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AP Valencia, Sec. 10.ª, 664/2003, de 15 de diciembre

SP/SENT/58265

Recurso 861/2003. Ponente: D. Mª Pilar Manzana Laguarda.

La intervención de la Administración declarando el desamparo de las menores responde a la situación de riesgo detectada 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez de Primera Instancia nº 9 de Valencia, en fecha 30.05.03, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue : " FALLO : Que desestimando la demanda interpuesta por la representación procesal de Hugo, contra la Dirección Territorial de la Consellería de Bienestar Social, debo declarar y declaro no haber lugar a revocar la resolución administrativa de fecha 4 de marzo de 2.0032, sin especial imposición de las costas causadas."
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia por la representación procesal de Hugo se interpuso recurso de apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso o impugnación a la sentencia se remitieron los autos a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo, señalándose el día de hoy para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista, al no haberse practicado diligencia de prueba alguna ni haberse considerado procedente la celebración de vista.
TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la revisión de las actuaciones practicadas en la instancia para determinar la conformidad o no a derecho de la sentencia recurrida que desestima la pretensión impugnatoria deducida por el recurrente de la resolución de la Dirección Territorial de la Consellería de Bienestar Social de fecha 4 de marzo de 2002 en virtud de la cual fueron declarados en situación legal de desamparo sus dos hijas Encarna y Francisca nacidas respectivamente, el 26 de febrero de 1.996 y el 10 de abril de 1.999.
SEGUNDO .- Conforme al art. 172 del C.Civil se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. Declarada esa situación por la entidad pública que en el respectivo territorio tiene atribuida la protección de menores, ésta asume por ministerio de la ley la tutela del mismo y debe adoptar las medidas necesarias para su guarda, que podrá formalizarla a través de un acogimiento familiar - que se ejercerá por la persona o personas que determine la entidad pública- o a través de un acogimiento residencial - que se ejercerá por el director del centro donde sea acogido el menor- . A partir del art. 176 de la LEC el sistema legal de protección de menores se articula sobre la base de la doble instancia: la de carácter ej
ecutivo que se encomienda a la administración , y la de control o revisión de esa actuación administrativa que se atribuye a las órganos jurisdiccionales del orden civil sin necesidad de agotar la vía administrativa previa ni de formular reclamación administrativa previa . Ese control jurisdiccional de ese tipo de resoluciones de la Administración en materia de protección de menores es un pilar básico de todo el sistema legal de protección , que

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