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SP/SENT/1069271

TSJ Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 2.ª, 182/2020, de 18 de junio

Recurso 64/2020. Ponente: EVARISTO GONZALEZ GONZALEZ.
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 No procede la adopción de medidas cautelares por aplicación del criterio de apariencia de buen derecho al no estar ante un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general declarada previamente nula de pleno derecho
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Se aceptan los del Auto apelado.
Segundo.- Por Auto sin fechar, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife acuerda en la pieza separada de medidas cautelares de su procedimiento abreviado 612/2019, como sigue:
"1º) Desestimar la solicitud de adopción de medidas cautelares, no acordando la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado.
2º) Con condena en costas de la parte actora, por las causadas por la tramitación de la presente pieza separada."
Tercero.- El día 14 de febrero de 2020 se interpone recurso de apelación por el interesado.
Cuarto.- El día 17 de marzo de 2020 se presenta oposición por parte de la Universidad.
Quinto.- El día 10 de junio de 2020 se declara el recurso concluso para sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De acuerdo con el artículo 130.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso administrativa, (LJCA) previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. La adopción de una medida cautelar no es, por tanto, ni efecto automático ni regla común, sino excepción.
Segundo.- No puede concederse una medida cautelar allí donde no concurre el presupuesto no sólo del periculum in mora, sino también del fumus boni iuris y así lo viene declarando la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
En este sentido, la sentencia de la referida Sala de fecha 3 de julio de 2007, afirma:
"La apariencia de buen derecho o "fumus boni iuris" no es un criterio desdeñable a la hora de tomar decisión sobre la adopción de medidas cautelares; ni lo fue en la jurisprudencia anterior a la Ley 29/1998, ni lo es en la que complementa lo dispuesto en ésta. Ese criterio, aun siendo objeto de seria controversia y de aplicaciones no siempre coincidentes, no parece que pueda ser desatendido; bien para evitar que a través de demandas de todo punto infundadas se perturbe el interés público o los derechos de terceros; bien para evitar que la necesidad de acudir al proceso corra en perjuicio de quien aparentemente tiene toda la razón; bien, en
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