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AP Barcelona, Sec. 18.ª, de 20 de febrero de 2002

SP/SENT/37219

Recurso 774/2000. Ponente: MARGARITA NOBLEJAS NEGRILLO.

No declaración de incapacidad al determinarse mediante informe psiquiátrico la plena capacidad de la demandada 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal, debo constituir y constituyo a María Pilar _____, en el estado civil de INCAPACIDAD TOTAL, para gobernarse por sí misma y para administrar sus bienes, incluso para el derecho de sufragio activo, quedando sometido a tutela que se constituirá en ejecución de Sentencia; todo ello sin expresa imposición de las costas procesales causadas".
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por D/Dª. MARIA PILAR_____ y admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las partes, y habiendo lugar a las mismas se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día 19 de Diciembre de 2.001, y para mejor proveer y con suspensión del término para dictar sentencia se practicó prueba pericial por médico especialista en psiquiatría nombrado por la clínica forense, con el resultado que obra en la precedente diligencia.
TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo; Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Margarita Blasa, Noblejas Negrillo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se alza la apelante contra la resolución impugnada, insistiendo en que en la misma no concurre causa de incapacitación alguna, ni física ni psíquica, por lo que solicita la revocación de la misma.
SEGUNDO.- Antes de entrar en el estudio del concreto caso de autos, hemos de señalar que a efectos del art. 200 CC, y partiendo como hace la sentencia impugnada de la perspectiva del principio de plena capacidad mental de las personas que rige en esta materia, en términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental y psíquico, permanencial y a veces progresivo que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en la conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes. Lo esencial pues, no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un estado mental propio con repercusiones jurídicas. Tal estado mental viene caracterizado por los siguientes elementos: a) existencia de un trastorno mental cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); b) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico), y c) que como consecuencia de dicho trastorno resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o, en palabras del CC, de gobernarse a sí mismo (criterio jurídico), deb
iendo interpretarse tal expresión no en sentido absoluto bastando así que la enfermedad o deficiencia mental de que se trate implique una restricción sustancial o grave del autogobierno, pues como señala la sentencia del TS de 31-10-94, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho más profundo o grave del que exige la propia literalidad del precepto mencionado en el sentido de imposibilidad total, plena, total y completa de guiarse

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