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AP A Coruña, Sec. 6.ª, 305/2007, de 4 de septiembre

SP/SENT/151250

Recurso 281/2006. Ponente: ANGEL MANUEL PANTIN REIGADA.

La arrendadora deberá devolver a la arrendataria la fianza, y su interés legal, pues aunque es cierto que esta se destina a garantizar la devolución del bien arrendado en estado correcto, no se han acreditado que la arrendataria produjese esos daños 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 3 de SANTIAGO DE COMPOSTELA (HOY JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3), por el mismo se dictó sentencia con fecha 29/9/05 , cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Cuns Núñez, en nombre y representación de D. Pedro Enrique Y D. Ernesto , contra Dº Elena , debo condenar y condeno a ésta a pagar a los actores la cantidad de novecientos dos euros con ochenta y dos céntimos de euros (902,82 euros), más el interés legal de dicha suma a contar desde el día 1 de diciembre de 2002 y hasta completo pago.
Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada."
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de Elena se interpuso recurso de apelación y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día veintitrés de julio de 2007, en que ha tenido lugar lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los de la sentencia apelada
PRIMERO- Se reproduce la oposición a la estimación a la demanda por deber responder la fianza de los daños causados en el local arrendado. No discutiéndose que la fianza garantice el cumplimiento por el arrendatario de su deber contractual de restitución del bien arrendado, la negativa de la arrendadora a la devolución de la fianza implica necesariamente que pesa sobre ella el deber de demostrar que se ha producido un incumplimiento contractual que justifica la aplicación de la fianza al resarcimiento del perjuicio causado a la parte arrendadora (art. 217.3 LEC ) y también el de precisar la cuantía de ese perjuicio al que habría de aplicarse la fianza, puesto que no sólo quien pretende haber experimentado el daño patrimonial derivado del incumplimiento -en el caso, los deterioros de su local- se encuentra en la mejor posición para demostrar su extensión cuantitativa (art. 217.6 LEC ), sino sobre todo porque al existir un deber legal del arrendador de restituir la fianza en metálico en la cuantía no afectada por las responsabilidades a las que debiera atender (como se deriva de la imposición de intereses moratorios por el saldo restituible que establece el art. 36.4 LAU , lo que es coherente con su carácter de garantía compensable con el importe del daño causado por el incumplimiento del arrendatario) es al arrendador a quien compete la demostración de la legitimidad de su pretensión, deducida como hecho excluyente
del derecho de la contraparte, de retener, en todo o en parte, el importe de la fianza como consecuencia del alcance del incumplimiento postulado. No es aceptable la argumentación de remitir la cuantificación de los daños a la fase de ejecución de sentencia, pues ello implicaría la vulneración por la sentencia de lo dispuesto en el art. 219.3 LEC al generarse así la efectiva iliquidez de la decisión sobre la pretensión de condena pecuniar

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