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AP Barcelona, Sec. 12.ª, 40/2009, de 26 de febrero

SP/AUTRJ/449450

Recurso 536/2008. Ponente: AGUSTIN VIGO MORANCHO.

En la ejecución solo cabe la oposición por los motivos de forma o de fondo previstos en la Ley 
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Son definitivas las resoluciones que ponen fin a la primera instancia y las que resuelvan los recursos 
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No puede alegarse la nulidad radical del despacho de ejecución al ser una cuestión nueva introducida en la alzada 
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La compensación solo puede alegarse como motivo de oposición en las ejecuciones de titulos ejecutivos no judiciales 
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Los alimentos deben devengarse desde la firmeza de la sentencia, ya que el segundo pacto no se refería a los mismos 
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Al rechazar los motivos de oposición, deben imponerse las costas al ejecutado 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el promovido ante el JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 5 TERRASSA (ANT.CI-5) a instancia de Magdalena representado por el Procurador JOSE MANUEL LUQUE TORO y asistido por -firma ilegible- contra Constantino representado por el Procurador ANGEL JOANIQUET IBARZ y defendido por Ramón con fecha 4 de marzo de 2008 se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Segundo.- Contra dicho auto se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandada.
Tercero.- Turnado a esta Sección, se señaló día para la deliberación y fallo, la que tuvo lugar el diez de diciembre de dos mil ocho.
Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. DON AGUSTIN VIGO MORANCHO
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El proceso civil tiene tres clases de funciones: a) la declarativa; b) la ejecutiva, y c) la cautelar, de ahí que doctrinalmente se distingan el proceso declarativo, el proceso de ejecución y el proceso cautelar. El proceso de ejecución es aquel que precisa de un documento o título judicial o extrajudicial para que pueda exigirse su satisfacción por la vía procesal. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 , a diferencia de la anterior, unifica la ejecución procesal, regulando un único sistema de ejecución, en el que existe oposición del ejecutado, si bien dentro de la misma habrá de distinguirse con relación al título ejecutivo. Las diferencias de mayor importancia entre los títulos judiciales y los no judiciales radican en: 1º) Los títulos judiciales y asimilados pueden documentar todas las obligaciones que se resuelven en prestaciones de hacer, de no hacer y de dar, mientras que los títulos no judiciales sólo pueden documentar obligaciones dinerarias o que sean computables en dinero. 2º) La oposición a la ejecución que formular el ejecutado es la misma, tratándose de títulos judiciales y de no judiciales, en lo que se refiere a los defectos procesales y a las infracciones legales en el curso de la ejecución, y es distinta en lo que atiende al fondo, pues no puede ser igual oponerse a un título que tiene eficacia de cosa juzgada material que a otro que carece de esa eficacia. Ahora bien, una vez presentada la demanda ejecutiva y admitida a trámite por el Juez, ordenando despachar ejecución, el e
jecutado sólo puede oponerse a ella por defectos procesales o por motivos de fondo. Respecto los defectos procesales, el ejecutado puede alegar los siguientes: 1) Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda; 2) Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o representación con que demanda; 3) Defecto en el modo de proponer la demanda ejecutiva, por falta de concreción de la solicitud

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