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SP/AUTRJ/44856

AP Cádiz, Sec. 4.ª, de 13 de diciembre de 2002

Recurso 194/2002. Ponente: MANUEL ESTRELLA RUIZ.
 Principio de prueba suficiente de los documentos aportados y determinación de deuda
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 3 de Chiclana con fecha 2/9/02 se dictó auto en el juicio ya referenciado cuya Parte Dispositiva literalmente dice: "Se inadmite a trámite la demanda por los motivos expuestos en el fundamento de derecho de esta resolución.".
SEGUNDO.- Contra dicho auto se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por la ya mencionada parte demandante, y admitido el recurso en ambos efectos, elevados los autos a esta Audiencia y designado Magistrado Ponente, se formó el correspondiente rollo, que quedó visto para resolución.
TERCERO.- En la tramitación de este recurso, se ha observado las formalidades legales.
CUARTO.- Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. MANUEL ESTRELLA RUIZ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Se recurre en apelación por la entidad financiera que tras instar una demanda de juicio monitorio, fue inadmitida a trámite su solicitud al entenderse por el juez a quo que no aportaba "los documentos previstos en el art. 812 LECiv sino un contrato de préstamo al que no acompaña liquidación alguna, ni documento similar incluido en dicho precepto."
Hemos de comenzar por resaltar para mejor comprensión de la presente, la enorme sencillez del procedimiento monitorio, debiendo materializarse por el juez de cara a su admisión un doble análisis, cuyo alcance no es otro que el relativo a su jurisdicción y competencia, así como a la credibilidad de la documentación aportada, debiendo valorar respecto a esta última, si implica o no un principio de prueba del derecho que se reclama, sin que los requisitos de la deuda "dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada" a que se refiere el art. 812 LECiv., deban tener el alcance de los títulos ejecutivos extrajudiciales, pues a diferencia de éstos, la solicitud del monitorio es declarativa, pretendiéndose por el actor, obtener una condena al pago de una suma, que no la realización directa e inmediata de actuaciones ejecutivas dirigidas a hacer efectivo lo contenido en un título, no generándose ejecución alguna sino hasta la obtención de la resolución judicial que le ponga fin, salvo como es obvio, que se originara contradicción, obligando la ley entonces a acudir al declarativo ordinario que correspondiera. En definitiva,
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