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Informes y Conclusiones. Noviembre 2021

SP/DOCT/114631

Medidas fundamentales del Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. (Aprobado por Consejo de Ministros, 26 de octubre de 2021)

Departamento Jurídico de Sepín Arrendamientos Urbanos
RESUMEN

Medidas aplicables a partir de la entrada en vigor de la Ley estatal, cuyo texto definitivo del Anteproyecto ha sido aprobado el 26 de octubre por el Consejo de ministros, y que se remite a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Measures applicable as from the entry into force of the State Law, the final text of which was approved on October 26 by the Council of Ministers, and which is being sent to the Spanish Parliament for parliamentary processing.

PALABRAS CLAVE

Alquiler de vivienda, Ley estatal de vivienda

Rental housing, State housing law

Exponemos cuáles serían las medidas que resultarían aplicables a partir de la entrada en vigor de esta Ley, cuyo texto definitivo del Anteproyecto ha sido aprobado el 26 de octubre por el Consejo de ministros, y que se remite a las Cortes para su tramitación parlamentaria, que se augura será larga, resaltando además que, en algunas cuestiones, se otorga un plazo de 18 meses para la aplicación de sus medidas, computadas desde la entrada en vigor de la LAU. Por tanto, queda mucho camino aún por recorrer hasta que las mismas sean realmente efectivas.
I. Registro de contratos de arrendamiento de vivienda. La Disposición Adicional Primera establece la creación de un registro de contratos de arrendamiento de vivienda, que estará vinculado a los actuales registros autonómicos de fianzas de las comunidades autónomas y al Registro de la Propiedad, con el objeto de incrementar la información disponible para el seguimiento de las medidas, reforzando la coordinación con las comunidades autónomas en materia de intercambio de información sobre la vivienda en alquiler.
II. Límites al alquiler en zonas tensionadas. La Disposición Final Primera establece un mecanismo de carácter excepcional y acotado en el tiempo, para intervenir en el mercado, con el fin de amortiguar las situaciones de tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta