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AP Málaga, Sec. 6.ª, 163/2004, de 3 de marzo

SP/SENT/55512

Recurso 660/2003. Ponente: INMACUALDA SUAREZ BARCENA FLORENCIO.

El absentismo escolar, la responsabilidad de llevar un hogar y la desatención probada justifican el desamparo 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número 16 de Málaga dictó sentencia de fecha 12 de Marzo de 2003,en el juicio de oposición desamparo nº 693/02 del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO.- Que debiendo desestimar como desestimo la oposición formulada por D. Manuel y Doña María representados por el procurador Don Ignacio Martín de la Hinojosa Blazquez frente a la Resolución de Desamparo de los menores Luis y Estela, dictada con fecha 20 de junio de 2002, debo confirmar y confirmo dicha resolución administrativa. Todo ello, sin hacer expresa imposición en las costas causadas en la tramitación de este procedimiento a ninguna de las partes".
SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia interpusieron, en tiempo y forma, recurso de apelación los actores el cual fue admitido a trámite y, su fundamentación impugnada de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse propuesto prueba ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día 3 de marzo de 2004, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la IItma. Sra. Dª INMACULADA SUAREZ-BARCENA FLORENCIO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El objeto de esta alzada es la impugnación de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Málaga que resuelve la oposición formulada por D. Manuel y Dª María frente a la resolución de desamparo de los menores Luis y Estela, dictada por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en fecha 20 de junio de 2002, que hasta entonces vivían bajo la custodia de sus progenitores, ahora recurrentes.
SEGUNDO.- El interés superior del menor es el que debe primar en la adopción de cualesquiera medidas que se adopten en relación con su persona.
Así se recoge de una forma taxativa en el artículo 2 de la ley orgánica 1/1996, que recoge de esta forma lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño adoptada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y que fue ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. Dicha primacía del interés del menor sobre cualquier otro derecho o expectativa legítima que pudiera tenerse con relación a él, se enmarca desde el principio general de protección a la infancia que debe inspirar toda la legislación en relación con los menores, a tenor del artículo 39 de nuestra Constitución.
No hay que olvidar que el conseguir un desarrollo pleno y armonioso del menor, puede tropezar con serios obstáculos derivados de las circunstancias personales y ambientales en las que al niño le haya tocado vivir y por tanto son las
autoridades llamadas a velar por su protección, las que deben remover y remediar, una vez que tengan conocimiento de estas dificultades, las mismas, evitando así el riesgo que pudieran derivar para el menor caso de seguir manteniendo al mismo en el seno de dichas circunstancias obstaculizantes de su formación integral. En el ejercicio de esta actividad protectora cumplen un papel importante los tribunales de justicia, con la posibilidad de adopta

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