La crisis financiera y económica de origen internacional que se ha desarrollado desde mediados de 2007, con efectos palpables en España desde principios de 2008, ha quebrado la larga senda de crecimiento económico y del empleo, que vivió la economía española desde mediados de los noventa y ha tenido como consecuencia más grave, una intensa destrucción de empleo y el consecuente aumento del desempleo hasta cantidades que suponen una auténtica alarma social. Desde la inflexión del ciclo alcista a finales de 2007, hasta finales de 2013, la tasa de desempleo pasó del 9 % al 26 %. Un desempleo de esa magnitud constituye el primer problema para los ciudadanos y sus familias y supone un lastre inasumible a medio plazo para el desarrollo económico y para la vertebración social de nuestro país.

La batería de reformas que se ponen en marcha desde 2010, pretenden como no podía ser de otra forma, recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo. Constituye en estos momentos una exigencia unánime del conjunto de la sociedad y, en consecuencia, constituyeron el objetivo último fundamental de todas las políticas públicas. Es indudable que la principal y directa causa de la pérdida de empleo durante los últimos dos años, ha sido la caída de la actividad productiva. En España la incidencia de esta contracción productiva sobre el empleo ha sido superior a la sufrida en otros países. No hay dudas en señalar como responsables de este negativo comportamiento, por un lado, las