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Artículo Monográfico. Septiembre 2004

SP/DOCT/2133

Derecho a la intimidad e incumplimiento de deberes conyugales

Aurelia María Romero Coloma Doctora en Derecho. Abogada de Familia

1. Introducción al temamm
El Derecho a la Intimidad aparece constitucionalmente reconocido y protegido por el artículo 18 de nuestra Ley Fundamental, junto a otros derecho, igualmente fundamentales, como lo son el honor y la imagen. Pero, de otro lado, la relación matrimonial genera una serie de deberes y derechos entre los esposos que, desde el punto de vista de la realidad cotidiana, parecen entrar en conflicto. Hay que preguntarse, en estos supuestos, qué sucede cuándo en el domicilio conyugal, y por obra de uno de los esposos, se coloca una cámara de video, con la finalidad de vigilar a la esposa, al tener sospechas fundadas de su infidelidad. ¿Qué derecho prevalece, el derecho a la intimidad del cónyuge o el derecho a saber si se ha producido una transgresión de los deberes conyugales por parte del otro esposo o esposa?
La problemática, que no es baladí, sin duda, afecta a derechos fundamentales en conflicto, cuestión que abordo a continuación.
2. Derecho a la intimidad y deberes conyugales: problemática jurídica
Para enfocar este estudio, el primer paso determinante lo constituye el análisis de la Jurisprudencia dictada en nuestro país con motivo de este controvertido tema. Para ello, me he fijado, particularmente y sin ánimo de exhaustividad, en dos Sentencias: la dictada por nuestro Tribunal Supremo el 14 de Mayo de 2.001, de un lado, y, de otro, la dictada por la Audiencia Provincial de Lugo el 29 de Diciembre de 2.000.
Voy a detenerme, en primer lugar, por motivos de índole puramente cronológico, en la Sentencia de 29 de Diciembre de 2.000, dictada con motivo del descubrimiento y revelación de secretos y cuyos Antecedentes de Hecho paso a examinar.
"PRIMERO. Con fecha dieciséis de Marzo de 2.000, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Lugo dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva dice: FALLO: Que debo condenar y condeno a J F. como autor criminalmente responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años, 4 meses y un día de Presión Menor, con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; y multa de 100.000 pesetas, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada 10.000 pesetas o fracción insatisfecha, así como al abono de las costas procesales, incluidas las devengadas por la Acusación Particular; en concepto de responsabilidad civi
l el acusado habrá de indemnizar a EMª. En un millón de pesetas por daños morales (...)"Contra esta resolución, se interpuso recurso de apelación, que formuló la representación del acusado, y de la acusación particular, siendo admitido en ambos efectos.Como Hechos Probados, quedó efectivamente acreditado que, en fecha no determinada, pero comprendida entre finales de 1.995 y med

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