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SP/SENT/95980

AP Badajoz, Sec. 3.ª, 205/2006, de 26 de julio

Recurso 536/2005. Ponente: JESUS SOUTO HERREROS.
 Resolución del contrato por expiración de plazo acordado por Ayuntamiento que no implica un acto administrativo y está sujeto a las normas de la LAU
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan en cuanto son relación de trámites y antecedentes los de la Sentencia apelada que con fecha 16 de mayo de 2005 dictó la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia de Villafranca de los Barros.
SEGUNDO.- Contra la expresada Sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de la parte demandante, que fue admitido, dándose traslado a la contraparte, y una vez verificado se remitieron los autos a este Tribunal, donde se formó el rollo de Sala, que fue seguido por sus trámites.
TERCERO.- En la sustanciación de este recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- 1. Por razones de pura lógica procesal ha de ser examinada previamente la alegación de la parte demandada sobre inadmisibilidad del recurso de apelación, al amparo de lo establecido en el art. 449 LEC, sobre consignación o pago de rentas en procesos que lleven aparejado el lanzamiento en el momento de preparación del recurso.
2. El TS ha declarado con reiteración (por todas, SSTS 18-IV-2006, 28-III-2006) que el incumplimiento del presupuesto de procedibilidad de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación, contemplado en el art. 449.1 de la LEC 2000 no puede ser subsanado mediante un pago o consignación extemporáneos, pues es doctrina del Tribunal Constitucional (elaborada en relación con otros precedentes de consignación impugnatoria establecidos en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la LEC 2000), que dicha consignación no constituye un mero requisito formal sino una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses de quien ha obtenido una Sentencia favorable, debiendo interpretarse tal requisito, sin embargo, de una manera finalista o teleológica atendiendo tanto a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador, que no es otra que asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio (SSTC 46/89 y 31/92), como al principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial