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SP/SENT/1086032

TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 2.ª, 4796/2020, de 20 de noviembre

Recurso 531/2019. Ponente: JORDI PALOMER BOU.
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 La cuantía de las cuotas que sustentan el acto administrativo impugnado, impide la apelación de la sentencia dictada, atendido el importe del presupuesto material de ejecución de las obras a que se refiere el acto recurrido de legalización y derribo
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado Contencioso Administrativo 6 Barcelona dictó en el Procedimiento Ordinario nº 22/2015, la Sentencia nº 150/2019, de fecha 25 de junio de 2019, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "PRIMERO.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Alfredo contra la resolución de Alcaldía del Ajuntament de la Garriga, de fehca 28 de octubre de 2014, objeto de este procedimiento.
SEGUNDO.- No imponer las costas a ninguna de las partes.".
SEGUNDO.- Contra dicha resolución, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal previo emplazamiento de las partes, siendo parte apelante Alfredo y apelada el AJUNTAMENT DE LA GARRIGA.
TERCERO.- Desarrollada la apelación se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 4-11-2020.
CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la representación de Alfredo, se ha interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 25 de junio de 2019, del Juzgado Contencioso Administrativo num. 6 de Barcelona, que desestimó el recuso interpuesto por el recurrente contra la resolución de la alcaldía de La garriga de fecha 28 de octubre de 2014.
El acto recurrido desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la alcaldía de fecha 9 de septiembre de 2014 que acordaba conceder al recurrente un plazo de dos meses para que legalizara la barbacoa existente en la finca sita en la CALLE000 NUM000, ordenaba asimismo al recurrente que procediera a la restauración de la legalidad urbanística vulnerada, requiriéndolo para que en el plazo máximo de un mes procediera al derribo del porche construido sin licencia y no legalizable en dicha finca y finalmente le advertía que en caso de no dar cumplimiento a ello se procedería a la imposición de multas coercitivas por cuantías de 300 a 3000 euros.
SEGUNDO.- Debemos plantearnos en primer lugar la posible inadmisibilidad del presente recurso de apelación por no superar la cuantía mínima exigible para acceder a la segunda instancia según lo dispuesto en el artículo 81.1.a), cuestión de orden público que este Tribunal puede plantear de oficio, aún sin haberlo apreciado las partes.
Tal cuestión, en la fase procesal en que nos en
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