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AP Cádiz, Sec. 8.ª, 43/2003, de 10 de febrero

SP/SENT/47420

Recurso 47/2003. Ponente: IGNACIO RODRIGUEZ BERMUDEZ DE CASTRO.

La enfermedad irreversible y con un pronóstico de futuro negativo aconseja la declaración de incapacidad total 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO-. La Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Jerez de la Frontera, dictó sentencia el día veinticinco de Septiembre de dos mil dos, cuyo Fallo literalmente dice, " Que desestimando la demanda de proceso de incapacidad promovida por la Procuradora Sra. Calderón Naval, en nombre y representación de D. Luis y Dª. Trinidad , sobre declaración de incapacidad de D. Pedro Francisco , siendo parte el Ministerio Fiscal, debo absolver y absuelvo a los referidos demandados de los pronunciamientos instados en su contra, sin declaración en cuanto a costas procesales ".
.SEGUNDO-. Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de la parte actora, y admitido el recurso, se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal, quien no realizó manifestación alguna al respecto, elevándose a continuación las actuaciones a esta Sala.
TERCERO-. Recibidas las actuaciones, se le dio el trámite pertinente, y se procedió a la deliberación, votación y fallo.
CUARTO-. En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO RODRIGUEZ BERMUDEZ DE CASTRO, quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO-. Se formula el presente recurso contra decisión de la juzgadora de instancia en la que no se da lugar a la incapacitación del hijo de los actores en base al razonamiento de que el demandado es capaz de regir su persona y de manejar pequeñas cantidades de dinero. La parte recurrente combate dicha decisión al entender que del procedimiento se desprenden datos y razones mas que suficientes para dar lugar a la incapacitación.
Y antes de analizar el caso de autos, conviene señalar con carácter previo que como es sabido la incapacitación implica la decisión judicial de carecer de aptitud una persona para autogobernar -SSTS de 31-12-1991 y 31-10-1994- su persona y patrimonio, debiendo regir en esta materia, como señalara la Sentencia del Tribunal Supremo de 16-9-1999, el principio de protección al presunto incapaz, como transcrito del principio de la dignidad de la persona. En cuanto a la situación de incapacidad deberá acreditarse a través de las pruebas que exige el art. 208 del Código Civil y todas aquellas otras que sean precisas y en el bien entendido como señalara la señalada últimamente citada que la inidoneidad natural para cuidar de la persona y administrar los bienes debe quedar claramente acreditada y correctamente valorada, aplicando en debida forma el art. 210 del Código Civil.
En el supuesto de autos la enfermedad psíquica a que se refiere el art. 200 del Código Civil ha quedado plenamente acreditada así como su persistencia y
efectos, siendo así que nos encontramos con una persona con retraso mental leve, con un trastorno de personalidad que si bien no está totalmente definido sí que le impide realizar una actividad sostenida en el tiempo, presentando el paciente severas dificultades para realizar una vida autónoma dadas sus dificultades cognitivas, de autocuidados y de realización de una actividad laboral normalizada. Creemos que ello incide en una causa clara de inc

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