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AP Cádiz, Sec. 1.ª, de 31 de mayo de 2003

SP/SENT/48596

Recurso 67/2003. Ponente: ROSA FERNANDEZ NUÑEZ.

Demencia orgánica postraumática que convierte al que la padece en persona vulnerable en ámbito patrimonial 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de los de San Fernando se dictó sentencia con fecha 28 de octubre de 2002 en el procedimiento de referencia ,cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Funes en representación de DOÑA Gema , debo absolver y ABSUELVO de la misma a DON Inocencio . No procede pronunciamiento especial sobre costas"
SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y
forma recurso de apelación por Doña Gema , y admitido que le fue en ambos efectos, elevados los autos con formación del correspondiente rollo y evacuado el trámite de instrucción, fué señalado para la celebración de la vista, que tuvo lugar en el día 28 de mayo con asistencia del Ministerio Fiscal y de la apelante-promotora del pleito, que solicitó la revocación de la sentencia y el dictado de otra por la que se decrete la incapacidad solicitada en la demanda. En dicho acto se llevaron a efecto ante el Tribunal las pruebas ordenadas en el artículo 759.1 de la Ley Procesal Civil, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de dicho precepto.
TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.
Vistos, siendo ponente la Magistrada Doña Rosa Fernández Núñez, la cual tras deliberación y votación expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El pronunciamiento de instancia por el que se rechaza totalmente la declaración de incapacidad preconizada por la madre del presunto incapaz, DOÑA Gema , no puede ser compartido por la Sala.
En efecto, la reforma introducida en el Código Civil por la Ley 13/1.983, de 24 de octubre, estructura y condensa la hasta entonces dispersa normativa sobre la incapacitación de las personas, dedicando a ello un Título en especial (IX del Libro I) en que se contempla la incapacidad como categoría de proyección judicial que exige una sentencia creadora de la situación jurídica y el estatuto regulador de la persona incapacitada, resolución que ha de ser pronunciada sobre la base de las causas establecidas en la Ley y debe estar presidida por el principio de dignidad de la persona (artículo 10 de la Constitución), imponiendo la excepcionalidad de las hipótesis de incapacitación, acreedoras del tratamiento escrupuloso e interpretación estricta inherentes; así las cosas, el artículo 200 del Código Sustantivo instituye mediante una fórmula abierta los motivos de incapacitación, entendiendo por tales enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico adjetivadas por la persistencia o prolongación del transtorno o anomalía sufrida y cualificadas en razón del especial efecto que producen, esto es, el de impedir a la persona que se gobierne por sí misma, lo que a tenor de la doctrina más autorizada equivale a decir que dejado el sujeto a merced de sus impulsos y fuerzas existe la
posibilidad de que lleve a cabo una actividad socialmente inconveniente o perjudicial para sí, consistiendo la función del juzgador en determinar si existe o no el hecho definido en el precepto de una patología física o mental persistente y, esencialmente, valorar la incidencia que tenga en el autogobierno de la persona, considerado en los términos antedichos, pues en otro caso la cuestión no pasará de ser un problema médico o social irrelevante

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