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SP/SENT/920359

AP Málaga, Sec. 4.ª, 322/2017, de 15 de mayo

Recurso 822/2015. Ponente: FRANCISCO SANCHEZ GALVEZ.
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 La entidad avalista responde de la devolución de las cantidades anticipadas aunque la póliza colectiva no haya sido entregada a los compradores, siendo el plazo para su reclamación el general de las acciones personales
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 El aval está sujeto al régimen de la Ley 57/1968, al haberlo establecido expresamente las partes en el contrato, por lo que no puede oponerse por la avalista que los compradores gozaran de una garantía distinta
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 Las cantidades anticipadas que deben ser devueltas generan intereses desde la fecha en que se efectuó el pago
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 18 de diciembre de 2014, en cuya parte dispositiva se acuerda: " QUE ESTIMANDO la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Sra. RUIZ ROJO, en nombre y representación de Olegario y de Sandra , contra CAJA RURAL INTERMEDITERRÁNEA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (CAJAMAR), debo condenar al referido demandado a abonar a los actores la cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS (141.660 euros), mas los intereses procesales conforme al artículo 576 LEC . Las costas procesales se imponen de oficio ".
SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 8 de mayo de 2017.
TERCERO .- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO SÁNCHEZ GÁLVEZ quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-Recurso de apelación interpuesto por "CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO " .
El recurso de apelación interpuesto en nombre de "CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO" plantea ante esta segunda instancia la cuestión de la exigibilidad a dicha entidad de la obligación de hacer frente a la devolución de las cantidades entregadas a cuenta de sendos contratos de compraventa de viviendas en construcción, con arreglo a lo establecido en la Ley 57/1968, cuando, como es el caso, no se expidieron los avales individuales y los contratos se declararon resueltos judicialmente por no haberse entregado las viviendas en el plazo estipulado ni dichos avales, siendo el caso que la apelante había concertado con la promotora (BRISAMAR) un préstamo para financiar la construcción y otro contrato en virtud del cual afianzaba a dicha empresa en sus promociones inmobiliarias en cuanto a la devolución a los compradores de las cantidades entregadas a cuenta, con designación de una cuenta especial para el ingreso de las mismas.
Mantiene la apelante que ni la promotora ni los compradores exigieron la expedición de dichos avales ni se le comunicó la suscripción por los demandantes de los contratos de compraventa ni los anticipos correspondientes, por lo que desconocía su existencia, aduciendo que los cheques entregados para pago fueron expedidos contra la cuenta de los abogados que representaban a los compradores e
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