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SP/DOCT/3692

Artículo Monográfico. Mayo 2008

La estafa procesal, a examen

Eduardo de Urbano Castrillo Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho
Introducción
Llama la atención el elevado número de sentencias y autos que albergan las bases de datos sobre un delito, aparentemente desconocido y de poca aplicación.
Pero no, la impresión no se corresponde con la realidad, y la estafa procesal, art. 250.1.2.º CP, tiene un interés notable y, junto a evidentes problemas técnicos, ofrece grandes posibilidades para vehiculizar querellas, de la mano del conocido axioma: "la mejor defensa es un buen ataque".
Con ello queremos señalar que estamos ante un delito de operatividad real, si bien con algunas disfunciones, todo lo cual nos anima a someterle a un examen y a brindar algunas sugerencias para su más provechosa utilización.
No obstante, antes de adentrarnos en la materia, transcribimos el precepto citado, para captar mejor las líneas que siguen:
Art. 248.1 CP: "cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".
Art. 250.1 CP: Se castiga el delito de estafa con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:
2.º: "Se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal".
I. Fundamento
En el Estado de derecho, el instrumento del proceso constituye el modo básico de resolver el conflicto. Y ello no de cualquier manera, sino con observancia de unos trámites y principios que conforman el derecho al "juicio justo", del que hablan las grandes normas internacionales: así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
La confianza social en la Justicia como valor, y en los mecanismos técnicos para obtenerla, descansa en una actitud responsable de todos los que participan en ella: órganos oficiales, letrados, procuradores, partes procesales, testigos, peritos, etc.
De ahí la importancia de lo que llamamos la moralización o "ética del proceso", que supone una práctica forense de "juego limpio" y de búsqueda sincera de la solución más justa en cada caso.
La contienda procesal –máxime en una sociedad democrática sobrecargada de expectativas y que pelea por lo que considera sus derechos– debe rodearse de garantías que contribuyan a que se obtengan respuestas no demoradas en el tiempo y adecuadas a lo que se demande.
Por eso, el establecimiento de la condena en costas, la pérdida de los depósitos para recurrir, las indemnizaciones, las multas o el recurso de revisión, constituyen medios para disuadir primero y sancionar, en su caso, después, al litigante temerario o que, simplemente, o
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