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AP Pontevedra, Sec. 5.ª, 45/2002, de 28 de enero

SP/SENT/36150

Recurso 3030/2001. Ponente: JOSE FERRER GONZALEZ.

Reconocimiento de la condición de arrendadora y legitimación para el ejercicio de la acción de denegación de prórroga 
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No procede la denegación de la prórroga forzosa al tener el domicilio fuera de España en el momento de incación del proceso 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Se aceptan los de la sentencia apelada y,
PRIMERO.- En los autos a que este rollo se refiere, en fecha 18 de diciembre de 2000 se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia n° 3 de Vigo, cuyo Fallo textualmente dice:
" Que debo desestimar y desestimo, sin entrar en el fondo del asunto, la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Tamara Ucha Groba en nombre y representación de Dª Purificación_____, contra D. Celso_____ y que debo absolver y absuelvo en la instancia a dicho demandado. Se impone las costas a la parte demandante. ".
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se interpuso en tiempo y forma, por la Procuradora Dª Tamara Ucha Groba, en la representación que ostenta, recurso de apelación solicitando en base a las alegaciones que se recogen en el escrito a tal efecto presentado, que se revoque la sentencia de instancia. Admitido a trámite dicho recurso se confirió el correspondiente traslado a las demás partes personadas.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han cumplido las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La sentencia que se dictó en primera instancia, estimando la excepción de falta de legitimación de la actora al amparo de lo dispuesto en el artículo 533.2 de la LEC 1881, desestimó la demanda, en la que se pedía la resolución del contrato de arrendamiento por existir causa para denegar la prórroga forzosa, al entender no acreditada la legitimación por no haberse aportado con la demanda "el contrato de arrendamiento y la titularidad del inmueble". La demandante recurre en apelación alegando que la parte demandada había reconocido su condición de arrendadora por lo que no cabría negársele legitimación para el ejercicio de la acción resolutoria del contrato.
Una larga y pacífica doctrina ha venido entendiendo, al interpretar el artículo 533.2 LEC 1881, que "no puede impugnar la personalidad o legitimación de un litigante, quién dentro o fuera del pleito se la tenga reconocida". En este sentido la s. T.S. 946/1998 de 20 de octubre señalaba que "la excepción del artículo 533.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil constituye un requisito procesal subsanable en determinados momentos del desarrollo de un juicio, según tienen declarado el Tribunal Constitucional (SSTC números 174/1988 y 133/1991) y el Tribunal Supremo (STS de 27 de noviembre de 1985), pero, cuando se hubiera producido el reconocimiento, previo o durante el proceso, de la personalidad o legitimación del sujeto del pleito, no es imprescindible la reparación en virtud de los principios de la buena fe y de los act
os propios, de manera que, en aras de la tutela judicial efectiva, no puede imponerse como definitiva la regla dilatoria si concurren las situaciones referidas".Aplicada la anterior doctrina al presente caso, se aprecia que, dentro ya del proceso existen dos actos de la parte demandada en que suponen un reconocimiento de la condición de propietaria y arrendadora de la actora. Así, en el hecho

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