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Artículo Monográfico. Junio 2015

SP/DOCT/19982

Comentario Artículo 553-4. Créditos y deudas. LEY 5/2015, de 13 de mayo, de modificación del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales

Pedro Yúfera Sales. Abogado

Comentario
1. General
Este artículo deja constancia de lo que es la regla general del ordenamiento jurídico español en el que la mancomunidad es la regla y la solidaridad, la excepción (art. 1.137 CC).
Ratifica que el importe de la contribución de cada propietario a los gastos comunes, ordinarios y extraordinarios, así como al fondo de reserva, se establece en función de la cuota que le corresponda y de conformidad con los acuerdos de junta y en función de la liquidación.
No soluciona el problema grave que existe de los créditos de terceros contra la Comunidad e indicar que existe mancomunidad no aporta nada. Cada propietario responderá en atención a su cuota, pero uno no puede pagar la parte que le corresponda de la deuda y exonerarse de la reclamación de terceros frente a la Comunidad, sino que es esta la que responde, sin perjuicio de las relaciones internas entre los distintos propietarios (mancomunidad), y por otra parte, si un tercero quiere embargar un elemento privativo o las cuotas comunitarias, debe demandar necesariamente e individualmente a cada propietario.
De la misma forma que existe mancomunidad por lo que se refiere a las deudas, los distintos propietarios serán acreedores mancomunados de los créditos que ostente la Comunidad frente a terceros.
2. Deudas de los propietarios frente a la Comunidad
Una primera lectura de este artículo nos podría llevar a la confusión de que el mismo también se refiere a las deudas de los propietarios por cuotas comunitarias adeudadas (gastos) frente a la Comunidad.
Existe una polémica doctrinal y jurisprudencial sobre si la obligación de contribuir a los gastos comunitarios es solidaria o mancomunada, en el supuesto de que la entidad pertenezca en común y pro indiviso a más de un propietario.
La jurisprudencia se ha pronunciado mayoritariamente (en supuestos relativos a la LPH, pero perfectamente aplicable a la normativa catalana), por entender que esa obligación es solidaria, al tratarse de una prestación que no es susceptible de división y ser una obligación propter rem

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