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SP/DOCT/121920

Encuesta Jurídica. Abril 2023

La disposición final novena de la Ley de Empleo ha suprimido el apartado d) del artículo 148 de la Ley de la Jurisdicción Social. ¿Qué efectos prácticos implica esta modificación?

Coordinador: Alberto Sierra Villaécija. Director Técnico de Sepín Laboral y Seguridad Social. Abogado
RESUMEN

Valoración de la supresión del apdo. d) del artículo 148 de la Ley de la Jurisdicción Social por la Disposición Final 9ª de la nueva Ley de Empleo que supone la supresión del procedimiento de oficio y conlleva que el acta administrativa de la ITSS que declare la relación como laboral será plenamente ejecutiva, sin tener que esperar al reconocimiento hasta la sentencia firme del orden social.

PALABRAS CLAVE

Procedimiento de oficio, actas de infracción, actas de liquidación, Inspección de Trabajo y de Seguridad Social

Gestión Documental
Biurrun Mancisidor, Garbiñe
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
 La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo (SP/LEG/39449) – BOE de 1 de marzo – contiene una muy breve Disposición Final novena a cuyo tenor "Se suprime el apartado d) del artículo 148 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social".
Y mantiene la regulación anterior, esto es, el procedimiento de oficio, respecto de aquellas demandas cuya admisión a trámite se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, esto es, antes del 2 de marzo de 2023, según se dispone en su Disposición Transitoria quinta en relación con la Disposición Final decimosexta.
La Disposición Final novena que se comenta se introdujo en el trámite parlamentario de la Ley mediante una enmienda – la n.º 383, por si quieren consultarla – del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Socialista. En dicha enmienda se contiene una amplia justificación según la cual, resumidamente expresado, el procedimiento de oficio ahora suprimido era innecesario; que era iniciado por la propia Administración Pública y no por las partes de la relación laboral siendo así que la Administración goza de la autotutela administrativa, autotutela que hace mucho más eficaz el carácter tuitivo típico del derecho laboral al reforzarse con las competencias propias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la Administración de la Seguridad Social en la medida en que pueda