A modo de reflexión inicial, hay que aseverar algo a todas luces reconocido por todos, el mayor problema social que padece este país y que se ha enquistado desde los inicios de la crisis del petróleo en 1973 es el desempleo. Los agentes sociales e institucionales así lo reconocen y califican el problema de dramático para aquellos que lo padecen.

El desempleo es producto de desequilibrios económicos de muy diversa índole. Los desajustes que lo provocan tienen un doble componente, de naturaleza endógena y exógena. A los que son producto y efecto de la economía mundial, hay que añadir el agravamiento de la situación en España, producto de las peculiares características de la economía española. La alternancia en el poder típico del sistema democrático y los continuos cambios legislativos operados desde los llamados Pactos de la Moncloa, donde cada opción política ha querido marcar su impronta y resolver el problema a modo de parches y por lo tanto incidiendo en el corto plazo, han hecho poco estable el sistema jurídico-institucional, en el que se asienta el marco legislativo regulador del mercado de trabajo. Con toda seguridad, la rigidez atribuida al mercado de trabajo es producto de la legislación laboral estatal, como también lo es, la que ha venido suponiendo hasta ahora la negociación colectiva, prevaleciendo el ámbito sectorial y provincial, en detrimento de la negociación de naturaleza empresarial. El resultado de ello, los niveles insoportables de desempleo que nos encu