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SP/SENT/156122

AP Lugo, Sec. 1.ª, 758/2007, de 12 de noviembre

Recurso 701/2007. Ponente: MARIA JOSEFA RUIZ TOVAR.
 Los atropellos de especies cinegéticas por conductores es competencia legislativa estatal en exclusividad
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha l2 de marzo de 2007, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Lugo, dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que estimando como estimo la demanda, debo condenar y condeno a la demandada TECOR "ADAY- PIAS-BOCAMAOS", a que satisfaga a la actora la cantidad de 58l.08 euros, con los intereses legales a partir de la fecha de la presente resolución y con expresa condena a la demandada en las costas causadas".
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por el demandado Tecor Aday-Pías-Bocamaos, teniéndose por preparado el mismo y cumplidos los trámites del art. 458 y siguientes de la L.E.C. 1/2000 se elevaron los autos a la Audiencia Provincial para la resolución procedente.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
No se acepta la Fundamentación jurídica de la sentencia apelada
PRIMERO.- El recurso de apelación articulado por el Tecor demandado y condenado en la instancia ADAY-PIAS-BOCAMAOS debe de ser claramente admitido, siendo al siniestro que nos ocupa-l6.IV.2.006- plenamente aplicable la Ley l7/2.005 de l9 de julio, que a través de la Disposición Adicional Novena reguló la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. El cambio legislativo operado conllevó el cambio de criterio de esta Audiencia Provincial. No existe ningún conflicto legislativo, como así se reconoció ulteriormente por la Legislación autonómica Ley 6/2006 de 23 de octubre , luego la Ley Estatal denegó la autonómica.
La lectura de la Exposición de Motivos de la mentada Ley del apartado Tercero cabe deducir que no existe ningún conflicto de competencias, asumiéndose el legislador gallego que el cambio del régimen jurídico estatal, "inciden directamente no noso sistema jurídico e que obrigan a sue cumprimento".
Se está asumiendo pues que el legislador estatal tenía plenas competencias para regular las incidencias del tráfico, y ello pese a que materias como la caza estaban transferidas (RD 33l8/92,k de 24 de julio), pues de acuerdo con el Estatuto Gallego (artículo 27 ) se tenía competencia sobre la misma, al facultarlo así el artículo 148 de la Constitución. En consecuencia es más específica y de c