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SP/SENT/57761

AP Madrid, Sec. 9.ª, de 14 de marzo de 2003

Recurso 861/2000. Ponente: JOSÉ LUIS DURÁN BERROCAL.
 Resolución arrendaticia por el ilícito e inconsentido cambio del destino pactado por parte de la arrendataria, no admitido tácitamente por su oponente
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ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 54 de Coslada, en fecha 8 de septiembre de 2.000 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Fallo: "Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Ignacio Rodríguez Díaz, en nombre de Undine S.A. en contra de Asistencia Técnica al Municipio S.A., representado por el Procurador D. Óscar Gil de Sagredo Garicano he de absolver y absuelvo a la citada demandada de lo solicitado en el escrito inicial de esta actuaciones, con imposición de costas al actor."
SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fué admitido en ambos efectos, del que dió traslado a la contraparte quien a su vez lo impugnó, elevándose posteriormente las actuaciones a esta superioridad, substanciándose el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de Vista Pública, quedaron los autos para dictar sentencia, señalándose para Deliberación y Votación, la Audiencia del día 12 de marzo del año en curso.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- No se aceptan los de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- La naturaleza del arriendo litigioso en función del destino de los inmuebles locados aparece meridianamente clara en el propio contrato, cuya cláusula 3 autoriza a las arrendatarias a llevar a cabo las obras necesarias o convenientes de adaptación para la "instalación de sus oficinas", y cuya cláusula 4-C "permite a las sociedades arrendatarias, para que sin modificar el destino pactado, que es exclusivamente el de oficinas de las titulares del contrato, puedan utilizar.......", por lo que si a ello se añade que las facturas por venta de libros y los certificados de diferentes Ayuntamientos acreditativos de su adquisición, aportados por la demandada no acreditan por sí solos, frente a la claridad de las cláusulas transcritas, que el arrendamiento sea de local de negocio, y, en consecuencia, tales documentos lo único que evidenciarían no sería más que un ilícito e inconsentido cambio del destino pactado por parte de la arrendataria, ni siquiera tácitamente admitido por su oponente, pues no constan otros datos que a tal efecto pudieran corroborarlo como, por ejemplo, el acceso directo e independiente del local al públicoy, a mayor abundamiento, la ajenidad de la actividad comercial cuestionada con la división 6 de la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas a que se refiere la Disposición Transitoria Tercera B) 4-1ª de la vigente LAU, la conclusión, en contra de lo razonado en instanc