Importante es destacar con carácter previo que el art. 10.1 LPH fue reformado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, señalando que tendrán carácter obligatorio y no requerirán acuerdo previo de la junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo, en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación, reforma normativa esta que ha sido ampliamente criticada por la doctrina al entenderla contraria a toda la filosofía que preside el régimen especial de la propiedad horizontal, pues aunque posteriormente en su apdo. 10.2 a) del artículo comentado se disponga que será la junta de propietarios quien determinará el reparto de gastos que son obligatorios, no parece adecuado que en esas obras que sí califican de necesarias o de conservación no se atribuya facultad alguna al presidente o al administrador parar tomar la decisión y posteriormente someterla a aprobación de la junta de propietarios, máxime cuando la reforma, incluso, habla de l