1. El 3 de agosto de 2021 tuvo entrada en el registro de este tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado del Estado, en representación del presidente del Gobierno, contra el artículo 4 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de viviendas con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. El precepto impugnado introduce un nuevo apartado tercero en el artículo 9 de la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015, y de la Ley 42/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda.

Los motivos del recurso, sucintamente expuestos, son los siguientes:

El abogado del Estado comienza aludiendo al reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña. Señala que, frente al silencio de la norma impugnada respecto a los títulos competenciales que avalarían este precepto, ha de entenderse que son los mismos que resultan aplicables al art. 9 de la Ley 11/2020, en concreto, las competencias autonómicas en materia de Derecho civil [art. 129 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)] y vivienda (art. 137 EAC).