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AP Cádiz, Sec. 7.ª, 177/2002, de 30 de abril

SP/SENT/37663

Recurso 150/2002. Ponente: MARTA PEREZ RUBIO VILLALOBOS.

Obligación de devolución de fianza y no imputación de la misma al pago de una mensualidad 
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Obligación pago renta al no haberse abandonado la vivienda en la duración pactada y producirse la prórroga del contrato 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia impugnada.
SEGUNDO.- El indicado Juzgado de Primera Instancia, en el procedimiento anteriormente circunstanciado, dictó sentencia en la fecha antes citada, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
"Que desestimando la demanda formulada por la representación procesal de Don Antonio _____ contra DON Francisco _____, declaro no haber lugar a los pedimentos contenidos en aquélla, por no quedar acreditado el impago de las rentas, imponiendo expresamente al actor las costas causadas".
TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la parte demandante; admitido a trámite el recurso, y conferidos los preceptivos traslados, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial. Formado el rollo y designado ponente, quedó el recurso visto para la votación y fallo, y redacción y publicación de la sentencia.
CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El recurso que se interpone por la representación de Don Antonio _____, contra la sentencia de primera instancia, trae de nuevo a estudio la procedencia y validez de la acción entablada por aquél a causa del impago de la renta pactada. Señala la recurrente, en primer lugar, que se ha producido un error en la valoración de la prueba practicada, ya que, la juzgadora de instancia estima, sin justificación legal, que es aplicable la fianza abonada al inicio del contrato, al pago de la mensualidad correspondiente al mes de enero de 2.001.
En efecto, como bien señala la recurrente y recoge el art. 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el saldo de la fianza en metálico debe ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengando el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución. Por tanto, a la vista de lo expuesto, no cabe imputar la cantidad entregada como fianza al pago de una mensualidad de renta, sino que dicha cantidad debe ser devuelta al terminar el arriendo.
SEGUNDO. La segunda cuestión a dilucidar estriba en determinar cual es la duración del contrato suscrito entre las partes y si dicho plazo puede prorrogarse a pesar del convenio estipulado entre aquellas. A este respecto señala el art. 9 de la LAU que: "La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera inferior a cinco año
s, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo". Por tanto, a pesar de lo consignado en la cláusula tercer

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