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Encuesta Jurídica. Mayo 2001

SP/DOCT/1045

En los casos de locales, la subrogación ¿cabe para las parejas de hecho como sucede para viviendas en la D.T.2ª?

Coordinador: D. Jesús Marina Martinez-Pardo (Magistrado Tribunal Supremo, jubilado)

D. JAVIER DE LA HOZ DE LA ESCALERA
A la vista de la regulación legal es claro que el legislador no quiso dar al conviviente more uxorio el mismo trato que al cónyuge en lo que se refiere a la subrogación mortis causa en los arrendamientos de locales de negocio, pues cuando quiso tal equiparación la consagró expresamente, y lo hizo solamente para el arrendamiento de viviendas (D.T. Segunda B),7). En contra de lo que algún sector doctrinal ha sostenido, no creo que pueda hacerse tacha de inconstitucional a tal omisión; los intereses en juego son esencialmente diferentes de un tipo de arrendamiento a otro y tal diferencia permite la distinción legal sin quiebra del principio de igualdad; otra cosa es que se comparta o no la opción del legislador, que sin duda ha considerado como norma general la subrogación como privilegio con el que había que terminar, y sólo en atención al interés en juego cuando de la vivienda se trata ha consentido la continuidad de los contratos a favor del conviviente more uxorio.
D. Jose Ignacio Alvarez Sanchez
La gran mayoría de los autores consideran que no cabe en estos supuestos que se subrogue el conviviente de hecho. Unicamente he encontrado una opinión en sentido contrario, la de Rogel Vide, que argumenta que debe aplicarse por analogía lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda con respecto a la vivienda y que, en otro caso, se trataría de una discriminación criticable. La tesis contraria es defendida por Loscertales, Albácar, León y Cossío, Bercovitz, Capilla Roncero, Barral Díaz y Puebla Povedano, entre otros, y la considero más certada pues no es idéntica la protección que cabe dar al conviviente cuando estamos en presencia de un inquilinato que la que se dispensa con relación a un arrendamiento de un local de negocio, dada la especial protección que se da a la vivienda incluso en nuestra Constitución, que establece en el art. 47 el derecho de todos los españoles a disfrutar de ella.
Cabe añadir, además, que el legislador cuando consideró conveniente equiparar a la pareja de hecho con la unión matrimonial lo hizo constar expresamente (Disposición Transitoria Segunda y art. 16.1.b), que incluso en estos supuestos dio distinto tratamiento a la subrogación del conviviente al exigir dos años de convivencia si no hubo descendencia común y que en los arrendamientos concertados para uso distinto del de vivienda la sucesión se establece a favor del heredero o legatario que continúe la actividad, y no en razón directa del parentesco o matrimonio.

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