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AP Toledo, Sec. 1.ª, 388/2001, de 5 de diciembre

SP/SENT/35015

Recurso 270/2001. Ponente: JULIO J. TASENDE CALVO.

Al no quedar probada la entrega voluntaria se considera como fecha de puesta de disposición la fecha del lanzamiento 
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Compensación de la fianza con las rentas impagadas 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- En el procedimiento de referencia, el día 24 DE ENERO DE 2.001 recayó sentencia CUYO Fallo es del tenor literal siguiente: "Estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Vaquero Montemayor, en nombre y representación de D. Enrique_____, debo condenar y condeno a la Entidad _____ S.A. a abonar al actor la suma de un millón ciento dieciséis mil (1.116.000.-) pesetas, más los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial, sin expresa condena a ninguna de las partes de las costas causadas en el procedimiento".
TERCERO.- Contra dicha resolución, el Procurador Sr. Vaquero Montemayor, en representación de D. ENRIQUE_____, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite, presentando la parte apelada escrito de oposición e impugnación a dicho recurso, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial a los oportunos efectos.
CUARTO.- Se señalo para la votación y fallo del presente recurso de apelación el día 27 de noviembre del actual a las 11''00 horas.
QUINTO.- En la tramitación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La normativa reguladora de la nulidad de las actuaciones judiciales, que se contiene en los arts. 238 y ss. de la L.O.P.J., y en los arts. 225 y ss. de la L.E.C. de 2.000, está inspirada en un criterio claramente restrictivo de la declaración de nulidad, a la par que conservador de dichos actos, que se manifiesta en diversos condicionamientos, y entre ellos los siguientes: a) permitir en lo posible la subsanación de los defectos cometidos, de manera que sólo pueda decretarse la nulidad cuando la falta sea insubsanable o no se subsanare por el procedimiento legal (arts. 11.3 y 240.2 L.O.P.J. y 231 L.E.C.); y b) ponderar la entidad del vicio observado, exigiendo que, en todo caso, la infracción procesal haya producido efectiva y no solo formal indefensión a las partes, de modo que, para que se acuerde la nulidad, no basta con constatar la existencia de cualquier incumplimiento o violación de las normas procedimentales, sino que además es preciso que con ello se haya colocado a las partes en una situación de real indefensión (arts. 238-3º L.O.P.J. y 225-3º L.E.C.).
En este sentido, una reiterada doctrina jurisprudencial, tras diferenciar entre indefensión formal e indefensión material, solo otorga relevancia constitucional, a los efectos del art. 24.1 C.E., a la segunda, entendida como entorpecimiento o limitación sustancial en la defensa de los derechos e intereses o abierta ruptura del equilibrio entre las partes, por lo cual la mera inaplicación o infracción de la
norma procesal, que se identificaría con el concepto jurídico-formal de indefensión, si bien suele ser condición necesaria, no es suficiente para entender vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial sin que se produzca indefensión, ya que ello exige que exista un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa, con el consiguiente perjuicio para los intereses del afectado (SS.TC. 17 junio 1987, 13 febrero 1989, 22 octubre 1990, 6 junio

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