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AP Toledo, Sec. 1.ª, 31/2005, de 8 de febrero

SP/SENT/67499

Recurso 192/2004. Ponente: GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE.

La filiación extramatrimonial de una menor nacida de quien no es el marido presenta serias dudas de hecho, justificativas de la no imposición de costas  
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 1 de Torrijos, con fecha veintidós de diciembre de 2002, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: " Declarar la paternidad de D. Antonio respecto de Erica . Asimismo se acuerda que se practique una nueva inscripción en el Registro Civil de filiación y un cambio de apellidos de la menos en los siguientes "Camilo Albacete", dejándose sin efecto y quedando canceladas las inscripciones anteriores en cuanto se opongan a esta declaración judicial. También ACUERDO la condena en costas de la parte demandada en este juicio".
SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por D. Gabriel , dentro del término establecido, se interpuso recurso de apelación, y personado el recurrente se formó el oportuno rollo, siguiendo por sus trámites y quedando las actuaciones vistas para deliberación y resolución.
SE REVOCAN EN PARTE y en la forma que luego se dirá, los
FUNDAMENTOS DE DERECHO
y fallo de la resolución recurrida, que habrán de ser completados en la forma que se exprese, si bien se ratifican los antecedentes de hecho, que relatan la dinámica procesal, por lo que, en definitiva, son
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El recurso de apelación interpuesto se contrae exclusivamente al particular de la Sentencia apelada por el que se impone la condena a la parte demandada al pago de las costas causadas en el curso del procedimiento seguido sobre materia de filiación y ello por aplicación del art 394 de la L.E.C. al ser estimada la demanda formulada frente al hoy apelante.
Es criterio seguido por esta Sala el de no aplicar la regla del citado art. 394 a este tipo de procedimientos, dada la singular naturaleza de las cuestiones que se ventilan en los mismos. Ello es así porque concurre la exigencia legal de acudir a los Órganos Jurisdiccionales para resolver cuestiones como esta, por lo que el demandado no lo es por el hecho de que haya mantenido una postura de oposición de la que se haya derivado la necesidad del demandante de acudir a los Tribunales para obtener declaración que pretende, sino que tal declaración solo puede tener efectos si lo es por vía judicial y el demandado ha debido adoptar esta posición procesal por imperativo legal (art 753 L.E.C.), siendo que además ninguna actuación por parte de dicho demandado, bien de conformidad con los hechos de la demanda, bien de allanamiento o transacción sobre los mismos podía tener eficacia alguna (arts 751 y 752,2 de la LEC) a los fines de dar por zanjada la cuestión litigiosa, por lo que todas estas circunstancias aconsejan no hacer aplicación del principio del vencimiento objetivo proclamado, con carácter general, en el art. 394 d
e la LEC, sino atemperar su imposición a los criterios de mala fe procesal o actuación temeraria a lo largo del juicio.SEGUNDO: La mala fe procesal del demandado apelante no aparece en el presente caso sino que, por el contrario, este siempre ha mantenido una postura procesal lógica y ajustada a la buena fe: ha solicitado desde el principio que la Sentencia que se dictara fuera la conforme a la prueba que se practi

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