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AP Barcelona, Sec. 18.ª, 366/2004, de 11 de mayo

SP/SENT/59624

Recurso 803/2003. Ponente: ANA Mª GARCIA ESQUIUS.

El deterioro progresivo de la presunta incapaz evidencia su necesidad de protegerla en la esfera personal y patrimonial 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimo integrament la demanda presentada pel Ministeri Fiscal i constitueixo Araceli en l''estat civil d''incapacitada total, tant per governar la seva vida com per administrar el seus béns, fins i tot per exercir el sufragi actiu. En nomeno tutor Carlos Francisco , el qual haurà d''acceptar el càrrec a l''expediente corresponent de jurisdicció voluntària. No faig imposició expressa de les costes processals causades ".
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por D/Dª. Araceli y admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las partes, se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día 20 de abril de 2004, con el resultado que obra en la precedente diligencia.
TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. ANA Mª GARCIA ESQUIUS .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 199 del Código Civil consagra como principio que "nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial firme en virtud de las causas establecidas en la ley", el artículo 200 del mismo Texto Legal prescribe que "son causas de incapacitación, las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma", aclarando la jurisprudencia que este impedimento al gobierno de la persona por si misma equivale a la imposibilidad total y completa a dicho gobierno. Es decir que como principio general debe reputarse capaz a toda persona , mientras no se demuestre lo contrario por una prueba concluyente (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 mayo 1969 , 1 febrero 1956 y 10 febrero 1986)y tal prueba ha de ir destinada a constatar la existencia de enfermedades o deficiencias persistentes, de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona para regirse por si misma, y revelen, en definitiva, la necesidad de poner en funcionamiento los mecanismos de guarda y protección previstos en los artículos 215, 222 o 287 del Código Civil, puesto que esa y no otra es la finalidad primordial de la incapacitación: la protección de la persona que no se halla en condiciones, físicas o psíquicas, de protegerse a sí misma .
Considerando los razonamientos precedentes, ha de concluirse que la prueba en este tipo de procedimientos ha de ser concluyente y ha de destruir el principio general favorable a la presunción d
e capacidad de las personas .SEGUNDO.- , La Sala ha tenido ocasión, a través de la práctica de las pruebas preceptivas y recogidas en el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de tomar cabal conocimiento del estado físico y psíquico de la declarada incapaz en la instancia. El estado actual de la Sra. Araceli le impide gobernarse por si misma, razón por la cual es procedente confirmar

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