2015, dado que no había transcurrido el plazo de un mes desde su celebración y que la mayoría de la comunidad haya ratificado al administrador en su puesto en la junta de 4 de noviembre del 2015, resultan indiferente a tales efectos.
Las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1992 y de 9 de diciembre de 1993 , analizando supuestos de concurrencia entre la Junta convocada por la Presidencia y la convocada por los propietarios, atendía de estos hechos, que no se constataba pasividad alguna a remediar. También una antigua sentencia de esta misma Audiencia Provincial, de 13 de febrero de 1989, describía como " simple reunión " la convocatoria no realizada por el presidente de la Comunidad. Igualmente esta Audiencia Provincial , asi Sentencia de la Sección 17ª de 14 de julio de 2011 , y de la Sección 11ª , de 8 de marzo de 2013 , ha venido entendiendo que no toda vulneración de las normas reguladoras de la convocatoria a Junta, aunque tengan naturaleza imperativa, justifica su declaración de nulidad, ya que no cabe interpretar los formalismos exigibles a la convocatoria a Junta de manera rigorista, sin tener en cuenta la finalidad que cumplen, pues ello podría desembocar en una indeseada paralización del normal funcionamiento de la comunidad . También el Tribunal Supremo ha señalado , sentencia de 1 de marzo de 2001 , que la exigencia de ajustar el ejercicio de los derechos a las pautas de la buena fe, según lo previsto artículo 7.1 del Código Civil , constituye un principio informador de todo el ordenamiento jurídico que exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan al comportamiento considerado como honrado y justo y , en sentencia de 4 de julio de 1997 , por todas , señala que se falta a la buena fe cuando se va contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación, o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella, de modo que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro, vulnerando la contradicción con los actos propios las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las que, lejos de carecer de trascendencia, determinan el que el ejercicio del derecho se torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impugnarlo por antijurídico.
Señalamos esto en cuanto en el supuesto analizado no resulta una simple infracción de las normas reguladoras de la convocatoria a Junta, ni resulta rigurosa la apreciación de los formalismos exigibles a la convocatoria a Junta cuando afectan a su propia base de gobierno de los copropietarios, única finalidad protegible. En tales circunstancias la convocatoria de una Junta, pocos días después de la efectuada por la presidenta legitimada por parte de quien ni siquiera es propietario, con la finalidad de interferir en el normal desenvolvimiento de las decisiones comunitarias por quienes resultan legitimados resulta inaceptable y requiere la radical respuesta de su nulidad en el modo pretendido en la demanda interpuesta y acorde a lo establecido en el art 553 . 31.1 CC de Cataluña. En modo alguno pueden tener amparo las actitudes y acciones de quienes pretender quebrar la vida comunitaria y de los acuerdos en que se desarrolla, por imperfectos o inadecuados que estos resulten, sino que solo cabrá acudir a los propios instrumentos legales, que antes hemos descrito, a través de los cuales los propietarios bien en los porcentajes establecidos bien a través de los medios de representación legitima, ejerciten los derechos que les correspondan. En tales circunstancias no cabe otra conclusión sino la de estimar la demanda interpuesta, revocando la resolución de instancia y declarando la nulidad de la Junta de Propietarios celebrada el día 4 de junio de 2015 y los acuerdos en ella adoptados, sin necesidad de examinar el resto de los motivos esgrimidos.
QUINTO. En relación con las costas causadas, las correspondientes a la instancia, considerado el contenido del art 394 LEC , serán impuestas en su totalidad a la demandada mientras que las relativas a esta alzada, a tenor de lo establecido en al art 398,2 LEC no lo serán a parte alguna.
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY.
FALLAMOS
LA SALA, ACUERDA: QUE ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Donato contra la sentencia de 17 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia numero 54 de Barcelona en el procedimiento ordinario nº 868/2015, del que el presente Rollo dimana , debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la indicada resolución y en su lugar , DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda formulada por Donato contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA DIRECCION000 Nº NUM000 - NUM001 de Barcelona declarando la nulidad de la Junta de 4 de junio de 2015 y los acuerdos adoptados en su seno , con imposición de las costas de la instancia a la demandada mientras que las de esta alzada no conllevaran especial pronunciamiento .
Por último, respecto al depósito que ha constituido la parte recurrente, debe acordarse lo que proceda conforme a lo dispuesto en la DA 15ª de la LOPJ .
Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC ) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC ) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.
También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.
El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma y, una vez firme, remítase tesdtimonio de la misma, junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Lo acordamos y firmamos.
Los Magistrados :