La licitud de la prueba de detectives en el marco laboral aparece expresamente reconocida por el TS en su Sentencia de 19 de julio de 1989 (sentencia nº 722) y que dichos informes, en principio, no resultan incardinables en ninguno de los supuestos de hecho admitidos excepcionalmente como intromisiones legítimas en los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen a partir de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, ya que, el testimonio de detectives contratados para controlar la actividad desarrollada por un trabajador no es, en principio, y salvo que se valiera de métodos no legítimos para obtener la información, medio de prueba que vulnere el derecho a la intimidad de las personas.

La doctrina del Tribunal Constitucional, destacando entre otras, la STC 186/2000, ha fijado los requisitos exigibles para la validez de estos medios de control o de vigilancia empresarial. Dicha sentencia analiza un supuesto en el que "la medida de instalación de un circuito cerrado de televisión que controlaba la zona donde el demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de la comisión por parte del recurrente de graves irregularidades en su puesto de trabajo); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si el trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondiente