CARGANDO...
SP/DOCT/122166

Artículo Monográfico. Mayo 2023

El recargo en el IBI por las casas vacías tras la modificación operada por la Ley por el derecho a la vivienda

Departamento Jurídico de Sepín
RESUMEN

La nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda establecer la posibilidad de aplicar un recargo de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 50% y que podrá llegar hasta el 150% del tributo en caso de inmuebles desocupados.

PALABRAS CLAVE

Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, recargo, cuota líquida, Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Gestión Documental
Introducción
La nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (SP/LEG/40006), regula la capacidad de los ayuntamientos en aplicar un recargo de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI en sucesivas), permitiendo la imposición de un incremento de hasta el 50% a titulares de cuarto o más propiedades, y que podrá llegar hasta el 150% en el caso de situarse dos o más inmuebles desocupados en el mismo término municipal.
Partiendo de la definición de vivienda y vivienda desocupada o vacía, procedemos a analizar los principales efectos de esta modificación del tributo local.
¿Qué es vivienda?
Definida en el artículo 3 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, se define vivienda como edificio o parte de un edificio de carácter privativo y con destino a residencia y habitación de las personas, que reúne las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas legalmente, pudiendo disponer de acceso a espacios y servicios comunes del edificio en el que se ubica, todo ello de conformidad con la legislación aplicable y con la ordenación urbanística y territorial.
¿Qué se entiende por inmueble habitable?
La Ley no contiene una definición de inmueble habitable o residencial si bien en la práctica se entiende que ostentan este carácter los edificios o parte de edificios que dispongan de cédula de habitabilidad.
¿Quién debe pagar el IBI?
Se consideran sujetos pasivos del IBI y obligados al pago aquellas personas, físicas o jurídicas, que ostenten un derecho sobre un inmueble de concesión administrativa o sobre servicios públicos a los que se hallen afectos estos; un derecho real de superficie; el derecho real de usufructo o; sean propietarios.