En el ámbito de las relaciones laborales, con obligaciones recíprocas entre las partes, se hace preciso efectuar una previa y necesaria delimitación de bienes e intereses de relevancia constitucional, esto es, entre los derechos del trabajador a la dignidad, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, y a la protección de datos ex artículos 10, 18.1, 18.3 y 18.4 de la Constitución, y el poder de dirección y control de la actividad por parte del empresario ex artículos 18 y 20 del Estatuto de los Trabajadores.

Este último, el poder de dirección y control de la actividad por parte del empresario, es imprescindible para la buena marcha de la organización productiva –reflejo de los derechos proclamados en los artículos 33 y 38 de la Constitución Nota – y se reconoce expresa y explícitamente en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, de modo que se atribuye al empresario la facultad de "adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana Nota y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso"