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AP Cantabria, Sec. 2.ª, 367/2002, de 10 de septiembre

SP/SENT/40243

Recurso 199/2002. Ponente: MIGUEL FERNANDEZ DIEZ.

Desafección familiar del padre con todos sus hijos 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por el Ilmo. Sr. Magistrado, Juez del Juzgado de Primera Instancia num. DOS de SANTANDER, y en los autos ya referenciados, se dictó en fecha 31 de diciembre de 2001 Sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Que estimando la petición deducida por el Ministerio Fiscal y la Dirección General de Acción Social del Gobierno de Cantabria, debo de declarar y declaro a Don Juan Jesús ____, incurso en causa de privación de la patria potestad respecto de sus hijas Debora-Afrodita y María del Rosario ____, sin hacer expreso pronunciamiento de las costas de este procedimiento.
SEGUNDO: Contra dicha Sentencia, la representación de la parte demandada interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado, y dado traslado del mismo a las demás partes a efectos de impugnación se elevaron las actuaciones a esta Sección Segunda de la Audiencia donde se señaló para deliberación y fallo del recurso el día nueve de septiembre.
TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se admiten los de la Sentencia de instancia, en tanto no sean contradictorios con los que a continuación se establecen; y
PRIMERO: Debe comenzarse esta resolución indicando que el objeto del procedimiento y del presente recurso viene constituido única y exclusivamente por la consideración de si el recurrente está incurso o no en causa de privación de la patria potestad tal y como contempla el art. 177.2.2 del C.C. por lo que toda consideración acerca de la concurrencia o ausencia de otros requisitos para la adopción de las menores (entre ellos el asentimiento de la madre, que desde luego debe concurrir, alegado por el recurrente) quedan extramuros del presente recurso no formando parte del objeto del proceso.
SEGUNDO: Conviene recordar que la patria potestad es, en el Derecho Moderno y mas concretamente en nuestro Derecho positivo, una función al servicio de los hijos, que entraña fundamentalmente deberes a cargo de los padres, encaminados a prestarles asistencia de todo orden, como proclama el art. 39.2 y 3 de la CE., de tal manera que todas las medidas judiciales que se acuerden deben adoptarse teniendo en cuenta ante todo, el interés superior del niño, tal y como dispone el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, incorporada a nuestro derecho interno mediante ratificación de 30 de noviembre de 1990. Desde tal consideración resulta obvio señalar
que la declaración aquí discutida no puede entenderse en ningún caso como una sanción al recurrente, por incumplimiento de sus obligaciones, sino que ha de ser considerada desde un prisma de protección de las menores cuyo interés superior es el objetivo a satisfacer.TERCERO: A los fines discutidos conviene precisar que las menores de cuya adopción se trata nacieron en enero de 1992 y marzo de 1993; que en enero de

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