La incapacidad del deudor de hacer frente a los compromisos económicos adquiridos constituye el riesgo principal que asume el acreedor, que como actividad empresarial se embarca en el negocio crediticio. A pesar de que, en principio, si nos abstraemos de los elevados intereses que conjuran los riesgos de unas operaciones por otras, resulta extraño que en determinados tipos de crédito (me refiero a los conocidos créditos rápidos en torno a 3.000 euros), se otorgue al consumidor financiación sin asegurar apenas el empresario la posibilidad de recuperar su importe con los correspondientes intereses, lo cierto es que toda actividad mercantil comporta un riesgo que el empresario que se aventure a su desarrollo debe asumir. En nuestro caso, la insolvencia y la morosidad son estos riesgos, aunque normalmente sean no atenuados sino completamente neutralizados por las cautelas y garantías exigidas por el otorgante de la financiación.

Expuesta ya la existencia de un riesgo inherente a toda actividad mercantil, es de justicia también que el empresario asuma, al menos en parte, una cuota de esos riesgos. En toda actividad comercial le es exigida al comerciante una debida diligencia en la llevanza de su negocio. Así también en la intermediación financiera debe exigírsele un mínimo deber de cuidado en el otorgamiento de financiación, lo que impone el estudio o examen de la solvencia del prestatario. Esta diligencia se relaja en ocasiones en la financiación de pequeñas compras o la concesión de los denominados microcréditos, tan frecuentes en espacios televisivos matutinos. La concesión de un crédito "al instante" según ofertan distintas entidades, sin el menor examen de la capacidad de endeudamiento del peticionario (basta la presentación del DNI o tarjeta de resid