CARGANDO...

Artículo Monográfico. Junio 2015

SP/DOCT/20044

Los juicios verbales y ordinarios, recursos de apelación y casación

Joan Cremades Morant. Presidente de la Sección 13.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona

I. Introducción
La LEC contiene una Disposición Derogatoria Única que afecta a un gran número de normas, singularmente a la LEC 1881, salvo determinadas materias y, en la que nos ocupa, a muchos preceptos del CC (por ejemplo, los relativos a la prueba, ahora regulados en los arts. 281 y ss.) o a los arts. 38 a 40 LAU 1994, así como a los arts. 7.2 (remite al ordinario como cauce de la acción de cesación) y 21 LPH estatal (monitorio de los arts. 812 y ss. LEC), a la LH (arts. 131 a 135) y al Decreto de 1952, que regulaba el juicio de cognición. A la vez, en este nuevo panorama, existe una aparente simplificación del procedimiento: los especiales del Título IV y los dos declarativos, ordinario y verbal, para cuya determinación establece dos criterios, el de la materia (de aplicación preferente conforme al art. 248.3) y el de la cuantía. Y, en fin, han existido otras posteriores modificaciones que han afectado más a materia de arrendamientos.
Asimismo, la LEC establece siete Disposiciones Transitorias, atendiendo a las diversas fases del procedimiento (a la conclusión de cada una se aplicará la LEC 1/2000), y regula con gran amplitud la ejecución provisional.
Reformas LEC
En fin, con la entrada en vigor de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, sobre el Libro V del Código Civil de Cataluña, relativo a los Derechos Reales, dictada "de acuerdo con lo establecido en el art. 33.2 del EAC" (ya sustituido por el nuevo EAC), dejarán de ser de aplicación en Cataluña los arts. 392 al 406 CC ("De la comunidad de bienes"), la LPH estatal de 1960, modificada en 1999, y la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre Derechos de Aprovechamiento por Turno de Bienes Inmuebles de Uso Turístico, siendo evidente la repercusión de aquella para viviendas, locales, garajes, complejos inmobiliarios (residenciales, comerciales, industriales), urbanizaciones privadas y aprovechamiento por turno; esa entrada en vigor impone su aplicación. Ya ha pasado el tiempo de las críticas (comparto su falta de oportunidad o de necesidad, y que no se ha dictado "para mejor"), aunque aún puede hacerse una: su redacción ha sido precipitada (se constatan errores, algunos ya corregidos; son evidentes las contradicciones internas y numerosas las lagunas respecto de la LPH estatal; no obstante, su vocación de complitud y cuando, por su objeto, debería ser un instrumento útil, fácil de interpretar y comprensible para los integrantes de las Comunidades, lo que no se consigue), pero hay que "arar con los bueyes que haya".
En materia procesal, las comunidades autónomas carecen de potestad legislativa sobre la Administración de Justicia (STC de 29
de marzo de 1990) y sobre la legislación procesal (art. 149.5 y 6 CE), si bien respecto de esta, deja a salvo las que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de la respectiva Comunidad Autónoma, y algunos aspectos secundarios del proceso (por ejemplo, normas sobre la lengua o la forma de presentación de escritos en los Juzgados o sobre el recurso de casación). Y las normas sobre competencia y procedimiento son de orden público, in

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

¿Quieres ver este documento y muchos más totalmente gratis?

Disfrútala durante 3 días

Durante 3 días

No incluye Formularios

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en el TOP Jurídico Administrador de Finques y te enviaremos tu clave demo para que empieces a utilizarla inmediatamente:

Al pulsar el siguiente botón aceptas el tratamiento de tus datos personales

Información básica sobre Privacidad y Protección de Datos

Responsable: Editorial Jurídica sepín, S. L.

Finalidades principales: Para la contratación de servicios y productos de sepín.

Envío de información sobre productos y servicios a través de cualquiera de los medios de contacto facilitados

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Derechos: Si deseas conocer la información sobre tus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puedes ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndote a Editorial Jurídica sepín, a la dirección postal c/ Mahón, 8 – 28290 Las Rozas (Madrid) o a la dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@sepin.es para acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar, portar tus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, acompañando un documento identificativo junto con la solicitud. Igualmente, podrás ejercitar tus derechos a través de los formularios on·line que ponemos a tu disposición en nuestra web. Tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.sepin.es/informacion-legal/politica-privacidad.asp