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AP Las Palmas, Sec. 4.ª, 159/2007, de 4 de abril

SP/SENT/118810

Recurso 556/2006. Ponente: VICTOR CABA VILLAREJO.

Situación de precario al calificarse el contrato que ampara la posesión de mandato y no de arrendamiento 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Puerto del Rosario se dictó sentencia en los referidos autos de fecha 14 de marzo de 2006 que desestimando la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad mercantil Conypsa, SA contra D. Eduardo absuelve a éste de las pretensiones deducidas en su contra, todo ello con expresa condena en costas a la parte actora.
SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora, del que se dio traslado a la parte demandada oponiéndose al mismo en tiempo y forma, siendo admitido a trámite y acordándose acto seguido la remisión de los autos a este Tribunal con emplazamiento de las partes, y recibidos los autos en esta Sección 4ª de la Audiencia Provincial, a la que fueron turnados se formó el presente rollo de apelación, y no habiéndose propuesto prueba en esta alzada quedaron señalados los autos para deliberación, votación y fallo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La mercantil apelante Conypsa sostiene que el demandado ocupa en precario la finca de su propiedad sita en la calle DIRECCION000 NUM000 - NUM001 de Puerto del Rosario. La actora ha probado su derecho de propiedad y acompañó certificación registral rectificando la inscripción registral de la finca en el sentido de que la finca objeto de inscripción no está arrendada puesto que en el título aportado se dice que la finca está libre de arrendatarios y ocupantes. Ello junto con la escritura pública de compraventa aclara que en ningun momento los firmantes de la escritura pública de compraventa de 18 de mayo de 2000, que constituye el título de domino de la recurrente, hubieran manifestado que la finca estuviera arrendada. La apelante acompañó con su demanda fotocopia de las sentencias dictadas en ambas instancia en los dos juicios verbales en los que ejercitaba la acción prevista en el art. 250.1 LEC . En estos procedimientos se siguió una breve fase cognitoria que no está destinada a discutir el derecho material inscrito ni a declarar derechos, lo que queda reservado al juicio declarativo, no siendo procedimiento adecuado para determinar la naturaleza del documento que se presentó por la parte demandada para justificar el uso y disfrute del inmueble. Es en el presente juicio declarativo por tanto donde ha de determinarse la naturaleza jurídica del derecho alegado por el apelado. Y analizando el documento privado de 26 de abril de 1982 la mercantil apelante extrae las siguientes conclusiones: 1) es u
na fotocopia de un documento privado, que no afecta a terceros y cuyo contenido no reconoce. Además de la firma del demandado hay otra firma al parecer correspondiente a un anterior propietario, el Sr. Juan Enrique , sin embargo el demandado no ha probado que fuera el anterior propietario del inmueble, no se ha aportado el original del documento ni ha sido adverado por lo que a su juicio carece de validez. 2) en el documento se expone que el Sr.

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