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TSJ Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 200/2016, de 15 de abril. Recurso 261/2014

Ponente: INMACULADA RODRIGUEZ FALCON
SP/SENT/861733
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 Existe interrupción de la prescripción de la acción de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna relación al IGIC por las actuaciones dirigidas a comprobar la misma exención en relación al ITPAJD
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 VOTO PARTICULAR
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se interpuso recurso contencioso administrativo por el Procurador don Armando Villavicencio Delgado, en representación de VILLAVICENCIO 9, PROMOCIONES INMOBILIARIAS contra la Resolución de la Junta Territorial Económico Administrativa de 21 de abril de 2014, formulándose en el momento procesal oportuno la demanda interesando la anulación de la Resolución recurrida.
SEGUNDO.- El Sr. Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias oponiéndose a las pretensiones formuladas por la parte actora suplicando la desestimación.-
TERCERO.- No se recibió el proceso a prueba, se señaló día para votación y fallo del presente recurso, reuniéndose la Sala, y no conformándose el Magistrado ponente inicialmente designado don Francisco José Gómez de Lorenzo Cáceres con el voto de la mayoría declinó la redacción de la Sentencia, encomendando el Presidente la redacción de la
misma a la Magistrada doña Inmaculada Rodríguez Falcón, que expresa el parecer mayoritario de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la Resolución de la Junta Territorial Económico Administrativa de las Palmas de 21 de abril de 2014, que desestimó las reclamaciones económicos administrativas JT 35/12/126 contra la liquidación provisional 356012006310021538 relativa al Impuesto General Indirecto Canario, devengado con ocasión de la compraventa formalizada el 4 de diciembre de 2006, por la que resultaba un importe a ingresar de 16.141,53€
Como motivos de impugnación el recurrente esgrime la prescripción del derecho de la Administración a ejercitar la acción de liquidación de la obligación tributaria, ya que computado el plazo desde la compra del inmueble el 4 de diciembre de 2006, hasta la notificación de la liquidación de la deuda tributaria el 9 de febrero de 2012 se advierte que transcurrió con creces el plazo de cuatro años establecido por el artículo 66 de la LGT . El recurrente, en su tesis, niega virtualidad como actos interruptivos de la prescripción al requerimiento de documentación y la liquidación provisional realizada por la Administración Tributaria en relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La cuestión de fondo es resolver si las actuaciones iniciadas por la administración el 5 de enero de 2011 en un procedimiento de comprobación limitada para regularizar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de Actos Jurídicos Docume