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AP Madrid, Sec. 22.ª, 226/2012, de 29 de junio

SP/AUTRJ/685161

Recurso 583/2012. Ponente: CARMEN NEIRA VAZQUEZ.

Competencia de los Juzgados de Familia para autorizar el ingreso solicitado por la Administración, de un menor bajo su tutela y con trastornos de conducta en un centro residencial, dada la limitación o restricción de su libertad que ello implica 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada.
SEGUNDO.- Con fecha 10 de octubre de 2011, por el Juzgado de Primera Instancia nº 85 de los de Madrid se dictó Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Apreciándose de oficio falta de jurisdicción para el conocimiento de la petición articulada por la representación del menor Urbano procede abstenerse del conocimiento de las actuaciones."
TERCERO.- Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la misma, previa la oportuna preparación, se interpuso recurso de apelación por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid, exponiendo en los escritos presentados las alegaciones en las que basaban su impugnación.
Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Superioridad, en la que, previos los trámites oportunos, se acordó señalar para deliberación, votación y fallo del recurso .
CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interesa la revocación de la resolución recurrida y se pide se dicte resolución por la que se declare la competencia del Juzgado a efectos de acordar la autorización judicial del internamiento del menor Urbano en el Centro Residencia especializada " Salud mental consulting " y señala entre otras consideraciones que el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos habla expresamente de la detención de menores en su apartado d, y significa que ello incluye no solo los aspectos tradicionalmente vinculados con el ámbito de la reforma de menores sino también los aspectos concernientes a la protección recordando al efecto doctrina jurisprudencial del TEDH.
Por su parte la Letrada de la Comunidad de Madrid pide que se declare la competencia del Juzgado de Familia para conocer de la cuestión ordenando revocar el auto y continuar el procedimiento por sus trámites y alega entre otras razones que la necesidad de autorización judicial respecto del internamiento no voluntario de menores en centros y condiciones que impliquen restricciones de libertad y en su caso la utilización de medidas de contención debe su fundamento jurídico y justificación superior a las exigencias derivadas de los principios de legalidad, observancia debida de los derechos fundamentales, prohibición del exceso, principio de mínima intervención administrativa así como al de la condición última de los jueces y tribunales como garantes de todos los derechos y libe
rtades referenciales.SEGUNDO.- Se acuerda por la Juzgadora de Primera Instancia apreciar de oficio la falta de jurisdicción para el conocimiento de la petición articulada por la representación del menor Urbano y en consecuencia declara que procede abstenerse del conocimiento de las actuaciones argumentando entre otros razonamientos que el procedimiento tendente a ejercer el control judicial de las resoluciones acor

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