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Artículo Monográfico. Marzo 2013

SP/DOCT/17186

El mediador en la legislación autonómica española

José Arsuaga Cortázar. Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Santander. Juez Decano de Santander

Introducción
Frente a la inexistencia de una legislación estatal sobre la mediación en el ámbito civil y mercantil –o familiar–, a partir del año 2001, se han ido publicando leyes autonómicas fundamentalmente referidas a la mediación familiar. La única excepción la constituye la Ley 15/2009, de 22 de julio, de Mediación en el Ámbito del Derecho Privado de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que constituye un considerable avance en el desarrollo normativo del ámbito de aplicación. En todo caso, la legislación autonómica familiar es homogénea en cuanto a su contenido, pues su común denominador es fijar unos principios rectores de la mediación, describir el régimen de los mediadores y de las entidades de mediación familiar –con la creación de un registro para su inscripción– y su régimen sancionador, fijar las fases del procedimiento y determinar los criterios de validez y eficacia del acuerdo mediado.
La importancia de dicha norma obliga a distinguir, en el resumen que se hace a continuación, entre el régimen jurídico asignado al mediador en las normas autonómicas de mediación familiar y la prevista en la precitada ley catalana.
I. El mediador familiar en las normas autonómicas
1. Andalucía
La Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía Nota , tras fijar los principios de la mediación familiar que afectan especialmente al mediador en los arts. 8 –imparcialidad y neutralidad–, 9 –confidencialidad y secreto– y 11 –buena fe en su actuación–, incorpora en su Capítulo III el régimen de las personas mediadoras, de los equipos de personas mediadoras y del Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
El art. 13 indica expresamente:
"1. La mediación familiar se efectuará por profesionales de titulación universitaria o título de grado en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o cualquier otra homóloga de carácter educativo, social, psicológico o jurídico.
2. La persona mediadora deberá estar inscrita en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
3. Asimismo, la persona mediadora deberá acreditar:
a) La formación específica o la experiencia en mediación familiar en los términos que reglamentariamente se determine.
b) El cumplimiento de cualquier otro requisito exigido para el ejercicio de su función por la legislac
ión vigente".Por su relevancia, es también preciso recordar el contenido de su art. 14, que determina la oportunidad de conseguir la agrupación entre sí de las personas mediadoras para el cumplimiento de su misión institucional. Dice así:"1. Las personas mediadoras, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13, podrán agruparse entre sí a través de las fórmulas

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