TJCE/TJUE, Sala Segunda, de 14 de febrero de 2019. Recurso C-630/17
Ponente: C. Toader
SP/SENT/988835
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EXTRACTOS
Contradice el principio de libre prestación de servicios la norma que prevé la nulidad de los contratos de crédito entre deudor y prestamista cuando no estén autorizados por las autoridades competentes en el Estado del deudor
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No es válida la normativa que otorga derecho de elección de jurisdicción al deudor, obligando al prestamista a acudir a los tribunales del domicilio del deudor
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No tiene la consideración de consumidor el prestatario que obtiene el crédito para la renovación de su vivienda para destinarla a alojamiento turístico
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Interpretación del art. 24 del Reglamento n.º 1215/2012, en lo relativo a las acciones en materia de derechos reales inmobiliarios
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ANTECEDENTES DE HECHO
Sentencia
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 56 TFUE y 63 TFUE, así como de los artículos 4, apartado 1, 17, 24, punto 1, y 25 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre la Sra. Anica Milivojevic, con domicilio en Croacia, y Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen, (en lo sucesivo, «Raiffeisenbank»), sociedad austriaca, en relación con un recurso, interpuesto por la Sra. Milivojevic, por el que solicita que se declare la nulidad de un contrato de crédito, celebrado con Raiffeisenbank, y de una escritura notarial de constitución de una hipoteca otorgada como garantía del crédito nacido de ese contrato así como la cancelación de esa garantía del Registro de la Propiedad.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Según los considerandos 6, 15 y 18 del Reglamento n.º 1215/2012:
«(6) Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las normas relativas a la competencia judicial y al reconocimiento y a la ejecu