Sí, cuando la querella haya sido planteada por la empresa, relativo a aspectos de la transgresión de la buena fe contractual y, también, imprescindible para el esclarecimiento de los hechos (esclarecer los hechos) (SSTS 26 de mayo de 1992 y de 24 de septiembre de 1992).

Los arts. 4.3 y 86.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al igual que disponían los mismos preceptos de la Ley de Procedimiento Laboral, establecen la autonomía del pleito social respecto de un pleito penal en trámite o que puede iniciarse por los mismos hechos, salvo cuando se refiera a la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el proceso laboral. Solo en este último supuesto puede y debe suspenderse el proceso laboral, lo que expresa la subordinación al penal iniciado o que pueda iniciarse. En los demás casos, la autonomía del proceso laboral exige su celebración y su decisión, en la que la Juzgadora de instancia ha de valorar las afirmaciones de hecho de las partes y el resultado de las pruebas practicadas sin ataduras al proceso penal, dentro del marco de facultades y límites establecidos en el art. 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y en las disposiciones relativas a la carga de la prueba, especialmente, en el art. 105.1 LRJS que atribuye a la empresa la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo. Una sentencia penal no firme sobre los mismos hechos o sobre hechos conexos con los conocidos en el proceso laboral es un documento que no vincula a la Magistrada de lo social; ninguna norma establece que tenga una eficacia acreditativa prevalente y queda sometido a las reglas generales de valoración probatoria.

Cuando el proceso penal ha finalizado con una deci